El territorio que Milei entrega mientras el delirio distrae

El caos como método, el territorio como víctima

Diego Genoud, en una columna publicada por NotiAR, retoma una pregunta que muchos analistas se hacen desde hace meses: ¿hasta dónde puede sostenerse el delirio consentido que rodea al gobierno de Javier Milei antes de que algo incontrolable lo desborde? La pregunta es pertinente y el análisis político, válido. Pero hay una dimensión que el debate mediático suele dejar fuera del encuadre: mientras el show ocupa la pantalla, el territorio argentino se entrega en condiciones que no tienen precedente reciente.

No es metáfora. Es política concreta. Cada semana que la agenda pública gira alrededor de las últimas declaraciones presidenciales, del último cruce en redes sociales o del próximo escándalo de palacio, el Estado argentino retrocede posiciones en los lugares donde más importa: la regulación ambiental, la defensa de los bienes comunes, la soberanía sobre los recursos estratégicos. El caos discursivo y la desregulación territorial no son fenómenos paralelos: son las dos caras de una misma estrategia.

Humedales sin ley, litio sin soberanía

La Argentina lleva más de una década sin una ley de humedales aprobada. Los sucesivos proyectos naufragaron, en buena medida, por la presión del agronegocio y de sectores inmobiliarios que ven en esos ecosistemas un obstáculo antes que un patrimonio. Con el gobierno de La Libertad Avanza, la perspectiva no mejoró: el desmantelamiento de organismos de control ambiental, la reducción de partidas para la Secretaría de Ambiente y la lógica desregulatoria del DNU 70/2023 configuran un escenario donde los humedales quedan más expuestos que nunca.

El litio es otro capítulo. Argentina integra el llamado Triángulo del Litio junto a Bolivia y Chile, con reservas que ubican al país entre los primeros del mundo en ese mineral crítico para la transición energética global. Pero la forma en que se está gestionando ese recurso dista de cualquier noción de soberanía: contratos que favorecen la extracción con mínima participación estatal, comunidades originarias de la Puna que ven afectados sus territorios y sus fuentes de agua sin procesos de consulta previa libre e informada, y regalías que no alcanzan para compensar el daño ecosistémico. La transición energética que el mundo necesita no puede construirse sobre la depredación de las comunidades que habitan esos territorios.

El Estado ausente como promesa electoral y como daño real

Milei llegó al gobierno prometiendo la destrucción del Estado como acto de liberación. Lo que no dijo —o lo que sus votantes no quisieron escuchar— es que el Estado ausente no produce libertad: produce vacío, y ese vacío lo ocupan siempre los actores con más poder económico. En términos ambientales y territoriales, eso significa empresas extractivas sin contrapeso, terratenientes sin control, desarrolladores inmobiliarios sin restricciones.

El presupuesto 2024 ejecutado mostró caídas drásticas en las partidas destinadas a política ambiental. Según datos del propio Ministerio de Economía, el gasto en funciones vinculadas a ecología y medio ambiente sufrió recortes reales superiores al 30% en términos interanuales, en un contexto donde el ajuste general promedio rondó el 28%. Es decir: el ambiente recibió un ajuste más profundo que el promedio. No es casualidad. Es prioridad.

Comunidades que resisten sin aliado estatal

Lo que Genoud describe como "lo incontrolable" tiene, en la dimensión territorial, un nombre concreto: son las comunidades que resisten. Las y los vecinos de los humedales del Paraná que vieron arder miles de hectáreas mientras el gobierno nacional miraba para otro lado. Los pueblos originarios de Jujuy y Salta que enfrentan a empresas mineras sin que el Estado nacional los acompañe. Las asambleas ciudadanas que se organizan contra el avance del agronegocio en zonas de amortiguación de áreas protegidas.

Estas resistencias existen y son legítimas. Pero operan en un contexto donde el Estado, que debería ser el árbitro y el garante del interés general, abandonó ese rol. La ausencia no es neutral: beneficia siempre al que tiene más recursos para imponer su voluntad. Y en la Argentina de 2025, quien tiene más recursos para hacerlo son las corporaciones transnacionales del agro, la minería y la energía.

La integración latinoamericana, que fue uno de los ejes del ciclo popular anterior, también importa aquí: Bolivia nacionalizó el litio, México recuperó el control sobre el agua, y Ecuador debatió en referéndum el petróleo en el Yasuní. Argentina, en cambio, avanza en sentido contrario, cediendo posiciones en la negociación con el FMI y abriendo la canilla extractiva sin condiciones.

El delirio no es inocente: tiene coordenadas geográficas

Volvamos a Genoud. Su columna plantea que el delirio del gobierno tiene un componente consentido: gran parte de la sociedad, y también de la dirigencia política y mediática, participa de ese juego. Lo tolera, lo alimenta, lo reproduce. Eso es cierto. Pero hay que agregar una dimensión que el análisis político tradicional suele omitir: el delirio tiene coordenadas geográficas.

No es lo mismo vivir el caos de Milei en Palermo que vivirlo en la orilla del Pilcomayo. No es lo mismo ver el show desde un departamento porteño que desde una comunidad wichí cuya fuente de agua está siendo afectada por el avance agrícola. El delirio que describe Genoud tiene víctimas abstractas en el debate mediático, pero víctimas muy concretas en el mapa. Y esas víctimas son, en su mayoría, las que menos voz tienen en los medios que marcan la agenda.

El futuro se construye desde el Estado o no se construye

La salida no es la nostalgia ni la repetición automática. Es la reconstrucción de capacidades estatales con una mirada que integre lo ambiental como eje estructural, no como adorno. Eso implica una ley de humedales con dientes, un modelo de gestión del litio con participación estatal y comunitaria, una política de ordenamiento territorial que ponga límites reales al avance del agronegocio, y un sistema de consulta previa que no sea letra muerta.

Implica también reconocer que la crisis climática no es un problema del futuro: es el presente de millones de argentinas y argentinos que ya perdieron cosechas, viviendas, fuentes de agua y territorios. Ante eso, el delirio discursivo no es solo irresponsable: es una forma de crueldad política.

El Estado no es el problema. Es la única herramienta colectiva que tenemos para enfrentar a actores que, de otro modo, no tienen contrapeso. Construirlo, defenderlo y mejorarlo no es conservadurismo: es la única apuesta racional frente a un modelo que entrega el territorio como si fuera una liquidación de fin de temporada.