Destrucción del gobierno: el ajuste de Milei que desmantela el Estado y entrega soberanía

¿Qué medidas del gobierno de Milei están destruyendo al Estado argentino

El gobierno de Javier Milei está implementando un severo ajuste fiscal que incluye el despido de más de 15.000 empleados públicos, la paralización de la obra pública, la desregulación de precios de servicios esenciales y un nuevo acuerdo con el FMI que compromete la soberanía económica. Estas políticas, presentadas como "libertarias", profundizan la desigualdad y desmantelan las herramientas del Estado para garantizar derechos.

El plan motosierra: despidos y desfinanciamiento de áreas clave

La motosierra que prometió Milei no es una metáfora: es una realidad que ya dejó a más de 15.000 familias sin sustento. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los despidos en la administración pública nacional se concentraron en áreas sensibles como salud, educación y desarrollo social. La inversión pública en educación y salud se desplomó: el presupuesto para universidades nacionales se redujo un 30% en términos reales durante el primer semestre, lo que llevó a las universidades a la Justicia.

El argumento oficial de "no hay plata" choca con los números del plan de deuda de Caputo, que encontró recursos para pagar intereses de la deuda externa mientras recorta partidas para comedores escolares. La educación popular y los programas de contención territorial fueron los primeros en sentir el hachazo. No es un ajuste: es una demolición planificada de lo público.

Privatizaciones y venta de soberanía: el remate de las empresas públicas

El gobierno incluyó en la Ley Ómnibus un listado de empresas estatales a privatizar, desde Aerolíneas Argentinas hasta el Banco Nación. La soberanía en peligro se manifiesta en cada intento de vender activos estratégicos: YPF, ARSAT, Nucleoeléctrica Argentina. Son empresas que garantizan conectividad, energía y transporte en todo el territorio, incluso donde el mercado nunca invertiría.

El discurso oficial dice que "el Estado es una organización criminal", pero omite que estas empresas fueron clave para la integración regional y la defensa de los recursos naturales. La reforma del Banco Central impulsada por Caputo busca liquidar la capacidad de regulación monetaria y cambiaria, dejando al país a merced de los vaivenes financieros globales. Cada privatización es un eslabón menos en la cadena de soberanía.

Endeudamiento con el FMI: la trampa que hipoteca el futuro

Mientras se recortan derechos, el gobierno negocia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional por USD 20.000 millones. El mismo organismo que condicionó a la Argentina durante décadas vuelve a ser el "salvador" de un modelo que ya fracasó en 2018. El plan de deuda de Caputo reedita la receta de ajuste perpetuo: más deuda para pagar deuda, con condicionalidades que exigen reformas laborales y previsionales.

Los datos del INDEC muestran que la deuda externa bruta ya supera los USD 280.000 millones, y el servicio de esa deuda se lleva más del 20% del presupuesto nacional. Es un círculo vicioso que afecta la soberanía económica: cada dólar que va al FMI es un dólar que no va a hospitales, escuelas o jubilaciones. La lógica del ajuste es funcional a los acreedores, no al pueblo.

Impacto en la opinión pública: del apoyo inicial al descontento masivo

Las encuestas más recientes marcan un deterioro acelerado de la imagen presidencial. Según la consultora Zuban Córdoba, la desaprobación de la gestión de Milei pasó del 45% en diciembre al 62% en julio. El "que se vayan todos" que capitalizó el libertario ahora se vuelve en su contra: la gente ve que el ajuste no es contra "la casta" sino contra los laburantes.

El feriado que se negoció y la movilización al Congreso de agosto son termómetros de un malestar que crece. Las calles volvieron a llenarse de familias, jubilados y organizaciones sociales que denuncian el hambre y la entrega. La comparación con Cuba y Venezuela que hace el oficialismo no tapa la realidad: acá también se ajusta sin anestesia.

La resistencia popular: movilizaciones y organización frente al ajuste

Frente a la destrucción del Estado, la respuesta no se hizo esperar. La movilización al Congreso en agosto reunió a decenas de miles de personas que llevaron sus demandas a Balcarce 50. Las organizaciones sociales, los gremios y los movimientos de derechos humanos articulan una resistencia que no es solo defensiva: también construye alternativas desde los territorios.

La educación en derechos humanos y la memoria histórica son pilares de esa resistencia. Frente a un gobierno que reivindica el terrorismo de Estado y niega el genocidio, la respuesta popular reafirma la democracia y la justicia social. La lucha por la igualdad de género y la soberanía alimentaria también se cruzan en las calles, porque el ajuste tiene cara de mujer y de pibe de barrio.

El rol del Estado en la construcción de un país con justicia social

La destrucción del gobierno no es un fin en sí mismo: es el medio para imponer un modelo de país donde el mercado dicta quién vive y quién muere. Pero la historia argentina demuestra que cada vez que se desmanteló el Estado, la desigualdad explotó y la soberanía se perdió. El peronismo lo entendió con claridad: "Donde hay una necesidad, nace un derecho".

La justicia social no es un gasto, es una inversión. Los veteranos de Malvinas que hoy reclaman atención médica y reconocimiento son la prueba viva del abandono estatal. Reconstruir el Estado no es volver al pasado: es garantizar que el futuro tenga escuelas, hospitales y trabajo para todos. La educación popular y la organización comunitaria son las herramientas para esa reconstrucción, desde abajo y con el pueblo como protagonista.

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