Repartidores endeudados: la precarización laboral de plataformas en 2024

El mito de la libertad y la realidad del monotributo social

La narrativa oficial es conocida: las plataformas digitales serían la 'oportunidad' que el mercado ofrece a quienes el Estado 'sobrerregulado' no puede emplear. Federico Sturzenegger habla de flexibilidad, Milei habla de emprendedores, y en el medio hay cientos de miles de pibes pedaleando doce horas por día bajo la lluvia para llevarle sushi a un country.

La pregunta que el oficialismo evita es simple: ¿alcanza? ¿Un repartidor de Rappi, PedidosYa o Uber Eats, trabajando esas jornadas, cubre la canasta básica que mide el propio INDEC? La respuesta corta, según los relevamientos de universidades y centros de estudios laborales, es que no. La respuesta larga es este artículo.

Y la consecuencia directa de esa brecha entre ingreso y costo de vida tiene nombre técnico: endeudamiento. Tarjetas de crédito refinanciadas al 200% anual, préstamos de billeteras virtuales, fiado en el kiosco de la esquina y, en el peor de los casos, prestamistas informales que cobran tasas usurarias.

Cuánto se trabaja y cuánto se cobra realmente

Los estudios del CETyD-UNSAM y de la UMET vienen midiendo hace años las condiciones reales del trabajo en plataformas. Los datos son consistentes: la jornada promedio de un repartidor con moto o bicicleta oscila entre 9 y 12 horas diarias, con picos de 14 los fines de semana. No hay francos garantizados, no hay licencia por enfermedad, no hay ART obligatoria.

El ingreso bruto, después de descontar combustible, mantenimiento del vehículo, datos móviles y comisiones de la app, suele quedar en torno al Salario Mínimo Vital y Móvil o apenas por encima. En octubre de 2024, con una canasta básica familiar cercana al millón de pesos según INDEC, esa ecuación es imposible de sostener sin ingresos adicionales o sin deuda.

Hay que decirlo con todas las letras: no es 'emprendedurismo'. Es trabajo asalariado disfrazado de autonomía, donde el algoritmo hace de capataz, la app fija el precio unilateralmente y el 'socio' pone el cuerpo, la moto y el riesgo.

El endeudamiento como salario complementario

El fenómeno más grave, y el menos discutido, es cómo el endeudamiento privado se volvió una forma de completar el salario. Los informes del BCRA muestran que el crédito al consumo —tarjetas, préstamos personales, financiamiento en cuotas— creció en 2024 en un contexto donde el salario real se desplomó.

Esto no es prosperidad crediticia: es una economía donde los hogares se endeudan para comer. Y en el segmento de trabajadores de plataformas el fenómeno es más agudo porque no acceden al crédito bancario tradicional. Terminan financiándose con:

• Tarjetas de crédito con tasas efectivas anuales de tres dígitos.
• Fintechs y billeteras virtuales que ofrecen 'adelantos' con costos financieros altísimos.
• Prestamistas informales del barrio, que cobran intereses semanales.
• Fiado en comercios, que en la práctica funciona como microcrédito no registrado.

Es, en los hechos, un subsidio privado a las plataformas: el sistema financiero le presta al trabajador la diferencia entre lo que la app paga y lo que la vida cuesta. La ganancia queda en Silicon Valley y en el banco emisor de la tarjeta. La deuda queda en el conurbano.

El empleo formal destruido y la coartada de la gig economy

El argumento oficialista es que las plataformas 'crean empleo' donde el Estado no puede. Pero los datos del SIPA muestran que desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 150.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. Ese empleo destruido no reaparece como empleo formal en apps: reaparece como changa, como monotributo social o directamente como informalidad.

Como ya analizamos en la nota sobre derechos laborales en tiempos de crisis económica, la lógica es siempre la misma: se destruye el piso de derechos por arriba (convenios, indemnizaciones, aportes) para empujar a la gente hacia el piso más bajo del mercado (plataformas, cuentapropismo forzado). No es una falla del modelo, es el modelo.

Y conviene recordar, como se documentó en el análisis sobre los efectos del ajuste durante el gobierno de Macri, que esta receta ya se probó y ya fracasó. La diferencia es que ahora se aplica con más velocidad y sin anestesia.

Qué dice la OIT y qué dice la ley argentina

La Organización Internacional del Trabajo viene advirtiendo desde 2019 que los trabajadores de plataformas configuran, en la enorme mayoría de los casos, una relación de dependencia encubierta. Los tres elementos clásicos —subordinación técnica, jurídica y económica— están presentes: la app te dice cómo trabajar, te sanciona si no cumplís y controla tu ingreso.

Tribunales de España, Reino Unido, Francia e incluso de la propia Argentina han fallado en ese sentido en distintos casos. Sin embargo, el DNU 70/2023 y la reforma laboral posterior apuntan en dirección contraria: consolidar la figura del 'colaborador independiente' para bajar costos empresarios y eliminar responsabilidades patronales.

Es una discusión que atraviesa toda la agenda de la justicia social en Argentina: quién soporta el riesgo empresario. La respuesta del gobierno actual es clara: el trabajador, siempre.

Educación popular y organización: la salida no es individual

Acá aparece el nudo político. Frente a un modelo que atomiza —cada repartidor es una 'empresa unipersonal' compitiendo contra otros repartidores por los pedidos mejor pagos— la respuesta no puede ser individual. No hay 'productividad personal' que compense una tasa de interés del 200%.

La experiencia de sindicatos como APP (Asociación de Personal de Plataformas) y de cooperativas de repartidores muestra que la organización sí modifica condiciones: acceso colectivo a ART, negociación de tarifas mínimas, protocolos de seguridad vial, defensa jurídica ante desactivaciones arbitrarias. La educación popular —entendida como formación política, sindical y financiera en los barrios— es una herramienta central para que los trabajadores de plataformas identifiquen que su situación no es 'mala suerte' ni falta de esfuerzo, sino una estructura diseñada para exprimirlos.

Organizaciones como el Instituto Patria, CIFRA-CTA y observatorios universitarios (Página/12 publicó varios informes sobre el tema durante 2024) vienen produciendo diagnósticos que rompen con la narrativa libertaria del 'emprendedor libre'. El desafío es que esos diagnósticos lleguen al lugar donde se toman las decisiones concretas: la puerta del McDonald's a las once de la noche, esperando el próximo pedido.

Una agenda mínima para no seguir naturalizando

Discutir precarización laboral y endeudamiento no es nostalgia peronista ni resistencia al cambio tecnológico. Es discutir qué tipo de sociedad queremos. Una agenda mínima, realista, incluiría:

• Presunción legal de relación de dependencia para trabajadores de plataformas, como ya rige en varios países europeos.
• Registro obligatorio de horas trabajadas y tarifa mínima por hora, no por pedido.
• ART obligatoria financiada por la plataforma, no por el repartidor.
• Regulación de las tasas de interés al consumo, especialmente en fintechs y tarjetas.
• Programas de educación financiera pública, articulados con sindicatos y universidades.

Nada de esto es utopía: son medidas que ya existen en países capitalistas. Lo que falta acá es decisión política. Y para que haya decisión política, primero tiene que haber conciencia social de que trabajar doce horas por menos que la canasta básica no es libertad: es una forma moderna de servidumbre.

El futuro se construye desde el Estado, sí. Pero también desde el aula, desde el sindicato y desde la esquina donde el repartidor espera el próximo ping.