Falsas denuncias y fuerzas de seguridad: quién protege a quién

Un congreso, una agenda y las preguntas que no se hacen

Según informa APROPOL NOTICIAS, se realizó un congreso internacional centrado en la problemática de las falsas denuncias contra integrantes de fuerzas policiales, señalando que esta situación también afecta a la llamada "familia policial argentina". La noticia, en su superficie, parece un evento técnico-jurídico de alcance acotado. Pero si uno la lee con atención y con memoria histórica, abre una caja de preguntas mucho más incómodas: ¿quién define qué es una denuncia falsa? ¿Qué instituciones tienen el poder de trazar esa línea? ¿Y en qué dirección histórica apunta ese poder en América Latina?

No se trata de negar que existan denuncias infundadas —las hay, como en cualquier ámbito de la vida pública y privada—. Se trata de entender el contexto político y regional en que esta agenda emerge, y de preguntarse a quién beneficia convertirla en un eje de debate internacional.

La historia que la corporación policial prefiere no contar

América Latina tiene una deuda histórica enorme con las víctimas de la violencia institucional. Argentina, en particular, cargó durante décadas con el peso de fuerzas de seguridad que no respondían ante la ciudadanía sino ante poderes fácticos: primero la dictadura cívico-militar de 1976-1983, luego las estructuras del gatillo fácil que el menemismo consolidó con la desregulación del aparato estatal y el achicamiento del Estado de bienestar.

El movimiento de derechos humanos argentino —las Madres, las Abuelas, los organismos que Zaffaroni defendió desde la doctrina penal garantista— construyó durante décadas un andamiaje jurídico para que las víctimas de abusos policiales pudieran denunciar sin miedo a la represalia institucional. Ese andamiaje es frágil. Necesita mantenimiento democrático permanente. Y cuando desde sectores corporativos se instala la narrativa de que "las denuncias falsas" son el problema central del sistema, lo que se está haciendo, consciente o inconscientemente, es erosionar ese andamiaje.

La pregunta no es si existen falsas denuncias. La pregunta es: ¿cuántas denuncias reales quedan impunes por cada denuncia falsa que prospera?

Soberanía popular vs. autonomía corporativa de las fuerzas de seguridad

En términos de soberanía, el debate sobre el control civil de las fuerzas de seguridad es estructural. Una democracia plena requiere que el monopolio de la fuerza legítima del Estado esté subordinado al poder civil y al escrutinio judicial. Eso no es una concesión ideológica: es la definición misma del Estado de derecho.

Lo que ocurre cuando las fuerzas de seguridad construyen agendas propias —congresos internacionales, redes de asociaciones como APROPOL, marcos jurídicos paralelos para protegerse de denuncias— es que se genera una suerte de autonomía corporativa que desafía ese principio. No es un fenómeno exclusivamente argentino: en Brasil, en Colombia, en México, las policías han desarrollado lobbies institucionales que operan por encima del control democrático, con consecuencias documentadas en términos de impunidad.

En la región, la integración latinoamericana que impulsaron el MERCOSUR, la CELAC y los gobiernos progresistas de la primera y segunda ola tuvo como uno de sus ejes la construcción de marcos comunes de derechos humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con todas sus limitaciones, fue una herramienta de ese proyecto. Cualquier agenda que debilite los mecanismos de denuncia ciudadana contra las fuerzas del Estado opera, objetivamente, en sentido contrario a esa integración soberana.

El garantismo no es impunidad: la confusión que conviene a pocos

Uno de los operativos discursivos más efectivos de los sectores que buscan blindar a las fuerzas de seguridad es equiparar garantismo con impunidad. Zaffaroni lo explicó con claridad en múltiples oportunidades: el garantismo penal no protege a los culpables, protege el procedimiento por el cual se determina la culpabilidad. Sin ese procedimiento, cualquiera puede ser declarado culpable por decreto.

La misma lógica aplica a las denuncias. Que exista un mecanismo para que una denuncia falsa sea desestimada y eventualmente sancionada es parte del sistema garantista. Pero ese mecanismo ya existe en el Código Penal argentino, que tipifica la falsa denuncia y la calumnia. Lo que no puede hacerse es construir una narrativa de victimización corporativa policial que funcione como disuasivo para que ciudadanos reales, con agravios reales, se abstengan de denunciar por miedo a ser contradenunciados.

Ese efecto disuasivo es el verdadero problema. Y es un problema de soberanía popular, porque vacía de contenido el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades.

Qué debería discutir un congreso de verdad

Si el debate internacional sobre las fuerzas de seguridad en Argentina y la región quisiera ser genuinamente útil, tendría que poner sobre la mesa otras preguntas:

• ¿Cuál es la tasa de condena efectiva en causas por violencia institucional en Argentina?
• ¿Qué porcentaje de denuncias por abuso policial llega a juicio oral?
• ¿Cuántos efectivos procesados por causas de derechos humanos siguen en actividad?
• ¿Qué mecanismos de control externo tienen las fuerzas provinciales, que concentran la mayor parte del personal policial del país?

Estas preguntas no niegan que un policía pueda ser víctima de una denuncia injusta. Las incluyen. Pero las contextualizan en el cuadro completo, que es el único cuadro honesto.

Un congreso que parte de la victimización corporativa sin ese contexto no está buscando justicia. Está construyendo un relato. Y ese relato, en el contexto de un gobierno nacional que ha avanzado sobre los organismos de derechos humanos, reducido el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos y desfinanciado programas de formación en derechos para fuerzas de seguridad, no es inocente.

El futuro se construye con más derechos, no con menos denuncias

Desde Eduqueros sostenemos que el futuro se construye desde el Estado, y eso incluye un Estado que garantice el derecho a denunciar sin miedo, que forme a sus fuerzas de seguridad en una cultura de derechos humanos, y que construya los puentes regionales necesarios para que los estándares de protección ciudadana suban en toda América Latina, no bajen.

La integración latinoamericana que vale la pena defender no es solo la de los aranceles y el comercio: es la de los marcos comunes de dignidad. Cada vez que una agenda corporativa —sea financiera, policial o mediática— logra instalarse por encima del debate democrático, la soberanía popular retrocede un paso.

El antídoto no es la desconfianza ciega hacia las fuerzas de seguridad. Es el control democrático robusto, la formación continua, la rendición de cuentas y la cultura institucional que entiende que proteger a la ciudadanía y ser controlada por ella no son cosas opuestas, sino la misma cosa.

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