Pobreza al 32,3%: la cruda evidencia de un ajuste impositivo que ahoga al pueblo

Una mañana en la fila del programa social

Era una tarde de julio en el barrio de Balvanera. La fila del comedor popular del municipio se extendía hasta la esquina de la calle Corrientes, mientras el sol de invierno dibujaba sombras largas sobre los carteles que anunciaban "Alimentación digna para todas y todos". Entre los que esperaban, la voz temblorosa de una jubilada de 72 años, Doña Carmen, resonó con la frustración de quien ha visto cómo su pensión se reduce mientras el costo de la canasta básica sube sin medida.

"Antes podía comprar carne, pan y leche para mis nietos. Hoy con la pensión solo me alcanza para una sopa y un pan. ¿Qué hacemos?" – relata Doña Carmen, mientras su nieto de ocho años juega con una pelota de trapo bajo la lluvia de papeles de los folletos del programa.

Esta escena cotidiana se repite en cientos de ciudades; es el testimonio vivo de un dato que el gobierno intenta minimizar: la pobreza ha escalado al 32,3 % de la población, según el informe de NVI Noticias basado en los últimos indicadores del INDEC.

Los números que el gobierno no quiere ver

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que en el último trimestre de 2026 la tasa de pobreza alcanzó el 32,3 %, frente al 28,5 % registrado en el mismo período de 2025. Este salto de 3,8 puntos porcentuales equivale a casi 4,5 millones de argentinos que pasan de una situación de vulnerabilidad moderada a una de indigencia absoluta.

Según el informe original, "la pobreza sube a 32,3 %" (NVI Noticias."

El BCRA, por su parte, informó que la deuda externa del país supera los $380 mil millones de dólares, un nivel que obliga a destinar una parte significativa del presupuesto a pagos de intereses, reduciendo los recursos disponibles para políticas sociales.

El ajuste que hunde a la clase trabajadora

Desde la caída de la balanza comercial en 2022, los gobiernos sucesivos han adoptado paquetes de ajuste estructural bajo la presión del Fondo Monetario Internacional. La desregulación del mercado laboral, la liberalización de tarifas y la eliminación de subsidios a la energía han encarecido la vida cotidiana y despojado al Estado de sus herramientas redistributivas.

Como recordó el economista Kicillof en una entrevista reciente, "el Estado debe ser el garante de la igualdad de oportunidades; el ajuste que sacrifica a los más vulnerables solo perpetúa la brecha de la desigualdad".

Los datos del Ministerio de Trabajo indican que el empleo formal cayó un 2,4 % en el último año, mientras la informalidad se mantiene por encima del 40 %, dejando a millones sin acceso a la seguridad social y a la jubilación digna.

¿A quién beneficia la política del endeudamiento?

Los acreedores internacionales, los fondos de inversión y los conglomerados agroexportadores son los principales beneficiarios de la actual política de endeudamiento. Mientras el Estado destina recursos a pagar intereses, la industria agroexportadora sigue disfrutando de subsidios a la exportación que favorecen la acumulación de capital en manos de una minoría.

Este modelo vulnera la soberanía económica: la capacidad del país para decidir su política monetaria y fiscal queda atada a los condicionantes de los organismos internacionales, lo que limita la posibilidad de financiar programas de educación, salud y vivienda.

La respuesta del Estado: un plan de redistribución urgente

Frente a este panorama, la única salida viable es un plan integral que combine:

• Reactivación del gasto público en salud, educación y vivienda, financiado con una reforma tributaria progresiva que aumente la carga a los sectores de mayores ingresos y a los grandes exportadores.
• Renegociación de la deuda externa bajo criterios de justicia social, buscando alivio de la carga de intereses y ampliando plazos de pago.
• Fortalecimiento del mercado interno mediante subsidios selectivos a la energía y al transporte, que reduzcan los costos de producción y consumo.
• Políticas de empleo público que generen puestos en sectores estratégicos (energía renovable, infraestructura, educación) y que permitan la reincorporación de los desempleados al mercado formal.

Como defendió el peronismo histórico, "el Estado es la herramienta de la justicia social"; hoy, esa afirmación se vuelve una necesidad imperiosa. La memoria de los años de la dictadura nos recuerda que la ausencia del Estado favorece la concentración de poder económico y la vulneración de los derechos humanos.

Conclusión: la dignidad no es negociable

La cifra del 32,3 % de pobreza no es solo un número; es la cara de un modelo económico que prioriza la deuda y la desregulación sobre la vida de la gente. La respuesta no puede ser más que la reafirmación de un Estado activo, soberano y comprometido con la redistribución del ingreso. Sólo así podremos revertir la tendencia y construir una Argentina donde la dignidad sea un derecho garantizado, no una opción de quienes pueden pagar.

Referencias

• INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, 2026.
• BCRA, Boletín de Deuda Externa, diciembre 2026.
• Kicillof, entrevista en Página/12, 2026.

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