Historia de la justicia social en Argentina: hitos de una lucha inconclusa

Antes del 45: las luchas obreras y el Estado ausente

Hablar de justicia social en la Argentina obliga a retroceder mucho antes del peronismo. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el país se insertaba en el mercado mundial como proveedor de materias primas, con una elite terrateniente que concentraba la riqueza y un movimiento obrero incipiente, mayoritariamente inmigrante, que traía consigo las tradiciones del anarquismo, el socialismo y el sindicalismo revolucionario.

La Semana Trágica de enero de 1919, con obreros metalúrgicos reprimidos a balazos en los talleres Vasena, y las masacres de la Patagonia Rebelde entre 1920 y 1922, documentadas por historiadores como Osvaldo Bayer, marcaron a fuego lo que ocurría cuando los trabajadores reclamaban condiciones dignas: represión estatal al servicio del capital. En ese período, la ley de residencia (1902) y la ley de defensa social (1910) habilitaban la expulsión de militantes extranjeros sin juicio previo.

Hubo, sí, avances puntuales bajo el yrigoyenismo: la ley Sáenz Peña de sufragio secreto y obligatorio para varones (1912), la reforma universitaria de 1918 —punto de partida de cualquier discusión sobre educación en derechos humanos— y algunas normas laborales aisladas. Pero la idea de que el Estado debía garantizar derechos sociales de manera sistemática todavía no formaba parte del sentido común argentino.

1945-1955: la irrupción del Estado social

El 17 de octubre de 1945 es la fecha fundacional del Estado social argentino. Ese día, cientos de miles de trabajadores marcharon a Plaza de Mayo a exigir la liberación de Juan Domingo Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión. Lo que vino después transformó la estructura del país en menos de una década.

Entre 1946 y 1955 se sancionaron el Estatuto del Peón Rural, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la jubilación universal, la ley de propiedad intelectual del trabajador, la equiparación jurídica de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, y el voto femenino en 1947, empujado por Eva Perón y las militantes del Partido Peronista Femenino. La Constitución de 1949 incorporó los derechos del trabajador, del anciano y de la familia, y estableció la función social de la propiedad.

Según datos históricos recogidos por el economista Eduardo Basualdo, la participación de los asalariados en el ingreso nacional trepó de alrededor del 40% en 1945 a más del 49% en 1954, uno de los picos históricos de la distribución del ingreso en Argentina. Ese proceso no fue una concesión: fue el resultado de una alianza entre un movimiento obrero organizado y un Estado dispuesto a torcer la mano de los sectores concentrados.

Proscripción, resistencia y el paréntesis desarrollista

El golpe de 1955 abrió un ciclo de dieciocho años de proscripción del peronismo y de disputa permanente sobre las conquistas sociales. La llamada Revolución Libertadora derogó la Constitución del 49, intervino la CGT y persiguió a militantes y dirigentes sindicales. Pero el movimiento obrero no se disolvió: la Resistencia Peronista, con figuras como John William Cooke, sostuvo la organización de base en fábricas y barrios.

Durante los gobiernos de Frondizi e Illia hubo intentos desarrollistas que buscaron industrializar sin redistribuir con la misma intensidad. El Cordobazo de 1969 —una insurrección obrero-estudiantil contra la dictadura de Onganía— volvió a poner sobre la mesa que la justicia social no era negociable. Los sindicatos combativos, el clasismo cordobés y las ligas agrarias del NEA reorganizaron una agenda que combinaba salario, tierra y democracia.

El breve retorno del peronismo entre 1973 y 1976 intentó reactivar un pacto social —el Pacto Social de Gelbard— que no logró sostenerse frente a la crisis internacional y la escalada de violencia política. En junio de 1975, el Rodrigazo pulverizó el salario real y anticipó lo que vendría.

1976-1983: el terrorismo de Estado como plan económico

La dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976 no fue solo un régimen represivo: fue un plan sistemático de reestructuración regresiva de la sociedad argentina. La CONADEP documentó cerca de 9.000 desapariciones y los organismos de derechos humanos sostienen la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos. La represión tuvo un objetivo económico explícito, reconocido por el propio ministro Martínez de Hoz: disciplinar a la clase trabajadora.

En esos años se destruyó buena parte del entramado industrial construido desde el 45, se abrió la economía a la especulación financiera y se multiplicó la deuda externa por más de seis veces. La participación de los asalariados en el ingreso cayó estrepitosamente. Como analizamos en la nota sobre el rol del Estado en la redistribución del ingreso, esa transferencia hacia arriba dejó marcas que la democracia todavía no terminó de reparar.

El juicio a las Juntas en 1985, impulsado por el gobierno de Alfonsín, fue un hito mundial: por primera vez un tribunal civil condenaba a los máximos responsables de una dictadura. Aunque después vinieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos de Menem, la semilla estaba plantada.

Los 90: cuando la justicia social fue tratada como un lujo

La década del noventa fue el reverso exacto del proyecto del 45. Bajo el gobierno de Menem, con Domingo Cavallo en Economía, se privatizaron YPF, Entel, Gas del Estado, Aerolíneas, los ferrocarriles y el sistema jubilatorio. La convertibilidad garantizó estabilidad de precios a costa de destruir el aparato productivo y disparar el desempleo, que según datos del INDEC superó el 18% en 1995 y trepó a más del 21% en la crisis de 2001-2002.

El estallido de diciembre de 2001, con piquetes, asambleas barriales, fábricas recuperadas y clubes de trueque, mostró tanto el fracaso del modelo neoliberal como la enorme capacidad de autoorganización popular. Los movimientos de trabajadores desocupados —los piqueteros— irrumpieron como nuevo sujeto político y forzaron a la agenda pública a incorporar la cuestión social de otra manera.

Algunos hitos de esos años que conviene retener:

• 1994: reforma constitucional que incorpora los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.
• 1997: primeras marchas piqueteras masivas en Cutral Có y Tartagal.
• 2001: default, cinco presidentes en once días, muertos por represión el 19 y 20 de diciembre.

2003-2015: reconstrucción y ampliación de derechos

El ciclo kirchnerista retomó, con matices y en otro contexto histórico, la idea de que el Estado debe ser el garante de la justicia social. La reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad —tras la anulación de las leyes de impunidad en 2003— convirtió a la Argentina en referencia mundial en materia de memoria, verdad y justicia.

En el plano socioeconómico, se destacan la estatización parcial del sistema jubilatorio con la creación del SIPA (2008), la Asignación Universal por Hijo (2009), la Ley de Medios (2009), el Matrimonio Igualitario (2010), la Ley de Identidad de Género (2012) y la recuperación del 51% de YPF (2012). El Ministerio de Trabajo relanzó las paritarias libres, y el salario mínimo, según registros oficiales, recuperó buena parte del terreno perdido en los noventa.

Este proceso también incluyó avances estructurales en materia educativa y sanitaria que hoy están bajo ataque, como discutimos en el análisis sobre inversión pública en educación y salud. No fue una etapa sin contradicciones —inflación, tensiones con el campo, restricción externa—, pero el piso de derechos que dejó redefinió lo que la sociedad argentina considera aceptable.

De Macri a Milei: el retroceso como programa

El gobierno de Cambiemos (2015-2019) inauguró un nuevo ciclo de ajuste y endeudamiento. El préstamo récord del FMI por 57 mil millones de dólares —el más grande de la historia del organismo, según su propia documentación oficial— condicionó la política económica argentina por décadas. La pobreza, medida por el INDEC, cerró 2019 en torno al 35,5%.

El gobierno de Alberto Fernández intentó administrar la herencia con resultados desiguales, atravesado por la pandemia. Y desde diciembre de 2023, la administración de Javier Milei impulsa un programa de desregulación y desmantelamiento estatal que retoma, con lenguaje nuevo, viejas recetas: recortes en jubilaciones, educación, ciencia, obra pública y programas sociales. El impacto sobre los sectores populares está documentado en trabajos como los que analizan los derechos laborales en tiempos de crisis y la desregulación y vivienda.

La historia enseña que las conquistas sociales en Argentina nunca fueron regalos: las arrancaron trabajadoras y trabajadores organizados, movimientos de mujeres, pueblos originarios, organismos de derechos humanos, estudiantes, jubilados. Y que cuando el Estado se retira, no aparece un mercado virtuoso: aparece la desigualdad, tal como la venimos midiendo desde hace más de un siglo.

Una agenda que sigue abierta

Pensar la justicia social hoy exige actualizar la agenda. Ya no alcanza con el salario y la seguridad social clásicas: hay que incorporar el cuidado, el ambiente, el acceso a la vivienda, la brecha digital, la violencia de género. Como planteamos en la nota sobre la lucha por la igualdad de género, no hay justicia social plena sin justicia de género.

La historia argentina muestra que los avances son posibles cuando confluyen tres elementos: organización popular, dirigencia política dispuesta a confrontar con los poderes concentrados y un Estado con capacidad técnica y fiscal para intervenir. Cuando falla alguno de los tres, el péndulo vuelve a la desigualdad. La discusión pública de los próximos años se jugará, en buena medida, en si somos capaces de reconstruir esa ecuación.