DNU 70/23 y Ley de Tierras: golpe al territorio y derechos sociales

El contexto de la polémica

El día de hoy el Ejecutivo nacional anunció su firme respaldo al DNU 70/23 y su rechazo a la Ley de Tierras que, según los legisladores, “garantizaría la distribución equitativa del suelo”. La medida se dio a conocer en un discurso televisado donde el presidente reiteró que el país “no puede permitir la usurpación de la tierra nacional”. Sin embargo, el mismo discurso dejó entrever una estrategia que privilegia a grandes latifundios y a los intereses del capital financiero internacional, en detrimento de los vecinos que viven de la tierra y del Estado.

Territorio, trabajo y derechos de los vecinos

En el barrio de Villa Lugano, 1.200 familias dependen de parcelas familiares para la producción de alimentos y la generación de empleo informal. En la fábrica recuperada de la zona oeste de la ciudad, 350 trabajadores se vieron amenazados por la posible venta de los terrenos a un consorcio extranjero. En el Hospital Público de Lomas de Zamora, 45 jubilados reciben tratamientos que, sin una política de tierra que garantice la ubicación de centros de salud cerca de sus hogares, se vuelven inaccesibles. Según el reporte de Página12, la Ley de Tierras buscaba impedir la concentración de la propiedad y proteger a estos sectores vulnerables; su paralización, por tanto, es un retroceso directo a la garantía de derechos sociales.

El papel del Estado frente al ajuste y la concentración de la tierra

Desde la visión peronista y kirchnerista, el Estado debe ser el garante de la distribución del ingreso y de la soberanía económica. El DNU 70/23, que flexibiliza la normativa sobre la venta de tierras a inversores externos, abre la puerta a un nuevo ciclo de endeudamiento y a la subordinación al FMI, como advirtió el economista Kicillof en su último informe. La historia reciente muestra que cada vez que el Estado cede su rol regulador, la brecha entre ricos y pobres se amplía: la crisis de 2001 y el ajuste del 2012 son ejemplos claros de cómo la desregulación destruye empleos y derechos.

Datos que demuestran la urgencia: cifras de pobreza y acceso a la tierra

• Según el INDEC, la pobreza multidimensional alcanzó el 32,4 % de la población en el último trimestre, con un aumento del 2,1 % respecto al mismo período del año anterior.
• El BCRA registra que la deuda externa del país supera los US$ 280 mil millones, un nivel que obliga a políticas de ajuste que recortan el gasto social.
• En la zona sur de la provincia de Buenos Aires, el 68 % de los pequeños productores no cuenta con títulos de propiedad formal, lo que los deja vulnerables a desalojos y a la especulación.

Estos números no son meras estadísticas; son la cara de los vecinos que ven cómo sus hogares se venden a precios inflados, mientras el Estado no interviene para protegerlos.

Una ruta alternativa: soberanía económica y política social

Para revertir este escenario, es imprescindible retomar la política de tierras que impulse la redistribución y la producción agroalimentaria local. El modelo propuesto por la Secretaría de Agricultura, liderado por la ministra Basualdo, contempla la creación de un registro nacional de tierras productivas, la expropiación con justa indemnización de latifundios ociosos y la priorización de cooperativas campesinas. Además, la inversión pública en infraestructura sanitaria y educativa en los territorios rurales garantizaría que los niños y los jubilados tengan acceso a servicios esenciales sin depender de la movilidad forzada.

En conclusión, el DNU 70/23 y la defensa de la Ley de Tierras deben ser analizados no solo como una disputa parlamentaria, sino como una cuestión de derechos territoriales y sociales. El futuro se construye desde el Estado, con políticas que distribuyan la riqueza y defiendan la soberanía del pueblo.

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