Efectos del ajuste en la educación pública durante el gobierno de Macri: radiografía de un retroceso

Un cambio de paradigma: de derecho social a variable de ajuste

Durante los cuatro años de gestión de Cambiemos, la educación pública dejó de ser tratada como política de Estado prioritaria para pasar a operar como una variable más del ajuste fiscal. La devaluación de diciembre de 2015, sumada al acuerdo con el FMI firmado en 2018, marcó un rumbo económico que se descargó, entre otros lugares, sobre las aulas.

La decisión política más simbólica llegó temprano: en 2018 se eliminó la paritaria nacional docente, un mecanismo creado en 2008 que fijaba un piso salarial federal. Esa medida, resistida por los sindicatos y por las provincias, dejó a cada distrito negociando por separado, profundizando las desigualdades entre jurisdicciones ricas y pobres.

El gesto no fue aislado. Se enmarcó en una lectura ideológica: la educación como gasto, no como inversión. Esa concepción, que ya habíamos discutido en Inversión pública en educación y salud: qué está en juego en Argentina, atraviesa cada uno de los ítems que analizamos a continuación.

El salario docente: pérdida sostenida frente a la inflación

Según datos del propio Ministerio de Educación relevados por el CIPPEC y por observatorios sindicales, el salario docente real cayó de manera sostenida entre 2016 y 2019. Distintas estimaciones ubican esa pérdida entre el 20% y el 25% del poder adquisitivo, dependiendo de la jurisdicción y del cargo testigo utilizado.

El impacto no fue únicamente económico. La docencia atravesó un proceso de desprofesionalización simbólica: fue frecuente escuchar a funcionarios referirse a las y los docentes en términos peyorativos, incluida la famosa frase sobre la escuela pública como lugar de "caída" de los sectores populares. Ese clima cultural erosionó la autoridad pedagógica y desalentó nuevas vocaciones.

Los datos del IPC del INDEC durante ese período confirman que ningún acuerdo paritario provincial logró empatarle sostenidamente a la inflación. En provincias como Buenos Aires, Chubut o Santa Cruz, los conflictos docentes se volvieron crónicos, con paros extensos que golpearon los ciclos lectivos completos.

Obras frenadas: la infraestructura como termómetro del ajuste

Uno de los indicadores más concretos del ajuste fue la parálisis de la obra pública educativa. Los planes de construcción de jardines de infantes —incluida la promesa oficial de campaña de 3.000 salas nuevas— quedaron muy por debajo de lo comprometido. Auditorías posteriores mostraron avances marginales frente a las metas anunciadas.

El freno también alcanzó a las universidades nacionales. Obras iniciadas durante la gestión anterior en distintas casas de estudio quedaron sin financiamiento o con desembolsos discontinuos, mientras el presupuesto universitario se ejecutaba en cuotas licuadas por la inflación.

Este patrón puede leerse en clave más amplia: cuando el Estado se retira de la infraestructura básica —escuelas, hospitales, viviendas— traslada el costo a las familias y a las comunidades. Es el mismo mecanismo que analizamos al hablar de Derechos laborales en tiempos de crisis económica: el ajuste nunca es neutral, siempre reparte pérdidas de manera desigual.

Programas nacionales desmantelados

El Ministerio de Educación, degradado a Secretaría en 2018 en el marco del acuerdo con el FMI, sufrió una poda profunda de programas federales. Entre los más afectados figuraron:

• Conectar Igualdad: el programa de entrega de netbooks a estudiantes secundarios de escuelas públicas fue vaciado progresivamente y luego reformulado bajo otra lógica, con muchísima menor cobertura.
• Fines (Plan de Finalización de Estudios): sufrió recortes de sedes y desfinanciamiento, afectando la terminalidad educativa de jóvenes y adultos.
• Formación docente continua: los cursos nacionales gratuitos del programa Nuestra Escuela fueron reducidos drásticamente en oferta y alcance.
• Educación Sexual Integral (ESI): si bien la ley se mantuvo, la partida específica para capacitación docente se contrajo, debilitando su aplicación efectiva.

La lógica común detrás de estos recortes fue clara: se priorizaron programas focalizados y de evaluación estandarizada (como el Operativo Aprender) por sobre políticas universales de fortalecimiento del sistema. La medición desplazó a la enseñanza como eje de la política educativa.

Universidades: presupuesto licuado y conflicto abierto

El sistema universitario nacional atravesó durante estos años uno de los conflictos presupuestarios más duros de las últimas décadas. En 2018, la marcha universitaria federal reunió a cientos de miles de personas en todo el país en defensa del financiamiento, luego de que las partidas asignadas quedaran muy por detrás de una inflación que superó el 47% ese año, según INDEC.

El reclamo no era abstracto. Salarios docentes y no docentes deteriorados, gastos de funcionamiento congelados, becas Progresar reformuladas con requisitos más restrictivos, y programas de ciencia y técnica —bajo el paraguas del entonces degradado Ministerio de Ciencia— con severas restricciones para el ingreso de nuevos investigadores al CONICET.

Este último punto merece atención especial: la reducción de los cupos de ingreso a la carrera del investigador científico rompió una trayectoria de expansión iniciada en 2003. El efecto sobre las capacidades soberanas del país en materia científica y tecnológica todavía se está pagando, tal como discutimos en el marco de la Soberanía alimentaria en Argentina, donde la ciencia pública juega un rol central.

La desigualdad territorial como consecuencia

El abandono de la paritaria nacional y la reducción del rol coordinador del Estado central produjeron un efecto previsible: profundización de las asimetrías entre provincias. Un docente de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Formosa, Chaco o Santiago del Estero pasaron a tener condiciones salariales y de trabajo cada vez más distantes.

Esa fractura territorial también se expresó en la infraestructura, en la conectividad de las escuelas y en el acceso a materiales didácticos. Las provincias con menos recursos fiscales propios quedaron especialmente expuestas cuando la Nación dejó de compensar esas diferencias mediante programas específicos.

El federalismo educativo, consagrado en la Ley de Educación Nacional 26.206, requiere de un Estado nacional activo que garantice pisos comunes. Sin ese rol, la geografía vuelve a ser destino, como advertía la tradición pedagógica que va de Sarmiento a Puiggrós. En el mismo sentido, la Educación en derechos humanos exige un piso federal que no puede depender de la caja de cada provincia.

Deuda, FMI y aula: la conexión que no siempre se ve

Hay una línea directa entre el endeudamiento externo tomado durante la gestión Macri —el préstamo con el FMI por alrededor de 44.500 millones de dólares, según cifras oficiales del propio organismo— y lo que ocurrió en las escuelas. Cada punto del PBI comprometido al pago de intereses fue un punto menos disponible para salarios, obras y programas.

Esa ecuación no es una interpretación ideológica: está en la letra del propio acuerdo, que exigía metas de reducción del déficit primario. El ajuste no se decide en el aula, pero se ejecuta ahí. Un jardín no construido, una beca no renovada, un curso de formación cancelado son la contracara del recibo de intereses.

Revisar los efectos del ajuste en la educación pública durante el gobierno de Macri no es un ejercicio de nostalgia ni de revancha. Es una herramienta analítica para entender qué ocurre cuando se subordina la política educativa a las metas fiscales impuestas desde afuera. Y para discutir, hoy, qué modelo de país queremos construir desde el aula.

Qué dejó y qué disputas quedan abiertas

El legado de esos cuatro años en materia educativa es un sistema debilitado en salarios, infraestructura y programas federales, pero también una sociedad que aprendió a defenderlo: las marchas universitarias de 2018, los paros docentes, la resistencia de comunidades educativas enteras son parte de esa memoria activa.

Hoy, con nuevos intentos de aplicar recetas de ajuste sobre el mismo sistema, revisar esta experiencia es fundamental. No para repetir consignas, sino para identificar los mecanismos concretos —desfinanciamiento, transferencia de responsabilidades a las provincias, deslegitimación de la escuela pública— que se vuelven a poner en juego.

Defender la educación pública no es defender un statu quo. Es defender la única herramienta comprobada de movilidad social y construcción de ciudadanía que este país supo darse. El resto son promesas de mercado que, cuando las cosas se ponen difíciles, siempre terminan pagando los mismos.