El rechazo a Milei es también un mandato territorial

Un número que incomoda al modelo

Seis de cada diez argentinos afirman que jamás votarían a Javier Milei. Así lo revela una encuesta reciente citada por El Ágora Digital, que complica seriamente cualquier aritmética de segunda vuelta para La Libertad Avanza. El dato circula en los medios como un problema de imagen, de comunicación, de gestión del humor social. Pero hay una lectura que los analistas electorales suelen esquivar: ese rechazo masivo tiene raíces que van mucho más profundo que la grieta partidaria. Tiene raíces, literalmente, en la tierra.

Cuando una mayoría social dice "a este no lo voto nunca", no solo está evaluando el precio del pan o el dólar blue. Está procesando, con la intuición colectiva que suele adelantarse a los discursos, que hay algo en este proyecto político que amenaza lo más básico: el territorio donde se vive, el agua que se toma, el monte que regula el clima, el humedal que frena las inundaciones.

Lo que el ajuste le hace al territorio

El gobierno de Milei llegó con una promesa de desregulación total. En términos ambientales y territoriales, esa promesa se tradujo en hechos concretos y documentables. El desmantelamiento de organismos de control ambiental, la parálisis de la Ley de Humedales —que lleva más de una década esperando sanción y que el oficialismo no tiene ningún apuro en impulsar—, la apertura irrestricta a la minería de litio bajo esquemas que priorizan la renta transnacional por sobre las comunidades originarias del norte argentino, y la profundización del modelo agroexportador sin restricciones fitosanitarias serias.

No son metáforas. Son políticas públicas —o más bien, la deliberada ausencia de ellas— que tienen consecuencias sobre cuerpos, sobre ríos, sobre suelos. Cuando el Estado se retira del territorio, no queda el mercado: queda el extractivismo sin freno.

La Argentina tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales. Son ecosistemas que regulan inundaciones, purifican agua, sostienen biodiversidad y generan trabajo genuino para miles de familias ribereñas. Cada año que pasa sin una ley de humedales que los proteja es un año en que el negocio inmobiliario, el agronegocio y la especulación financiera avanzan sobre esos territorios con total impunidad legal.

El litio y la soberanía que se negocia en silencio

En el norte argentino, en la Puna salteña, jujeña y catamarqueña, las comunidades kollas y atacameñas llevan años resistiendo un modelo de extracción de litio que se presenta como "transición energética" pero que reproduce la lógica colonial de siempre: los recursos naturales se van, la contaminación se queda, las comunidades no deciden.

El gobierno nacional aceleró la apertura del sector sin que exista un marco regulatorio que garantice consulta previa, libre e informada —derecho reconocido por el Convenio 169 de la OIT, que Argentina ratificó. La promesa de que el litio financiará la libertad económica del país suena hueca cuando las salinas que lo contienen son también las fuentes de agua de poblaciones enteras que no tienen otra.

Este es el territorio donde ese 60% que rechaza a Milei tiene un nombre y una historia. No son una estadística de encuestadora: son las abuelas de Susques, los jóvenes de Tilcara, los pescadores del Paraná, los productores familiares del norte santafesino que vieron arder sus campos en los incendios del Delta.

El agronegocio sin límites y el campo que se envenena

La desregulación libertaria también alcanzó al uso de agrotóxicos. Sin un Estado que controle, que investigue, que financie alternativas agroecológicas, el modelo de soja transgénica con glifosato sigue siendo la única opción viable para miles de productores chicos que no tienen acceso a tecnología ni a crédito público. El achicamiento del INTA, la reducción presupuestaria en ciencia y técnica agropecuaria, y la eliminación de programas de extensión rural son decisiones que se pagan con salud y con suelo.

Los datos del Ministerio de Salud de años anteriores —cuando todavía se medía— mostraban tasas de cáncer, malformaciones y enfermedades respiratorias significativamente más altas en zonas de fumigación intensiva. Hoy esa información es más difícil de rastrear, no porque el problema haya desaparecido, sino porque el Estado dejó de mirar.

Por qué ese 60% importa más allá de las elecciones

Volver al número: seis de cada diez argentinos no votarían a este presidente. Eso no es un problema de marketing. Es la sedimentación de una experiencia vivida. Es el vecino de Rosario que tuvo que evacuar por las inundaciones. Es la docente de Chaco que enseña en una escuela sin agua potable. Es el trabajador de Vaca Muerta que sabe que la renta del petróleo no llega a su barrio. Es la productora de Santiago del Estero que vio cómo el desmonte avanzó sobre sus animales.

El kirchnerismo, con todas sus contradicciones —y las tuvo, especialmente en materia de megaminería y soja—, al menos construyó institucionalidad ambiental, financió ciencia, sostuvo organismos de control y puso en debate la soberanía sobre los recursos naturales. Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires defiende hoy la Ley de Humedales con una coherencia que contrasta con el silencio cómplice del gobierno nacional.

El rechazo mayoritario a Milei es también, aunque no siempre se nombre así, un rechazo al país que propone: un territorio abierto al capital financiero global, sin Estado que medie, sin comunidades que decidan, sin naturaleza que importe más que como commodity.

El futuro se construye desde el territorio

Eduqueros sostiene que el futuro se construye desde el Estado. Pero el Estado, para ser legítimo, tiene que estar presente en el territorio: en la Puna, en el Delta, en el monte chaqueño, en las costas del Paraná. Un Estado que abandona esos espacios a la lógica del mercado no es un Estado soberano: es un administrador de la entrega.

Ese 60% que rechaza este modelo tiene razón, aunque no siempre pueda articularlo en esos términos. La tarea política y pedagógica —la tarea de un medio como el nuestro— es ayudar a que ese hartazgo difuso se convierta en programa: ley de humedales ya, consulta previa a comunidades originarias, control estatal de la extracción de litio, agroecología con financiamiento público, y organismos de ciencia ambiental con presupuesto real.

La elección se gana o se pierde en las urnas. Pero el país se gana o se pierde en el territorio. Y ahí, hoy, estamos perdiendo.

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