Privatizar el agua del AMBA golpea a las mujeres y comunidades vulnerables

El hecho: Milei vende la gestión del agua

El gobierno de Javier Milei aprobó la concesión de la empresa pública que suministra agua potable al Área Metropolitana de Buenos Aires. Según La Voz del Interior, la medida se dio bajo la excusa de “eficiencia” y “reducción del déficit fiscal”.

Agua y trabajo de cuidados: la carga diferencial para las mujeres

En el conurbano, la mayor parte del trabajo de cuidados – desde el lavado de ropa hasta la preparación de alimentos – recae sobre mujeres y cuidadoras informales. La garantía de un suministro continuo y a precios regulados es, para ellas, una pieza clave del presupuesto familiar. Cuando el Estado entrega el servicio a un monopolio privado, el precio del metro cúbico sube y la facturación se vuelve menos predecible. Según datos del INDEC, el 63 % de los hogares encabezados por mujeres reporta que el gasto en servicios básicos supera el 10 % de sus ingresos, frente al 45 % de los hogares encabezados por hombres. Cada aumento tarifario implica menos recursos para la salud, la educación de los hijos y la seguridad alimentaria, reproduciendo la lógica patriarcal de que el trabajo de cuidados es “gratuito”.

Impacto en adolescentes trans y no binaries

La falta de acceso a agua digna también golpea a los jóvenes trans y no binaries que, en muchos barrios, dependen de colectividades para lavar la ropa que usan en su proceso de afirmación de género. La escasez o la interrupción del servicio genera colas largas y espacios de vulnerabilidad donde la violencia de género puede escalar. Además, el aumento de tarifas afecta los presupuestos limitados de organizaciones comunitarias que brindan apoyo psicológico y sanitario a estas poblaciones. La privatización, al priorizar la rentabilidad, ignora la necesidad de un acceso universal que considere la diversidad de cuerpos y identidades.

Privatización y deuda: ¿quién paga?

El modelo de concesión que propone Milei se sustenta en la idea de que el sector privado absorberá la inversión necesaria para la ampliación de la red. Sin embargo, la historia reciente muestra que los contratos de privatización en Argentina terminan generando deudas ocultas para el Estado, que luego se transfieren a la población mediante tarifas más altas y recortes en subsidios. El BCRA reportó que la deuda externa vinculada a servicios públicos creció un 27 % en los últimos dos años, una carga que recae sobre los más vulnerables. La lógica del mercado no contempla la justicia de género: el aumento del costo del agua penaliza, de manera desproporcionada, a quienes ya enfrentan brechas salariales y discriminación estructural.

El camino: recuperación estatal y políticas de género

Frente a esta ofensiva neoliberal, la respuesta debe ser la reconversión del servicio al sector público, con una tarifa social que garantice el acceso universal y que sea revisada anualmente por una comisión interseccional de género, derechos humanos y economía. La experiencia del programa de Agua Potable y Saneamiento (APS) en la provincia de Córdoba muestra que la gestión estatal puede combinar eficiencia operativa con tarifas progresivas, reduciendo la brecha de género en el acceso a servicios básicos.

Además, es imprescindible articular una política de género que reconozca el trabajo de cuidados como trabajo productivo, incorporando a las mujeres y a las personas trans en la planificación y fiscalización de la red. Sólo un Estado fuerte, con soberanía económica y compromiso con la justicia social, puede garantizar que el agua – bien esencial y no mercancía – sea un derecho, no un lujo.

En conclusión, la privatización del agua del AMBA no es una cuestión técnica, sino una decisión política que reproduce desigualdades de género y vulnera los derechos humanos. El Estado debe volver a ser el garante del acceso universal, con una mirada interseccional que incluya a mujeres, adolescentes trans y todas las diversidades que dependen del agua para vivir dignamente.

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