Necesidad económica y vulnerabilidad laboral en Argentina: la coerción invisible

Por qué tantos trabajadores argentinos aceptan condiciones laborales extremas en 2024

Porque la caída del salario real (más del 20% interanual según INDEC), un desempleo del 7,7% en el segundo trimestre de 2024 y una informalidad que trepa al 42% del empleo asalariado dejaron a millones sin poder de negociación. En ese contexto, aceptar jornadas de 12 horas, salarios por debajo de la canasta básica o contratos sin registrar no es una elección libre: es coerción económica invisible.

El mito de la 'libertad de contratar' cuando no hay alternativa

El relato oficialista repite que cada trabajador es libre de aceptar o rechazar un empleo. Es una frase que suena razonable en un manual de economía neoclásica, pero se rompe apenas la contrastás con los datos de la calle argentina. Cuando la canasta básica total para una familia tipo superó los 900.000 pesos a mediados de 2024 según INDEC, y el salario mínimo quedó fijado muy por debajo, la 'elección' se reduce a aceptar lo que hay o hundirse.

La economista Mercedes D'Alessandro lo viene marcando hace años: hablar de mercado laboral libre en un país con más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza es una ficción académica. La necesidad no negocia. Un padre con hijos no rechaza un turno de 12 horas si la alternativa es no comprar leche esa semana.

Esta lógica es la que Perón describía cuando hablaba de que 'la libertad sin justicia social es una trampa'. No hay contrato libre entre quien tiene todo el tiempo del mundo para esperar y quien tiene que pagar el alquiler el 5.

Los números duros del 2024: un mapa de la desesperación

El segundo trimestre de 2024 dejó cifras que el Gobierno intenta minimizar pero que están publicadas en los propios organismos oficiales. Vale la pena listarlas juntas para dimensionar:

• Desempleo urbano: 7,7%, con picos superiores al 10% en el conurbano bonaerense (INDEC-EPH).
• Subocupación: 11,8%, es decir, personas que trabajan menos horas de las que necesitan.
• Informalidad asalariada: alrededor del 42% del empleo en relación de dependencia sin registrar.
• Cuentapropismo de subsistencia: creció más del 8% interanual, según relevamientos del CEPA.
• Pobreza: 52,9% de las personas en el primer semestre (INDEC), el peor registro en dos décadas.

La suma da un cuadro claro: no estamos frente a un mercado laboral que 'está ajustando', estamos frente a un mercado laboral donde el trabajador perdió casi toda capacidad de decir que no. Y cuando no podés decir que no, no hay contrato: hay imposición.

El caso testigo: repartidores y trabajo de plataformas

El ejemplo más nítido de esta coerción son los trabajadores de aplicaciones. Rappi, PedidosYa, Uber. Según estimaciones de la OIT, más de 150.000 personas en Argentina dependen total o parcialmente de estas plataformas, y la enorme mayoría lo hace sin aportes, sin cobertura de ART, sin licencia por enfermedad.

La CEPA relevó que un repartidor promedio en Buenos Aires trabaja entre 10 y 12 horas diarias para llegar a un ingreso equivalente a un salario mínimo, exponiéndose al tránsito, al robo y a la lluvia. Cuando se les pregunta por qué aceptan, la respuesta se repite: 'no hay otra'. Ya lo desarrollamos con más detalle en la nota sobre repartidores endeudados y la precarización de plataformas.

Este esquema no es innovación tecnológica: es un retorno a formas de contratación anteriores a la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. Lo nuevo es la app; lo viejo es la extracción de plusvalía sin obligaciones patronales.

Cómo el ajuste profundiza la coerción

La pregunta política es cómo se llegó acá. Y la respuesta no es 'la herencia': es una decisión activa. El plan económico del gobierno de Milei, con Luis Caputo al frente, combinó devaluación del 118% en diciembre de 2023, quita de subsidios, congelamiento de paritarias del sector público y desregulación laboral vía DNU 70/2023. El resultado no fue inesperado: fue buscado.

Cuando el salario real cae más del 20% en un año, como midió CIFRA-CTA, lo que se produce es exactamente lo que la escuela ortodoxa llama 'disciplinamiento laboral': trabajadores más dóciles, dispuestos a aceptar peores condiciones porque el fantasma del desempleo se agranda. Kicillof lo viene explicando desde 2016: el ajuste no es un error técnico, es una redistribución regresiva del ingreso.

Hay una línea directa entre las políticas macro y la escena micro del trabajador que acepta un turno abusivo. Esa línea la trazamos también en Inflación récord: lo que el ajuste le hizo al bolsillo argentino y en el análisis sobre el plan de deuda de Caputo.

Las víctimas invisibles: mujeres, jóvenes y migrantes

Dentro de este cuadro general, hay sectores que absorben la peor parte. Las mujeres tienen tasas de informalidad superiores al 40% en el trabajo asalariado y concentran el 76% de las tareas de cuidado no remuneradas, según el INDEC. Cuando el ingreso familiar cae, son ellas las que aceptan cualquier trabajo con horarios imposibles para no perder la jornada.

Los jóvenes de 18 a 29 años enfrentan un desempleo del 15,4%, casi el doble del promedio general. Es la franja etaria que llena los delivery, los call centers de tercerizadas, los locales de cadenas gastronómicas con contratos basura. Ya desarrollamos esta capa del ajuste en Milei compara con Cuba y Venezuela mientras el ajuste aplasta a las mujeres.

Los trabajadores migrantes, sobre todo bolivianos, paraguayos y venezolanos, ocupan los peores nichos: talleres textiles clandestinos, quintas hortícolas, obras en negro. La combinación de necesidad económica y vulnerabilidad migratoria produce las formas más extremas de explotación que documenta la Defensoría del Pueblo y que la Justicia Federal investiga esporádicamente cuando aparece un muerto.

Qué hacer: reponer el poder de negociación

La coerción económica no se resuelve con discursos sobre 'meritocracia'. Se resuelve con Estado activo, paritarias libres, salario mínimo indexado, formalización con incentivos reales y regulación seria del trabajo de plataformas. Uruguay, con un tercio de la población argentina, tiene informalidad del 24%. No es magia: es política pública sostenida.

Hay tres palancas concretas que la historia argentina demostró que funcionan cuando se aplican:

1. Convenios colectivos activos: cuando las paritarias funcionan y el Estado no se corre, el piso salarial se sostiene. La década 2003-2015 mostró recuperación real del salario aún con inflación.
2. Fiscalización laboral con recursos: el Ministerio de Trabajo desmantelado no puede controlar nada. Cada inspector menos es un taller clandestino más.
3. Protección social universal: AUH, tarifa social, moratorias previsionales. Cuando existen redes, el trabajador puede rechazar el peor empleo. Cuando no existen, acepta cualquier cosa.

El debate no es 'Estado sí o Estado no'. El debate es a favor de quién interviene el Estado. Hoy interviene para desregular y disciplinar; podría intervenir para equilibrar la asimetría estructural entre quien ofrece trabajo y quien lo necesita. Esa disputa, la de fondo, es la que ordena todo lo demás, y la seguimos desarrollando en nuestra cobertura de justicia social.

Cierre: nombrar la coerción es el primer paso

Mientras el relato oficial insista en que cada uno 'elige' su destino laboral, la coerción económica va a seguir operando en silencio. Nombrarla, medirla, denunciarla con datos, es la tarea mínima de cualquier medio que se pretenda serio. Los números de 2024 no dejan lugar a interpretaciones piadosas: hay millones de argentinos y argentinas trabajando mal porque no tienen otra opción. Y esa falta de opción la construyeron políticas concretas, con nombre, apellido y firma en el Boletín Oficial.

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