Salud mental y territorio: la reforma que el Estado debe impulsar ahora

La reforma anunciada y su vacío territorial

El Gobierno dio a conocer su intención de actualizar la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657) con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la atención. Según la noticia original, el Senado sigue sin lograr consenso y el proyecto circula entre comisiones sin una fecha clara de aprobación ver fuente. La iniciativa, sin embargo, se queda en la superficie: se habla de ampliar la red de centros, pero no se menciona cómo llegar a los pueblos que están aislados, a los que viven en la Patagonia, el Noroeste o las comunidades originarias que enfrentan la ausencia crónica del Estado.

Salud mental y degradación ambiental

Los datos del INDEC muestran que la prevalencia de trastornos ansiosos y depresivos ha aumentado un 12 % en los últimos cinco años, y la brecha entre la capital y el interior supera el 30 % en acceso a psicólogos y terapias. Esta desigualdad no es aleatoria; está vinculada a la exposición a contaminantes, a la pérdida de ecosistemas y a la imposición de megaproyectos extractivos que destruyen modos de vida. En la zona de la cuenca del Río Salado, la proliferación de agroquímicos ha provocado problemas respiratorios y, con ello, un incremento de la ansiedad colectiva. En la Patagonia, la extracción de litio y la expansión de la industria minera generan desplazamientos forzados y la pérdida de territorios sagrados, factores que se traducen en trauma psicológico para los pueblos mapuches.

El rol del Estado frente al extractivismo y la falta de servicios

Nuestro modelo económico, subyugado a la lógica del endeudamiento externo y a los condicionantes del FMI, ha privilegiado la exportación de materias primas sobre la construcción de una infraestructura de salud equitativa. La ausencia de una política de territorio implica que los recursos se concentran en la Gran Buenos Aires, mientras que en la llanura pampeana y la región andina se carece de centros de salud mental con personal capacitado. El Estado debe revertir este desequilibrio mediante la creación de redes de atención descentralizadas, vinculadas a los gobiernos provinciales y a los liderazgos comunitarios.

Propuestas para una política integral y justa

1. Mapeo territorial de la demanda psicológica: utilizar datos del Ministerio de Salud y del INDEC para identificar los focos de mayor vulnerabilidad, cruzando información de contaminación ambiental y de presencia de proyectos extractivos.
2. Financiación pública vinculada a la protección ambiental: destinar parte de los ingresos de la exportación de litio y soja a la construcción de centros de salud mental en los territorios afectados, garantizando que el beneficio económico se reinvierta en la comunidad.
3. Formación de agentes comunitarios: crear programas de capacitación para líderes locales, enfermer@s y docentes, que actúen como primer punto de contacto y promuevan la prevención mediante la educación ambiental y la gestión del estrés.
4. Red de espacios verdes y terapéuticos: reconocer la importancia de la naturaleza para la salud mental e impulsar la recuperación de humedales y bosques urbanos, integrándolos a los planes de tratamiento.
5. Participación de los pueblos originarios: incluir a las organizaciones mapuches, qom y guaraníes en la redacción de la reforma, respetando saberes tradicionales y garantizando el derecho a la autodeterminación territorial.

Conclusión: territorio, comunidad y Estado

Reformar la ley de salud mental sin abordar la dimensión territorial es una medida insuficiente que perpetúa la exclusión. El Estado debe volver a ser el garante de la vida digna, no solo en la esfera sanitaria, sino también en la defensa del territorio y del medio ambiente. Sólo así podremos romper el círculo vicioso entre degradación ecológica, desigualdad social y crisis psicológica. El futuro de la salud mental argentina pasa por la justicia territorial y la acción pública decidida.

Relacionado: Salario Mínimo en Argentina 2026 — otra mirada sobre el mismo tema.