El rol del Estado en la redistribución del ingreso en Argentina

Una desigualdad que se decide, no se hereda

Cada vez que un funcionario repite que la pobreza es "multicausal" o que la desigualdad "viene de larga data", se corre un velo sobre lo esencial: la distribución del ingreso es, ante todo, una decisión política. En Argentina, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el ingreso promedio del decil más rico multiplica varias veces al del decil más pobre, y esa brecha se ensancha o se achica según qué haga —o deje de hacer— el Estado.

Hablar del análisis del rol del Estado en la redistribución de ingresos en Argentina implica reconocer que hay tres grandes palancas en juego: la política tributaria (quién aporta y cuánto), el gasto social (a quién llegan las transferencias y servicios) y la política de ingresos (cómo se fijan salarios, jubilaciones y precios de bienes esenciales). Ninguna de esas palancas funciona sola. Y todas dependen de una decisión previa: si el Estado se corre o se planta.

La experiencia reciente lo muestra con claridad. Entre 2003 y 2015, con paritarias libres, moratorias previsionales y ampliación de derechos, el coeficiente de Gini cayó de forma sostenida. A partir de 2016, y con más fuerza desde diciembre de 2023, el retroceso salarial y el ajuste del gasto revirtieron parte de ese proceso. No hay misterio: hay política.

Impuestos progresivos: la asignatura pendiente

El sistema tributario argentino es, en términos técnicos, regresivo. Buena parte de la recaudación descansa sobre el IVA —que grava por igual al que compra fideos y al que compra un yate— y sobre impuestos al trabajo. En cambio, la imposición sobre patrimonios, rentas financieras y grandes fortunas ocupa un lugar marginal en la torta fiscal, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE.

Un Estado redistribuidor necesita invertir esa ecuación. Eso significa:

• Fortalecer el Impuesto a las Ganancias sobre las rentas más altas, sin castigar salarios medios.
• Sostener y actualizar tributos sobre bienes personales y grandes patrimonios.
• Gravar de manera efectiva la renta financiera y las ganancias extraordinarias en sectores concentrados (energía, minería, agroexportación).
• Combatir la evasión y la fuga de capitales, que según estimaciones del propio BCRA y trabajos de Basualdo y Kulfas equivalen a varios puntos del PBI.

Sin una reforma tributaria progresiva, cualquier programa social termina financiándose con el consumo de los mismos sectores a los que pretende ayudar. Es la trampa clásica que denuncian economistas como Axel Kicillof: sin cambiar quién paga, no se cambia quién gana.

Gasto social: no es "gasto", es inversión en derechos

El segundo pilar es el destino del gasto público. Programas como la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones mínimas con moratoria, las becas Progresar, el Potenciar Trabajo (hoy desmantelado) y las transferencias a comedores no son "planes" en el sentido despectivo con el que los nombra cierta prensa: son ingresos que llegan a hogares que, de otro modo, quedarían fuera del mercado.

La evidencia es contundente. Estudios de CEPAL y del Ministerio de Economía mostraron durante años que la AUH, sola, saca de la indigencia a cientos de miles de hogares. Y que sin el sistema previsional argentino —uno de los de mayor cobertura de América Latina— la pobreza en adultos mayores se dispararía a niveles centroamericanos.

A esto se suman los bienes públicos universales: educación, salud, transporte subsidiado. Como analizamos en Inversión pública en educación y salud: qué está en juego en Argentina, estos servicios son "salario indirecto": lo que una familia no paga de bolsillo porque el Estado lo garantiza. Cuando se recortan, la desigualdad real crece aunque los números nominales no lo muestren de inmediato.

Paritarias y salario mínimo: el corazón del conflicto distributivo

Ningún esquema redistributivo funciona si el salario pierde. La participación de los asalariados en el ingreso nacional es, para la tradición nacional-popular, el termómetro central. Perón lo sintetizó en la meta del 50 y 50; Kicillof y Basualdo lo retomaron en sus análisis sobre la restricción externa: cuando los salarios caen, cae el mercado interno, y con él la posibilidad de un desarrollo con inclusión.

Las paritarias libres, el salario mínimo vital y móvil actualizado y la negociación colectiva son instrumentos redistributivos tanto o más potentes que cualquier transferencia. Por eso su debilitamiento nunca es casual. La flexibilización laboral, la caída del SMVM en términos reales y la fragmentación sindical apuntan a lo mismo: reducir el poder de negociación del trabajo frente al capital.

Este retroceso golpea con particular dureza a los sectores más precarizados. Lo desarrollamos en Derechos laborales en tiempos de crisis económica: radiografía argentina: sin piso salarial ni convenios fuertes, la desigualdad se instala en el propio mundo del trabajo, entre registrados y no registrados, entre varones y mujeres, entre AMBA y provincias.

Servicios públicos y tarifas: la redistribución silenciosa

Hay una dimensión redistributiva que suele quedar fuera del debate mediático: las tarifas de servicios esenciales. Un esquema de subsidios segmentados —donde paga más quien más consume y quien más puede— es, en los hechos, una transferencia de ingresos desde los sectores altos hacia los medios y bajos. La desregulación de tarifas, en cambio, funciona como un impuesto regresivo: golpea proporcionalmente más al hogar que gasta el 15% de sus ingresos en luz y gas que al que gasta el 1%.

Lo mismo ocurre con el transporte, el acceso a la vivienda y los alquileres. En Desregulación y vivienda en Argentina: el derecho que se aleja mostramos cómo la retirada del Estado del mercado inmobiliario no genera "más oferta", sino más concentración y más gente expulsada del sistema formal de alquiler.

Y en materia alimentaria, la discusión sobre precios, retenciones y acceso a alimentos básicos también es redistributiva. Lo abordamos en Soberanía alimentaria y salud pública: la disputa por lo que comemos: decidir si el trigo abastece primero al mercado interno o se exporta sin regulación es, también, decidir cuánto vale el pan en la mesa argentina.

La restricción externa y el falso dilema del "no hay plata"

Toda discusión sobre redistribución en Argentina choca, tarde o temprano, con la restricción externa: la falta crónica de dólares. El endeudamiento externo, la fuga de capitales y la primarización exportadora son los tres nudos que, según la tradición desarrollista y kicillofista, condicionan cualquier proyecto redistributivo.

Cuando el Estado se endeuda en moneda extranjera para financiar la fuga —como ocurrió con el préstamo del FMI de 2018, según la propia auditoría del organismo— compromete divisas futuras que no podrán destinarse a importar insumos, sostener el empleo o financiar el gasto social. El resultado es previsible: ajuste, devaluación, caída del salario real y aumento de la pobreza.

Por eso, hablar de redistribución sin hablar de soberanía económica es incompleto. Regular el comercio exterior, administrar el mercado de cambios, gravar la renta extraordinaria de los sectores exportadores y renegociar la deuda en condiciones sostenibles no son caprichos ideológicos: son las condiciones materiales para que la palanca fiscal y salarial pueda funcionar.

Memoria, igualdad y horizonte democrático

Hay, por último, una dimensión que trasciende lo estrictamente económico. La redistribución del ingreso es parte de un proyecto más amplio de igualdad, que incluye derechos humanos, igualdad de género y ampliación de la ciudadanía. No hay justicia social sin memoria, y no hay democracia plena con niveles de desigualdad que consolidan castas.

Como señalamos en La lucha por la igualdad de género en Argentina: agenda pendiente, la brecha de ingresos entre varones y mujeres, la sobrecarga de tareas de cuidado y la informalidad feminizada son parte del mismo problema. Un Estado redistribuidor tiene que mirar también ahí: reconocer el trabajo no remunerado, garantizar jardines maternales, licencias equitativas y acceso al empleo formal.

El análisis del rol del Estado en la redistribución de ingresos en Argentina no admite recetas mágicas ni atajos discursivos. Requiere impuestos progresivos, gasto social sostenido, paritarias libres, tarifas segmentadas, regulación del comercio exterior y una agenda democrática de derechos. Es un programa exigente, sí. Pero es el único que, en los momentos en que se aplicó, mostró resultados verificables. Lo demás —el ajuste, la desregulación, el "que el mercado decida"— ya lo probamos. Y sabemos cómo termina.