Impacto de la educación popular en comunidades vulnerables: qué cambia

Qué entendemos por educación popular

La educación popular no es una moda pedagógica ni un adorno progresista. Es una tradición que en América Latina tiene nombres concretos: Paulo Freire en Brasil, las campañas de alfabetización cubana y nicaragüense, las escuelas de adultos peronistas de los años cincuenta, los bachilleratos populares que nacieron después de 2001 en fábricas recuperadas y centros culturales del conurbano bonaerense.

Su premisa es simple y políticamente incómoda: el conocimiento no baja desde una cátedra hacia un sujeto ignorante, sino que se construye con los sectores populares a partir de sus problemas concretos —el trabajo, la vivienda, la salud, la violencia institucional, el género—. Educar, en esta clave, es también organizar.

Esa definición marca la diferencia con abordajes asistencialistas. La educación popular no ofrece un curso para "salir de pobre" en seis meses: propone un proceso largo, sostenido, donde el aula es una herramienta de lectura del mundo y de disputa por derechos.

El mapa social donde interviene

Según datos del INDEC, la pobreza en el segundo semestre de 2023 alcanzó al 41,7% de las personas, y las estimaciones posteriores muestran un salto tras la devaluación de diciembre de ese año. UNICEF Argentina viene advirtiendo que alrededor de 6 de cada 10 niñas y niños viven en hogares pobres. Ese es el terreno real.

En ese mapa, la escuela pública sigue siendo la institución estatal más presente en los barrios populares, pero llega desgastada: aulas superpobladas, salarios docentes deteriorados, infraestructura precaria, comedores desbordados. La educación popular aparece ahí, muchas veces, como complemento y como sostén cuando el sistema formal no da abasto.

Hablamos de bachilleratos populares, centros de apoyo escolar en clubes barriales y parroquias, cooperativas que forman en oficios, programas de terminalidad como el Plan FinEs, talleres de género en centros comunitarios, escuelas campesinas del norte argentino. No es un movimiento homogéneo, pero comparte un piso común.

Impactos concretos: qué cambia en la vida cotidiana

El impacto de la educación popular en comunidades vulnerables se puede leer en varias capas superpuestas. Ninguna alcanza por sí sola, pero juntas dibujan un proceso de transformación.

• Terminalidad educativa de adultos: miles de trabajadoras y trabajadores que dejaron la secundaria en los noventa vuelven a estudiar en bachilleratos populares o en sedes del FinEs. El título habilita mejores condiciones laborales, acceso a concursos estatales y continuidad en estudios superiores.
• Sostén de la escolaridad infantil: los apoyos escolares barriales ayudan a que las trayectorias no se corten. Un pibe con acompañamiento tiene más chances de terminar séptimo grado y llegar al secundario.
• Formación en oficios y trabajo cooperativo: cursos de electricidad, gastronomía, costura, panadería, plomería articulados con cooperativas o con la economía popular organizada.
• Alfabetización política: derechos laborales, género, memoria, ambiente. Saber leer una boleta de servicios, un recibo de sueldo o una causa penal es parte del programa.
• Redes de cuidado: el centro donde funciona el bachillerato es también donde se organiza el merendero, la copa de leche o el ropero comunitario.

Eso no aparece en los rankings PISA. Aparece en biografías. Y aparece, sobre todo, en la capacidad de una comunidad para no romperse cuando el ajuste aprieta.

Qué dicen los datos disponibles

Medir educación popular es difícil porque buena parte del sistema es no formal o de gestión mixta. Aun así, hay indicadores útiles. El Ministerio de Educación reportó que el Plan FinEs, desde 2008, acreditó cientos de miles de terminalidades secundarias, con fuerte peso en el conurbano bonaerense, Santa Fe y el norte del país. Relevamientos universitarios y de organizaciones como la Coordinadora de Bachilleratos Populares identifican más de noventa bachilleratos populares reconocidos, con miles de estudiantes activos.

A nivel macro, CIPPEC y otros centros de estudios muestran que la inversión educativa consolidada rondó el 5% del PBI hacia 2015 y se deterioró en los años posteriores. Ese piso importa: cada punto que se recorta del presupuesto educativo se paga con becas que no llegan, salarios docentes atrasados y programas socioeducativos discontinuados. Lo desarrollamos en detalle en el análisis sobre los efectos del ajuste en la educación pública durante el gobierno de Macri.

Los datos no son perfectos, pero la dirección es clara: donde el Estado invierte y donde las organizaciones populares acompañan, las trayectorias se sostienen. Donde se retira, se rompen.

Estado, organizaciones y disputa política

Hay una discusión de fondo que atraviesa el tema: ¿la educación popular reemplaza al Estado o lo complementa? La respuesta militante y también la más honesta es la segunda. Sin escuela pública universal, gratuita y de calidad, ningún bachillerato popular alcanza. Sin organizaciones territoriales, la escuela pública sola tampoco llega a todos los pibes.

Esa articulación fue política de Estado en varios momentos: el Plan de Alfabetización de los setenta, las campañas post 2003, el reconocimiento oficial de bachilleratos populares en algunas provincias, la creación del Progresar, la Asignación Universal por Hijo condicionada a escolaridad. No es casualidad que esas políticas hayan sido atacadas por los gobiernos de ajuste, que ven en la educación popular un gasto y no una inversión.

El enfoque de derechos humanos aplicado a la educación —que trabajamos en la nota sobre educación en derechos humanos— es parte del mismo entramado. Aprender a leer el mundo incluye aprender que la memoria, la verdad y la justicia son también contenidos escolares.

Los límites: no romantizar

Sería deshonesto pintar la educación popular como una solución mágica. Los bachilleratos populares suelen funcionar con docentes ad honorem o con becas magras, en edificios prestados, con presupuestos discontinuos. La rotación docente es alta y muchos proyectos se sostienen por voluntarismo militante más que por política pública estable.

Las comunidades vulnerables enfrentan, además, problemas que ninguna pedagogía resuelve sola: falta de trabajo formal, violencia narco en algunos territorios, crisis habitacional, salud mental deteriorada. Sin políticas activas de redistribución del ingreso y sin recuperación del salario real, la mejor pedagogía se topa con un techo.

El otro riesgo es el asistencialismo mal entendido: convertir espacios educativos en ventanillas de gestión de la pobreza, donde importa más el número de asistentes que el proceso formativo. Contra eso, la tradición freireana insiste en la dimensión política y organizativa del acto de enseñar.

Qué hacer desde una perspectiva de Estado

Una agenda mínima, discutible y necesaria, incluiría: reconocimiento oficial y financiamiento estable de bachilleratos populares en todo el país; fortalecimiento del FinEs con actualización de becas docentes y de estudiantes; articulación de la educación popular con el sistema científico-técnico y con las universidades del conurbano; inversión sostenida por encima del 6% del PBI, como establece la Ley de Financiamiento Educativo; y protección de programas socioeducativos frente a los recortes.

Nada de eso ocurre por decreto. Ocurre cuando hay voluntad política y presión social organizada. La experiencia argentina muestra que cuando el Estado se hace presente con recursos y las organizaciones territoriales sostienen el laburo cotidiano, los indicadores mejoran: menos deserción, más terminalidad, más pibes y pibas llegando a la universidad.

Ese cruce entre políticas públicas y organización popular es, en definitiva, lo que define el impacto de la educación popular en comunidades vulnerables. No es milagro ni voluntarismo: es trabajo político sostenido, con financiamiento y con estrategia. Es, también, una de las pocas apuestas serias frente a un modelo económico que produce más pobreza cada mes.