AMIA a 32 años: la memoria no se delega en quienes la vaciaron

El presidente en el acto, el Estado ausente del resto del año

Cada 18 de julio la Argentina se detiene. Lo hace desde 1994, cuando una bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina y mató a 85 personas —heridas, más de 300— en el corazón de Buenos Aires. Es la masacre terrorista más grave que registra la historia del país y, tres décadas después, sigue sin condena firme para sus autores materiales e intelectuales. Este año, según informó Infobae, Javier Milei estuvo presente en el acto de conmemoración.

Bien. La presencia del presidente en ese escenario es lo mínimo que la institucionalidad democrática exige. Ningún mandatario puede ausentarse del homenaje a las víctimas del mayor ataque terrorista en suelo argentino. Pero la memoria no se construye con una foto anual. Se construye con presupuesto, con personal, con voluntad política sostenida los otros 364 días del año. Y ahí el contraste se vuelve imposible de ignorar.

Lo que no se dice cuando se posa para la foto

Desde que asumió en diciembre de 2023, la administración Milei ejecutó recortes transversales sobre los organismos del Estado vinculados a la investigación del pasado, la memoria y los derechos humanos. La Secretaría de Derechos Humanos fue degradada y su presupuesto licuado por la inflación y los recortes discrecionales. El Espacio Memoria y Derechos Humanos —ex ESMA— vio reducidos sus recursos operativos. El Banco Nacional de Datos Genéticos, pieza clave para la identificación de nietos apropiados por la dictadura, enfrentó incertidumbre presupuestaria en el primer semestre de 2024.

No es una cuestión de sensibilidades políticas. Es una cuestión de arquitectura institucional: cuando el Estado desfinancia los organismos que sostienen la memoria, la impunidad gana terreno de manera silenciosa, sin necesidad de negar nada en público.

El caso AMIA lo ilustra con particular crudeza. La causa lleva 32 años abierta. La pista iraní —que señala a funcionarios del gobierno de Teherán como responsables del ataque— fue acreditada por la justicia argentina y elevada a la comunidad internacional. Pero la investigación requiere de un aparato estatal activo: fiscales con recursos, cancillería comprometida, inteligencia sometida a control democrático. Exactamente las variables que este gobierno ha ido erosionando.

La memoria como política pública, no como liturgia

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo enseñaron algo que excede la lucha por sus propios hijos y nietos: que la memoria es una práctica política concreta, no una emoción privada ni un ritual anual. Desde los primeros juicios a las juntas militares —un hito que la Argentina le regaló al mundo en 1985— hasta la reapertura de causas tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2003, cada avance fue el resultado de sostener instituciones, financiar organismos, defender la independencia judicial.

El negacionismo contemporáneo no siempre llega con la forma burda de quien dice que "no hubo 30.000". A veces llega con el bisturí del ajuste: cuando se cierra una Unidad Especial de Investigación, cuando se vacía una partida presupuestaria, cuando se deja sin personal a un equipo forense. El resultado es el mismo: la impunidad avanza.

Milei no es el primer presidente que tensiona con los organismos de derechos humanos. Pero sí es el primero en décadas que llegó al poder con una retórica que equipara el terrorismo de Estado con la resistencia popular, que reivindica a figuras del proceso y que tiene en su coalición a sectores que cuestionan abiertamente los juicios de lesa humanidad. Ese contexto no puede borrarse con una asistencia protocolar al acto del 18 de julio.

AMIA, impunidad y la deuda con las víctimas

A 32 años del atentado, la herida sigue abierta. Las familias de los 85 muertos esperan justicia. No justicia simbólica: justicia real, con condenas, con verdad sobre las cadenas de responsabilidad, con esclarecimiento sobre los vínculos locales que facilitaron el ataque —una dimensión que la causa "AMIA II" intentó investigar y que terminó con la muerte del fiscal Alberto Nisman en circunstancias que la justicia argentina todavía no terminó de resolver.

Esa deuda no se salda con presencia en un acto. Se salda garantizando que la Unidad Fiscal AMIA tenga los recursos que necesita. Se salda con una política exterior que no normalice las relaciones con quienes la justicia argentina señala como responsables. Se salda con una política de inteligencia sometida al Congreso y no al capricho del Ejecutivo de turno.

Nada de eso está ocurriendo hoy.

El futuro se construye desde la memoria

Eduqueros sostiene que el futuro se construye desde el Estado. Eso incluye el Estado de la memoria: los archivos, los bancos de datos, los equipos forenses, los fiscales especializados, los organismos que durante décadas trabajaron para que la Argentina no olvide y para que la impunidad no sea la norma.

Que un presidente libertario que reivindica el desguace del Estado aparezca en el acto de la AMIA no es un gesto de reconciliación. Es, en el mejor de los casos, una contradicción que merece ser nombrada. En el peor, es el uso instrumental del dolor ajeno para una foto que no compromete nada.

Las víctimas del 18 de julio de 1994 merecen más que eso. Merecen un Estado que investigue, que financie la memoria, que sostenga los organismos de verdad y justicia con la misma energía con que este gobierno desregula mercados y recorta derechos. Mientras esa ecuación no se revierta, la presencia en el acto es apenas un trámite.