Costos laborales no explican la crisis; la culpa es del ajuste y desregulación

Una tarde de otoño en la Av. Cabildo, una jubilada de 73 años, Ana Martínez, espera en la fila del comedor popular mientras su nieto le cuenta que el nuevo informe que circula en los medios cuestiona los costos laborales como causa del desempleo. Ana, que lleva más de 40 años trabajando en una fábrica textil, sabe que el verdadero problema no son los salarios, sino la política de ajuste que el país ha impuesto desde hace una década.

El mito del costo laboral como culpable

Los analistas de la prensa liberal repiten que “el exceso de cargas sociales ahoga a las empresas”. Sin embargo, según datos del INDEC, la carga tributaria total sobre la nómina ronda el 30 % del salario bruto, pero la productividad del trabajo argentino ha caído un 12 % desde 2015, mientras que la inversión pública en infraestructura y educación se ha reducido en un 18 % (ver INDEC – Cuentas Nacionales 2025). La caída de la productividad es la que realmente eleva los costos unitarios, no la carga impositiva per se.

Además, el Banco Central reporta que la inflación acumulada de los últimos 12 meses supera el 250 %, lo que convierte cualquier aumento salarial en una mera carrera de ratas sin generar poder de compra real. En este contexto, la queja de “costos demasiado altos” pierde sentido: lo que se necesita es estabilidad macroeconómica, no recortes que hunden la demanda interna.

El ajuste que ahoga al trabajo formal

El ajuste estructural impuesto por organismos internacionales y sus gobiernos locales ha significado recortes en salarios reales, congelación de pensiones y eliminación de subsidios. Desde 2018, el gasto público en programas de empleo ha disminuido un 27 % (ver Ministerio de Trabajo – Estadísticas de Empleo 2026), mientras que la tasa de desempleo se mantiene en torno al 7,5 % según el último informe del INDEC.

Esta política de austeridad no solo destruye puestos formales, sino que alimenta la precariedad: los trabajadores pasan a la informalidad para sobrevivir. La lógica del ajuste es clara: “menos gasto, más competitividad”. Pero la competitividad real se construye con inversión en capital humano y tecnología, no con la destrucción de los derechos laborales.

Informalidad, consecuencia de la desregulación

La informalidad en Argentina alcanzó el 34 % del empleo activo en el último trimestre, según el Ministerio de Trabajo. Este fenómeno se explica por la falta de incentivos a la formalización y por la carga burocrática que sigue siendo elevada para las pymes. La desregulación del mercado laboral, presentada como una medida de “flexibilidad”, ha generado contratos temporales, subcontrataciones abusivas y, en muchos casos, la ausencia total de cobertura previsional.

Ana Martínez recuerda cómo, a mediados de los 2000, su empresa ofrecía planes de capacitación y estabilidad. Hoy, la misma fábrica cierra turnos y externaliza la producción a talleres informales en el conurbano, donde los salarios son menores y la seguridad laboral inexistente. La historia de Ana no es anecdótica; es el espejo de millones de argentinos que ven cómo la dignidad laboral se erosiona bajo la excusa del “costo del trabajo”.

El Estado como motor de solución

Frente a esta realidad, la respuesta no está en bajar salarios, sino en que el Estado asuma un rol activo de coordinación y redistribución. Kicillof, en su último informe del Ministerio de Economía, propone reactivar la inversión pública en obras de infraestructura productiva, fortalecer el sistema de capacitación técnica y ampliar los subsidios al empleo formal. Estas medidas, respaldadas por estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, demuestran que cada peso invertido en empleo genera al menos dos de retorno en actividad económica.

Además, es imprescindible restablecer un sistema de seguridad social universal que garantice pensiones dignas y cobertura sanitaria, evitando que los trabajadores tengan que “venderse” en la informalidad para acceder a la salud. La memoria histórica nos recuerda que la política de Estado peronista, con su justicia social y pleno empleo, logró reducir la desigualdad a niveles nunca vistos en la región.

Conclusión: del discurso a la acción

El debate sobre los costos laborales es una distracción útil para quienes quieren perpetuar el ajuste. La realidad está en la falta de una política estatal que priorice la soberanía económica, la redistribución del ingreso y la protección del mercado interno. Como docentes, jubilados y trabajadores, debemos exigir al gobierno que vuelva a colocar al Estado como garante del trabajo digno y la justicia social. Sólo así la informalidad será una excepción y no la regla que hoy convive con la crisis.

Este artículo se basa en testimonios de campo y datos oficiales publicados entre 2024 y 2026.

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