Soberanía Económica
Nostalgia de soberanía estatal versus la entrega Milei: datos de un desguace
Datos clave
- Ley Bases habilita privatización de 8 empresas públicas (Boletín Oficial, julio 2024)
- RIGI garantiza estabilidad fiscal por 30 años a inversiones mayores a USD 200 millones
- Estatización de YPF en 2012 recuperó el 51% del paquete accionario (Ley 26.741)
- Reservas del BCRA cayeron a mínimos históricos negativos en diciembre 2023 (BCRA)
- Aerolíneas Argentinas transportó 14 millones de pasajeros en 2023 antes del ajuste
Qué empresas y recursos estratégicos está entregando el gobierno de Milei en 2024
La Ley Bases sancionada en junio de 2024 habilitó la privatización total o parcial de al menos ocho empresas públicas, incluidas Energía Argentina (ENARSA), Intercargo, AySA y Belgrano Cargas, y creó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por 30 años a inversiones extranjeras superiores a 200 millones de dólares, sin obligación de transferir tecnología ni integrar proveedores locales.
El decreto reglamentario y las adhesiones provinciales completaron un esquema donde el Estado nacional resigna capacidad regulatoria sobre litio, cobre, hidrocarburos y agroindustria. La discusión no es ideológica: es contable. Alguien va a quedarse con la renta de recursos que hasta hace poco se pensaban como palanca de desarrollo.
Lo que decía Néstor en 2003 versus lo que dice Milei en 2024
En su discurso de asunción del 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner planteó que "el Estado tiene un rol principal e indelegable" y que Argentina no podía volver a ser "una fábrica de pobres". Bajo esa lógica se renegoció la deuda con quita del 65%, se pagó al FMI en 2006 y se estatizaron las AFJP en 2008, recuperando cerca de USD 30.000 millones para el sistema previsional público.
Cristina Fernández profundizó la línea con la recuperación del 51% de YPF en 2012 —a través de la Ley 26.741 impulsada por Axel Kicillof como viceministro de Economía— y con Aerolíneas Argentinas, que pasó de ser una cáscara vaciada por Marsans a transportar 14 millones de pasajeros en 2023, según datos de la propia empresa.
Milei, en cambio, definió al Estado como "una organización criminal" en Davos y prometió eliminar ministerios, achicar el gasto y "dejar que el mercado asigne". La diferencia no es de matices: es de proyecto de país. Como analizamos en El plan de deuda de Caputo: soberanía en venta al mejor postor, el rumbo actual replica la matriz de los 90 con endeudamiento externo y apertura sin red.
El RIGI: 30 años de estabilidad para el capital, cero para los trabajadores
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones es la pieza más grave del entramado. Otorga a proyectos mayores a USD 200 millones —y hasta USD 900 millones en proyectos de largo plazo— beneficios que ningún gobierno democrático había concedido en estos términos:
- Alícuota reducida de Impuesto a las Ganancias del 25% (frente al 35% general).
- Amortización acelerada de inversiones.
- Libre disponibilidad de divisas después del tercer año.
- Exención de derechos de exportación tras el tercer año.
- Estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por 30 años.
- Prohibición al Estado de imponer restricciones a la comercialización.
En criollo: si dentro de veinte años un gobierno quiere subir retenciones al litio o al petróleo, tiene que indemnizar. Se ata de manos a tres generaciones futuras. El texto completo está publicado en InfoLEG y merece leerse artículo por artículo.
Aerolíneas, YPF y AySA: qué se pone en juego concretamente
Aerolíneas Argentinas fue declarada "sujeta a privatización" pese a que en el debate parlamentario finalmente quedó excluida del listado de la Ley Bases. El gobierno insiste con vaciarla vía reducción de rutas, despidos y desinversión. Vale recordar que la empresa conecta 37 destinos domésticos, muchos de ellos rutas que ninguna low cost cubre por no ser rentables. Sin Aerolíneas, Río Gallegos, Ushuaia o Jujuy quedan aisladas de facto.
YPF, la joya recuperada en 2012, hoy enfrenta la venta de activos no estratégicos y una presión judicial por el fallo Preska en Nueva York que reclama USD 16.000 millones. El gobierno de Milei, en lugar de defender la posición argentina, envió señales de acuerdo. Como planteamos en Sin industria no hay pueblo: lo que Milei llama modelo es desguace, la lógica es siempre la misma: pagar con soberanía lo que no se quiere pagar con impuestos progresivos.
AySA, la empresa que provee agua potable a 14 millones de personas en el AMBA, fue incluida en el listado privatizable. La experiencia de Aguas Argentinas en los 90 —con Suez y Vivendi— terminó en 2006 con juicios millonarios contra el Estado por incumplimiento de inversión. La historia ya la vivimos.
Reservas, deuda y el chantaje del FMI
Cuando asumió Milei en diciembre de 2023, las reservas netas del Banco Central estaban en terreno negativo, según los balances del propio BCRA. La devaluación del 118% del 13 de diciembre, el ajuste tarifario y la licuación de salarios reales fueron el precio para acumular dólares y cumplir con el FMI.
El acuerdo con el Fondo condiciona la política monetaria, cambiaria y fiscal. No hay soberanía posible cuando cada trimestre viene un staff report a decir qué se recorta. Néstor lo había entendido en 2006 cuando pagó los USD 9.800 millones anticipadamente. Milei fue en sentido contrario: pidió más plata, más rápido, con más condicionamientos.
El dato adicional es distributivo. Mientras el gobierno recorta jubilaciones, universidades y obra pública, el RIGI le regala a las mineras beneficios que suman miles de millones de dólares en renuncia fiscal. Es la definición manualística de ajuste regresivo: los que menos tienen pagan la fiesta de los que más tienen.
Malvinas, Antártida y política exterior: la soberanía también se juega en el mapa
La soberanía económica no vive sola. Se sostiene con política exterior, con Fuerzas Armadas orientadas a la defensa nacional y con una diplomacia que defienda los intereses del país. En Malvinas bajo Milei: la política exterior que debilita la soberanía mostramos cómo el reconocimiento implícito de la administración británica y el acuerdo Foradori-Duncan reloaded desandan décadas de reclamo argentino.
Lo mismo pasa con la Hidrovía, con el litio del NOA, con la Antártida. Cada acuerdo firmado en 2024 tiene una cláusula que ata a la Argentina a arbitrajes internacionales del CIADI, un tribunal que históricamente falla a favor de las corporaciones. La renuncia a la jurisdicción nacional es, técnicamente, entrega de soberanía.
El abandono a los veteranos de Malvinas completa el cuadro simbólico: un gobierno que se dice patriota mientras recorta pensiones honoríficas y desfinancia la Secretaría de Malvinas.
Qué se puede hacer: memoria, organización y agenda parlamentaria
Revertir el RIGI y las privatizaciones exige mayorías parlamentarias que hoy no están. Pero la historia argentina muestra que las etapas de entrega son seguidas por etapas de recuperación cuando hay organización popular y proyecto político. La estatización de YPF en 2012 fue posible porque veinte años antes hubo quienes denunciaron la privatización menemista.
Hoy la tarea es doble: documentar cada entrega —cada decreto, cada activo, cada beneficio fiscal— y construir una alternativa que no sea nostalgia sino proyecto. La inversión pública en educación y salud es parte de esa alternativa, tanto como la reindustrialización, la soberanía energética y la defensa del ahorro nacional.
La nostalgia por lo que fuimos sirve si se convierte en programa de lo que podemos volver a ser. Los datos están. Las herramientas también. Falta la política.
Relacionado: Soberanía económica y su impacto en las pymes: la batalla del entramado productivo argentino — otra mirada sobre el mismo tema.
Fuentes citadas
- InfoLEG - Ley Bases 27.742 — Texto oficial de la Ley Bases sancionada en junio de 2024, incluye RIGI y listado de privatizaciones.
- Banco Central de la República Argentina — Estadísticas monetarias, balance del BCRA y evolución de reservas internacionales.
- INDEC — Datos oficiales de inflación, actividad económica y comercio exterior utilizados para contextualizar el ajuste 2023-2024.
- Página/12 - cobertura Ley Bases y RIGI — Análisis periodísticos sobre el proceso legislativo y las privatizaciones habilitadas.
- Centro de Economía Política Argentina (CEPA) — Informes técnicos sobre impacto fiscal y distributivo del RIGI y del ajuste.
