Soberanía económica y rol del Estado en la pospandemia argentina

Qué mostró la pandemia sobre el Estado

La irrupción del Covid-19 en 2020 funcionó como un test de estrés global: qué países tenían Estado y cuáles habían sido vaciados por décadas de desregulación. Argentina llegó a la pandemia con un sistema sanitario público golpeado pero existente, y con una capacidad estatal que, aún debilitada por el ciclo 2015-2019, permitió montar en semanas dispositivos de asistencia masiva.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanzó a alrededor de 9 millones de personas, según datos de ANSES. El Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) sostuvo salarios en más de 300.000 empresas. Sin esas transferencias, la caída del PBI del 9,9% en 2020 informada por el INDEC hubiera sido catastrófica en términos sociales.

La lección es incómoda para el sentido común neoliberal: cuando el mercado se paraliza, solo el Estado puede sostener la reproducción social. No hay teoría de la mano invisible que resista una cuarentena.

La herencia envenenada: deuda y restricción externa

Cualquier discusión sobre soberanía económica en Argentina choca con un dato duro: los USD 44.500 millones que el FMI desembolsó en 2018, en el préstamo más grande de la historia del organismo. Ese endeudamiento, tomado sin pasar por el Congreso, condicionó cada decisión de política económica desde entonces.

Como explicaron Kicillof y Basualdo en distintos trabajos sobre el ciclo de endeudamiento argentino, la deuda externa no es solo una cuestión contable: es un mecanismo de disciplinamiento. Determina qué políticas se pueden hacer y cuáles no, qué sectores se privilegian y cuáles se ajustan. Discutir soberanía sin discutir deuda es hacer literatura.

La recuperación pospandemia se dio en ese corset. El rebote del 10,4% en 2021 (INDEC) se explicó por la reactivación del consumo interno y las exportaciones, pero cada dólar que ingresaba tenía destino fijado por los vencimientos con el Fondo. Para profundizar este punto vale leer El rol del Estado en la redistribución del ingreso en Argentina.

Soberanía no es autarquía: es capacidad de decidir

Hay una confusión intencional en el debate público: quienes defendemos un rol activo del Estado somos acusados de querer cerrar la economía. Es una caricatura. Soberanía económica no significa aislarse del mundo, significa tener capacidad de decidir en qué términos se participa de él.

Algunos ejes concretos de esa capacidad:

• Administración del comercio exterior: quién exporta qué, a qué precio y con qué obligación de liquidar divisas.
• Control cambiario: evitar que la fuga de capitales drene las reservas cada vez que hay una corrida.
• Política industrial: decidir qué sectores desarrollar, con qué instrumentos (crédito, compras públicas, aranceles).
• Regulación de servicios públicos: que las tarifas no queden atadas a la rentabilidad de operadores extranjeros.
• Recursos estratégicos: energía, litio, alimentos, conocimiento. Qué se privatiza y qué queda en manos públicas.

La experiencia latinoamericana reciente muestra que los países que combinaron apertura selectiva con Estado fuerte (pensemos en el Brasil de Lula o el ciclo boliviano) crecieron con menos volatilidad que los que se entregaron al recetario ortodoxo.

El nudo cambiario y la fuga

Uno de los mecanismos históricos por los que Argentina pierde soberanía es la formación de activos externos, el nombre técnico de lo que solemos llamar fuga de capitales. Entre 2016 y 2019, según trabajos del CEPA y del propio BCRA, la fuga superó los USD 86.000 millones, una cifra casi idéntica al préstamo del FMI.

Este dato no es una curiosidad estadística: es la ecuación política central. El Estado se endeuda en dólares para que sectores concentrados de la economía puedan comprar esos mismos dólares y sacarlos del sistema financiero local. El pueblo argentino paga la deuda; una minoría se lleva los billetes.

La recuperación pospandemia requiere romper esa lógica. Regulación cambiaria, impuesto a la renta financiera, trazabilidad de las operaciones de comercio exterior. No son medidas revolucionarias: son estándar en países que se toman en serio su desarrollo. El debate sobre derechos laborales en tiempos de crisis económica también se juega en esta cancha.

Producción, trabajo y mercado interno

La tradición nacional-popular argentina, de Perón a esta parte, tiene una intuición central que la macroeconomía moderna redescubrió: el mercado interno importa. Un país donde la mayoría consume es un país que produce. Un país que ajusta salarios es un país que se contrae.

En 2021 y 2022, mientras el debate público estaba dominado por la inflación, la industria argentina recuperaba niveles de actividad pre-pandemia y las exportaciones superaban los USD 88.000 millones (INDEC). No fue magia: fue política de sostenimiento del consumo, paritarias vivas y crédito productivo, aún con todas las limitaciones del contexto.

El problema es que ese proceso convivió con una inflación que licuó salarios reales. Ahí está el desafío no resuelto: cómo sostener demanda y estabilizar precios sin recurrir al ajuste recesivo que hoy propone el gobierno libertario. La respuesta ortodoxa —enfriar la economía a golpes de motosierra— ya la conocemos: la vivió el país en 2016-2019 y produjo lo que produce siempre, más pobreza y más deuda. Lo desarrollamos en Efectos del ajuste en la educación pública durante el gobierno de Macri.

Soberanía alimentaria, energética y del conocimiento

Hablar de soberanía en abstracto es hacer política de café. Hay tres dimensiones concretas donde se juega la disputa hoy.

Alimentaria: Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y tiene millones de compatriotas con hambre. El precio de los alimentos internos está atado al precio internacional de los commodities. Sin política de desacople —retenciones, precios cuidados, fomento de la producción para consumo interno— no hay soberanía posible. Ver Soberanía alimentaria en Argentina: por qué es clave para el futuro.

Energética: Vaca Muerta, el litio, la red eléctrica. Recursos que definen el siglo XXI. La discusión no es si explotarlos, sino con qué reglas, qué renta queda en el país y qué industria se desarrolla aguas abajo.

Del conocimiento: universidades públicas, CONICET, INVAP, ARSAT. La pandemia mostró que el sistema científico argentino puede desarrollar vacunas, tests y respiradores. Desfinanciarlo, como se está haciendo hoy, es entregar soberanía futura.

Qué hacer y qué no

La recuperación post-pandemia se truncó. El acuerdo con el FMI de 2022, la sequía histórica de 2023 y el giro político de fines de ese año pusieron al país en otra dirección. Pero el diagnóstico sigue vigente: sin Estado no hay soberanía, y sin soberanía no hay desarrollo.

Los ejes de una recuperación con soberanía son conocidos: renegociación firme con el FMI, administración del comercio exterior, inversión pública en infraestructura y ciencia, política de ingresos que sostenga el mercado interno, y regulación de sectores estratégicos. Ninguno es revolucionario. Todos requieren decisión política.

La alternativa que hoy se implementa —desregulación total, apertura, ajuste fiscal a cualquier costo, entrega de recursos naturales— ya fracasó en Argentina. La conocemos con nombres distintos desde 1976. Discutir soberanía económica hoy es, antes que nada, discutir si vamos a repetir el mismo experimento esperando resultados diferentes.