El plan de deuda de Caputo: soberanía en venta al mejor postor

El anuncio que no es lo que parece

El ministro Luis Caputo presentó esta semana un esquema de gestión de deuda con eje en el mercado local de capitales, según informó Identidad Correntina. La presentación fue acompañada de la retórica habitual del oficialismo: orden, previsibilidad, confianza de los mercados. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico aséptico hay una decisión política de fondo que merece ser leída con claridad: el Estado argentino vuelve a organizar su economía en función de los acreedores, no de su pueblo.

No se trata de un detalle administrativo. Es la columna vertebral del modelo Milei-Caputo: subordinar cada instrumento de política económica —incluyendo la deuda pública— a la lógica del capital financiero. Y cuando eso ocurre, la soberanía no es un concepto abstracto que se pierde en debates académicos. Es el precio del pan, el cierre de una fábrica, el recorte de una jubilación.

Mercado local, pero ¿para quién?

El giro hacia el financiamiento en el mercado doméstico podría sonar, en abstracto, como una señal positiva. Menos dependencia del exterior, menos dólares comprometidos, menos presión sobre el tipo de cambio. Esa lectura superficial es exactamente la que el Gobierno quiere instalar.

Pero la pregunta que hay que hacerse es otra: ¿quiénes operan en el mercado local de capitales argentino? No son las cooperativas del norte, no son las pymes del cordón industrial bonaerense, no son los trabajadores que cobran en blanco. Son los grandes fondos de inversión, los bancos concentrados, los grupos financieros que ya capturaron renta durante el macrismo y que hoy vuelven a posicionarse con tasas reales positivas garantizadas por el Tesoro.

Dicho de otro modo: el Estado le paga intereses millonarios a quienes tienen excedentes para invertir, mientras recorta gasto en educación, salud e infraestructura. La deuda interna puede ser tan regresiva como la externa si quien la cobra es siempre el mismo sector concentrado de la economía.

La historia que Caputo prefiere no contar

Argentina tiene una memoria larga en materia de deuda. Desde la dictadura cívico-militar de 1976 —cuando Martínez de Hoz estatizó deuda privada y multiplicó el endeudamiento externo— hasta el megacanje de De la Rúa y el posterior default de 2001, pasando por el acuerdo con el FMI que Macri firmó en 2018 por 57.000 millones de dólares: cada ciclo de endeudamiento irresponsable dejó una factura social que pagaron los de abajo.

El kirchnerismo entendió esa lógica y actuó en consecuencia. El pago al FMI en 2006 con reservas propias fue un acto de soberanía concreta, no una consigna. La renegociación de la deuda en 2020 bajo Alberto Fernández —que logró quitas y extensión de plazos con acreedores privados— fue otro ejercicio de autonomía frente a los mercados. Kicillof, como ministro de Economía, sostuvo que la deuda debe subordinarse al desarrollo, no al revés. Esa es la diferencia filosófica que está en juego cada vez que se anuncia un "plan de deuda".

Caputo, en cambio, es el mismo operador financiero que negoció bonos para el macrismo, que administró el Fondo de Sustentabilidad del ANSES con criterios de rentabilidad financiera, y que hoy gestiona la economía del país como si fuera una cartera de activos. El problema es que Argentina no es una cartera. Es un país con 46 millones de personas.

Lo que el FMI tiene que ver con todo esto

El plan de deuda de Caputo no puede leerse en soledad. Está inscripto en el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional, que condiciona la política fiscal, monetaria y cambiaria argentina. El FMI exige superávit primario, contención del gasto público y acumulación de reservas. Cada peso que el Estado destina a pagar intereses es un peso que no va a obra pública, a ciencia y tecnología, a universidades nacionales.

La subordinación al FMI tiene consecuencias concretas sobre la soberanía regional. Mientras Argentina ajusta para cumplir metas con Washington, Brasil avanza en su agenda de integración productiva con China, México negocia en el marco del T-MEC con cierta autonomía, y los BRICS amplían su capacidad de financiamiento alternativo. El aislamiento de Argentina del bloque regional —el distanciamiento del Mercosur como espacio político, el enfriamiento con Venezuela y Bolivia, la reticencia a participar activamente en la CELAC— no es inocente. Es funcional a un modelo que prefiere la dependencia bilateral con los organismos de crédito del norte global antes que la integración con los vecinos del sur.

¿Qué significaría una deuda soberana de verdad?

Una política de deuda verdaderamente soberana no se mide por si los títulos se colocan en Buenos Aires o en Nueva York. Se mide por para qué sirve ese financiamiento. Si la deuda se usa para sostener el consumo popular, financiar la transición energética, fortalecer YPF, recapitalizar el Banco Nación para el crédito productivo o integrar cadenas de valor con Brasil y Bolivia, entonces tiene sentido económico y político. Si se usa para pagar vencimientos anteriores, sostener una tablita cambiaria y garantizar la renta de los fondos de inversión, es una rueda que gira para quedarse en el mismo lugar —o retroceder.

La integración regional es también una alternativa concreta al endeudamiento con el FMI. El Banco del Sur, propuesta impulsada en los años del ALBA y el primer ciclo kirchnerista, sigue siendo una idea vigente. Los acuerdos de swap con Brasil o China permiten reducir la dependencia del dólar. El ingreso a los BRICS —proceso que el gobierno de Milei frenó— hubiera abierto líneas de financiamiento con condicionalidades mucho menos invasivas que las del Fondo.

Nada de eso aparece en el plan de Caputo. Porque no se puede: el modelo Milei es, en su esencia, la renuncia a pensar la economía argentina como parte de un proyecto regional soberano.

El costo que pagamos todos

Cada punto porcentual de tasa que el Tesoro paga en el mercado local es deuda futura. Cada licitación exitosa que el Gobierno celebra como señal de "confianza" es un compromiso que vence en meses o años y que deberá ser refinanciado —o pagado con más ajuste. La historia argentina prueba que estos ciclos no se cierran solos. Se cierran con crisis, con devaluaciones, con pérdida de reservas, con corridas.

Lo que Caputo presenta como gestión técnica prolija es, en realidad, la postergación de una decisión política que el Gobierno no quiere tomar: discutir el perfil de deuda con criterio soberano, renegociar condiciones con el FMI desde una posición de mayor autonomía, y reorientar el gasto público hacia la inversión que el país necesita.

Mientras eso no ocurra, el plan de deuda seguirá siendo lo que es: una hoja de ruta para garantizar la renta financiera, no el desarrollo nacional.