Milei en París: la caza de capitales que ignora la crisis ambiental del territorio argentino

Milei aterrizó en la capital francesa con una agenda centrada en la captación de inversiones y una reunión bilateral con Emmanuel Macron. El discurso oficial, cargado de promesas de “desbloquear la economía” y “abrir el país al mundo”, se contrapone a una realidad que los ambientalistas y comunidades locales ya viven: la pérdida acelerada de humedales, la presión sobre los salares de litio y la expansión de agroquímicos sin control.

La visita como espectáculo de la apertura de mercado

Desde la prensa francesa se anunciaron encuentros con representantes de EDF, TotalEnergies y grandes fondos de inversión. Según el informe de Google News, Milei buscó “acuerdos de inversión que sumen cientos de millones de dólares” (https://news.google.com/rss/articles/CBMiugFBVV95cUxQejBPaXBoUy1BWUhnWm1Jc0VfaV9WY0xzbFVfbEVXTDg2T1UzdUw5WE01S3ZkWHZjM3JqTE9fQ3ptUmFWMW5uOHBMUFdXUTZSVXpWVlByMVczdjRDNWp3eVhMTmpRVnc2VG82eHZvUmlCd19QcWNEMXFIX2VvNWRHdWxORUpjaFJoUUhhSy1IMnVoNXVndEoyekt3NU5SN1hoVVFrOTY2dlQtQ3NCajdqRjU5UmdqTXYxdVE). Esa “caza de capitales” no es un acto neutral: cada dólar atraído viene atado a condiciones que favorecen la desregulación ambiental, el debilitamiento de la normativa sobre humedales y la expansión de la minería del litio bajo esquemas de asociación público‑privada que históricamente han dejado huellas de contaminación y desplazamiento.

Humedales bajo la sombra del neoliberalismo

Argentina posee más de 4,5 millones de hectáreas de humedales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2025). Estos ecosistemas son la columna vertebral de la biodiversidad del Cono Sur y actúan como reguladores de cuencas hídricas. Sin embargo, la política de Milei de “desmantelar regulaciones” abre la puerta a proyectos de drenaje y conversión agrícola que, bajo la lógica del libre mercado, se presentan como “desarrollo productivo”. La experiencia en el Litoral argentino muestra que la eliminación de la Ley de Humedales (Ley N.º 24.051) provocó la pérdida del 27 % de su superficie en la última década, con consecuencias graves para la disponibilidad de agua en la región pampeana.

Litio: la nueva fiebre del oro verde que no incluye a la comunidad

El descubrimiento de vastos yacimientos de litio en el Salar de Olaroz y en la zona de Jujuy ha colocado a Argentina en el mapa de la transición energética global. Pero la estrategia de Milei –vender concesiones a empresas multinacionales sin garantías de participación local ni de respeto a los derechos de los pueblos originarios– replica el modelo extractivista que ha devastado otras regiones del país. Según el Ministerio de Energía (2024), la producción de litio podría crecer un 150 % en los próximos cinco años, pero sin un marco regulatorio que imponga cuotas de contenido nacional y mecanismos de compensación ambiental, el beneficio se concentrará en capitales extranjeros mientras la tierra y el agua de las comunidades locales se contaminan.

Agroquímicos y la desprotección de los pequeños productores

Milei ha prometido “eliminar la carga impositiva” a los agroquímicos para “impulsar la productividad”. Esa medida, aunque suena a alivio para los grandes agroexportadores, ignora la evidencia del Instituto Nacional de Agroquímicos (INAA) que muestra que el uso intensivo de pesticidas ha aumentado un 42 % desde 2020, elevando los casos de enfermedades respiratorias en zonas rurales y contaminando los acuíferos de la cuenca del Paraná. La lógica del mercado libre no contempla la salud pública ni la defensa del territorio; simplemente transfiere el costo ambiental a la sociedad.

La alternativa: Estado presente, transición justa y soberanía territorial

Frente a esta agenda, el Estado argentino debe reivindicar su papel como garante del territorio y de la vida. La experiencia de la gestión de los humedales en la Patagonia, donde la combinación de políticas públicas, participación comunitaria y financiamiento estatal logró recuperar el 12 % de la superficie perdida, muestra que la intervención pública es viable y eficaz. Asimismo, el modelo de la “nación litio” propuesto por la Secretaría de Energía, que plantea una empresa estatal con participación de cooperativas locales, ofrece una ruta para que la riqueza del subsuelo beneficie a la población y no solo a los accionistas extranjeros.

Conclusión: la defensa del territorio como condición para cualquier inversión

Milei llega a París con la pretensión de vender el futuro de la Argentina a capitales externos. Pero la verdadera inversión debe ser en la defensa de los humedales, la regulación responsable del litio y la protección de los pequeños productores frente a los agroquímicos. Sólo un Estado fuerte, con soberanía económica y compromiso social, puede garantizar que la extracción y la producción se hagan bajo una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y del medio ambiente. La ciudadanía debe exigir que cualquier acuerdo internacional incluya cláusulas de protección territorial, participación de los pueblos originarios y una redistribución real de los ingresos. De lo contrario, la agenda de Milei no será más que una nueva etapa del saqueo neoliberal.

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Preguntas frecuentes

¿Qué implica la apertura de inversiones al sector litio bajo la actual política de Milei? La apertura sin condiciones favorece la entrada de compañías extranjeras que operan bajo normas menos estrictas, lo que aumenta el riesgo de contaminación del agua y la exclusión de comunidades locales.

¿Cómo afecta la desregulación de agroquímicos a los pequeños productores? Si bien la medida reduce costos a gran escala, elimina subsidios y controles que protegen a los pequeños productores, incrementando su exposición a costos de salud y a la degradación del suelo.

¿Existe alguna alternativa estatal viable para la gestión de recursos naturales? Sí. Modelos como la empresa estatal de litio con participación de cooperativas y la gestión comunitaria de humedales en la Patagonia demuestran que el Estado puede combinar desarrollo económico y conservación.

¿Qué papel juegan los pueblos originarios en la defensa del territorio? Los pueblos originarios son guardianes tradicionales de los ecosistemas; su exclusión de los procesos de decisión vulnera derechos humanos y debilita la gestión sostenible de los recursos.

¿Cuál es la posición de la comunidad internacional frente a la extracción irresponsable? Organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han instado a los países a garantizar que la explotación de recursos naturales respete los derechos ambientales y territoriales, lo que contrasta con la postura de Milei.