Ciudadanía por Inversión: ¿Una traición a la memoria y los derechos humanos de la Argentina?

El programa anunciado y sus promesas

El Gobierno anunció esta semana el Programa de Ciudadanía por Inversión, que permitiría a extranjeros obtener la nacionalidad argentina a cambio de una inversión mínima de US$200.000 en proyectos productivos. Según el comunicado oficial, la medida buscaría “atraer capitales, dinamizar la economía y reforzar la inserción internacional del país”según la fuente original. La prensa oficial habla de “inversión estratégica” y de “creación de empleo”. Sin embargo, la medida se inserta en un contexto de ajuste fiscal, de deuda externa creciente y de negociaciones con el FMI que han encarecido la vida de los argentinos.

La venta de la ciudadanía: precedentes históricos y memoria

Vender la nacionalidad no es una práctica nueva en la historia argentina, pero sí está cargada de una profunda carga simbólica. Durante la última dictadura militar (1976‑1983) el Estado se apropiaba de la identidad de los desaparecidos, negándoles la ciudadanía y borrando sus nombres de los registros oficiales. Fue el trabajo incansable de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, junto a los juicios de la Corte Suprema, lo que devolvió a esas víctimas la dignidad y la memoria.

Convertir la ciudadanía en un bien de mercado revierte ese proceso: se vuelve a tratar la identidad nacional como un activo negociable, como si la patria pudiera ser “comprada” por quien tenga los recursos. Esa lógica recuerda a los planes de “colonias” de principios del siglo XX, cuando la élite terrateniente vendía tierras a inmigrantes bajo la promesa de “civilizar” el interior, sin considerar los derechos de los pueblos originarios ni la memoria de los pueblos afrodescendientes.

Derechos humanos en juego: riesgos de impunidad y exclusión

El derecho a la nacionalidad está consagrado en la Constitución (art. 16) y en tratados internacionales que Argentina ratificó, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Transformarlo en una transacción financiera vulnera esos compromisos y abre la puerta a discriminación estructural: solo quienes poseen capital podrán acceder a la plenitud de los derechos ciudadanos, mientras que la mayor parte de la población, que vive con salarios que el INDEC sitúa en torno al 70 % del promedio mundial, quedará relegada.

Además, la medida genera un riesgo de impunidad para los crímenes del pasado. Al abrir la puerta a nuevos ciudadanos sin un proceso de verificación exhaustiva, se corre el peligro de que individuos vinculados a regímenes represivos o a redes de corrupción ingresen al país bajo la fachada de “inversor”. El Estado, que debería ser garante de la memoria, se convierte en custodio de una “puerta de entrada” que podría ser utilizada para evadir la justicia.

El Estado como garante: alternativas de política pública

En lugar de mercantilizar la ciudadanía, el Estado debería fortalecer políticas de inversión pública que prioricen la producción nacional, la generación de empleo digno y la soberanía económica. El BCRA registra que la inversión extranjera directa cayó un 12 % en los últimos dos años, mientras que la deuda externa supera el 70 % del PIB. Estas cifras indican que el modelo de “capitales como solución” ya no funciona.

Una alternativa viable es reactivar los planes de industrialización nacional impulsados por el gobierno de la Nación, como la creación de fábricas de energía renovable, la ampliación de la cadena de valor agroalimentaria y la inversión en infraestructura educativa y sanitaria. Estas acciones no solo generan empleo, sino que también refuerzan la memoria colectiva al involucrar a la población en la construcción de un futuro que no repita los errores del pasado.

Conclusión: la ciudadanía no se vende, se defiende

El Programa de Ciudadanía por Inversión pretende ser una solución rápida a los problemas estructurales de la economía, pero a costa de la memoria y los derechos humanos que la democracia logró rescatar. La verdadera soberanía económica pasa por un Estado presente, que garantice la igualdad de oportunidades y proteja la identidad nacional como un bien público, no como una mercancía.

Como decía Juan Domingo Perón, “la verdadera justicia social nace del Estado que protege al pueblo”. No podemos permitir que ese Estado se convierta en vendedor de pasaportes. La defensa de la ciudadanía es, en última instancia, la defensa de la memoria, la dignidad y la justicia para todos los argentinos.

Relacionado: Salario mínimo en Argentina por hora: un análisis necesario para el pueblo — otra mirada sobre el mismo tema.