Veteranos de Malvinas y abandono estatal: los testimonios que Milei ignora

Qué denuncian los veteranos de Malvinas sobre el abandono estatal durante el gobierno de Milei

Los veteranos, encabezados por referentes como Ernesto Escobedo, denuncian que la pensión honorífica quedó licuada por una inflación acumulada superior al 200% en 2024, que PAMI recortó cobertura de tratamientos psiquiátricos vinculados al estrés postraumático y que se demoran los reconocimientos de nuevas patologías. A esto se suma el vaciamiento del área específica dentro del Ministerio de Defensa y la ausencia de una política integral de reparación.

La pensión honorífica: un derecho conquistado que se licúa mes a mes

La Ley 23.848, sancionada en 1990 y ampliada en años posteriores, estableció una pensión vitalicia para los excombatientes equivalente a tres haberes mínimos jubilatorios. No fue una concesión graciosa: fue el resultado de años de lucha de las agrupaciones de veteranos, que durante toda la década del 80 tuvieron que pelear incluso para ser reconocidos como tales por el Estado que los mandó a la guerra.

Ese piso, sin embargo, se calcula sobre la jubilación mínima, que en la Argentina de Milei viene perdiendo carrera contra la inflación de manera sistemática. Con una inflación interanual de 117,8% a diciembre de 2024 según el INDEC, y con aumentos jubilatorios que corrieron por detrás durante buena parte del año, el poder adquisitivo real de la pensión honorífica se erosionó de manera brutal.

Escobedo lo planteó con crudeza en distintas entrevistas: "No pedimos privilegios, pedimos que se cumpla la ley que ya existe". El punto es central. No se trata de reclamar algo nuevo, sino de exigir que el Estado sostenga en términos reales lo que él mismo prometió como reparación histórica.

Salud mental y PAMI: el frente más urgente

El segundo eje del reclamo es la salud. Los veteranos de Malvinas arrastran patologías físicas y psicológicas específicas: hipoacusia, problemas respiratorios por congelamiento, trastornos de estrés postraumático (TEPT), depresión crónica. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata viene documentando desde hace años que la cifra de suicidios de excombatientes desde el fin de la guerra supera holgadamente los 500 casos, una cifra que en algunos relevamientos se acerca al número de caídos en combate.

En este contexto, el desfinanciamiento de PAMI bajo la gestión Milei es especialmente grave. Durante 2024 se recortaron coberturas de medicamentos, se restringieron autorizaciones para tratamientos de salud mental y se demoraron turnos con especialistas. Para una población que necesita seguimiento psiquiátrico sostenido, cada demora es una vida en riesgo.

Las denuncias no vienen solamente de organizaciones de veteranos. La Defensoría de la Tercera Edad y distintos gremios de trabajadores de PAMI también alertaron sobre el vaciamiento. La motosierra, cuando cae sobre los excombatientes, no distingue banderas.

El discurso patriótico vs. la política concreta

Hay una paradoja que Escobedo y otros referentes marcan una y otra vez: el gobierno que más envuelve su retórica en símbolos patrios es el que más ajusta sobre quienes efectivamente defendieron la soberanía nacional. Milei viajó a Malvinas en actos oficiales, se saca fotos con la bandera y habla de "grandeza argentina", pero en los papeles la política concreta va en el sentido opuesto.

Como analizamos en Malvinas bajo Milei: la política exterior que debilita la soberanía, el giro pro-británico de la Cancillería —con la reapertura de vuelos, la flexibilización del reclamo diplomático y el alineamiento automático con potencias occidentales— convive con el abandono material de los veteranos que combatieron en 1982.

Es la misma lógica que denunciamos en El territorio que Milei entrega mientras el delirio distrae: mucho ruido, muchas peleas culturales inventadas, y por debajo un vaciamiento sistemático de las herramientas estatales de soberanía y reparación.

Los números del abandono: pobreza y cobertura entre los veteranos

No existe un relevamiento oficial actualizado y público sobre la situación socioeconómica de los aproximadamente 23.000 veteranos de guerra vivos en Argentina. Ese vacío estadístico es, en sí mismo, parte del problema: lo que no se mide, no se atiende.

Los relevamientos parciales que hicieron organizaciones como el CECIM y federaciones provinciales de veteranos pintan un cuadro preocupante:

• Un porcentaje significativo de excombatientes vive de la pensión honorífica como único ingreso.
• Muchos no completaron estudios secundarios ni pudieron insertarse en empleos formales estables tras la guerra.
• El acceso a vivienda propia es dispar y las políticas específicas de crédito para veteranos fueron discontinuadas o subejecutadas en distintos gobiernos.
• La cobertura de salud mental especializada nunca alcanzó a la totalidad del universo de excombatientes.

Bajo la gestión Milei, con caída del salario real, aumento de la pobreza al 52,9% en el primer semestre de 2024 según el INDEC, y desfinanciamiento de programas sociales, los veteranos que dependen exclusivamente de la pensión y de PAMI están en primera línea del ajuste.

El rol del Estado: reparación o abandono

La discusión de fondo excede lo presupuestario. Es una discusión sobre qué se entiende por Estado y qué se entiende por soberanía. La corriente nacional-popular argentina, desde Perón hasta hoy, entendió siempre que la soberanía no se declama: se ejerce con políticas concretas que garanticen derechos.

Mandar jóvenes a la guerra fue una decisión del Estado —de un Estado dictatorial y criminal, hay que decirlo—. Repararlos, cuidarlos, garantizarles una vejez digna es una obligación que trasciende gobiernos. Como planteamos en El rol del Estado en la redistribución del ingreso en Argentina, sin Estado activo no hay derechos: hay favores, caridad o directamente nada.

El proyecto libertario, en cambio, propone un Estado mínimo que se desentienda de estas obligaciones. La pensión honorífica, en esa lógica, es un "privilegio" a recortar; PAMI es una "burocracia" a desguazar; el Ministerio de Defensa es una estructura a achicar. El resultado material lo pagan los veteranos.

Qué se puede hacer: agenda mínima de reparación

Las organizaciones de excombatientes vienen planteando una agenda que no es maximalista ni utópica. Se resume en pocos puntos:

• Actualización real de la pensión honorífica: que el haber recupere poder adquisitivo con una fórmula que no dependa exclusivamente de una jubilación mínima licuada.
• Restitución plena de prestaciones de PAMI: medicamentos, salud mental, prótesis y tratamientos específicos, sin demoras ni copagos encubiertos.
• Censo nacional de veteranos: relevamiento oficial y público de la situación socioeconómica, sanitaria y habitacional del universo de excombatientes.
• Fortalecimiento del área específica en Defensa: personal, presupuesto y capacidad de gestión para atender los reclamos.
• Reconocimiento de nuevas patologías: incorporación al listado oficial de enfermedades vinculadas al servicio en Malvinas.

Como también discutimos en Inversión pública en educación y salud: qué está en juego en Argentina, la disyuntiva argentina hoy no es técnica: es política. Se puede ajustar sobre los veteranos o se puede sostener la reparación. El gobierno actual eligió lo primero. Escobedo y sus compañeros eligieron seguir peleando.

La deuda con los veteranos de Malvinas no se salda con actos protocolares ni con banderas en Twitter. Se salda con presupuesto, con leyes cumplidas y con un Estado que asuma que los pibes que embarcaron en 1982 siguen siendo, cuatro décadas después, una responsabilidad colectiva.