Chiarella exige cerrar los procesos fundacionales: memoria y derechos humanos

El discurso de Chiarella y la urgencia de cerrar la herida fundacional

En el Coloquio IDEA, el economista Ricardo Chiarella declaró que “Argentina necesita terminar con los procesos fundacionales”. La frase, aunque suena técnica, encierra una demanda política: romper con los esquemas de ajuste y desregulación que, según él, han mantenido al país anclado a una lógica de subordinación externa. Pero el debate no se reduce a una cuestión de política macro; es, ante todo, una cuestión de memoria y derechos humanos. Cada reforma estructural que ignora los crímenes del pasado reproduce la violencia estructural que alimentó la dictadura (1976‑1983) y que hoy se niega a reconocer en la agenda oficial.

Memoria, derechos humanos y los procesos fundacionales

Los “procesos fundacionales” a los que alude Chiarella hacen referencia a la serie de reformas iniciadas en los años setenta, que culminaron con la crisis de 2001 y la posterior apertura al FMI. Ese modelo económico se construyó sobre la anulación de derechos laborales, la privatización de servicios básicos y la imposición de deuda externa. La consecuencia inmediata fue la profundización de la desigualdad y la vulnerabilidad de los sectores más débiles, precisamente los mismos que fueron blanco de desapariciones forzadas y torturas durante la dictadura.

Desde la perspectiva de la memoria, la continuidad de esas políticas es una forma de negación. Como recordaba el jurista Eugenio Zaffaroni, “el derecho a la verdad es tan esencial como el derecho a la vida”. Cada intento de volver a abrir la agenda de ajuste sin reparar los daños históricos constituye una nueva forma de violencia estructural. En este sentido, la propuesta de Chiarella, aunque parezca un llamado a la eficiencia, debe ser leída bajo la lupa de los derechos humanos: ¿qué garantías existen para que esas reformas no vuelvan a vulnerar a los trabajadores, a las comunidades originarias y a las víctimas de la represión?

El rol del Estado como garante de la justicia social

La defensa del Estado activo es una constante de nuestra tradición peronista y kirchnerista. Como lo sostuvo el ex‑ministro de Economía Axel Kicillof, “el Estado debe ser el motor del desarrollo, no el árbitro de los intereses financieros”. En la práctica, eso implica una política fiscal progresiva, la nacionalización de recursos estratégicos y la regulación del mercado interno para evitar la concentración de poder económico.

Los datos del INDEC muestran que, pese a la recuperación post‑pandemia, la brecha salarial sigue ampliándose y la pobreza estructural afecta al 30 % de los hogares. La lógica de los procesos fundacionales, basada en la reducción del gasto social, vuelve a poner en riesgo la garantía de derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda. En lugar de seguir la senda del endeudamiento externo, la política debe orientarse a la soberanía económica, a la recuperación del mercado interno y a la protección de los derechos colectivos.

Una agenda de justicia social basada en la memoria

Para articular una respuesta coherente, es indispensable integrar la memoria histórica en la agenda de políticas públicas. La Comisión Nacional por la Memoria (CNM) ha documentado más de 30 000 casos de desapariciones forzadas; esas cifras deben ser la base para diseñar programas de reparación que incluyan, entre otros, la garantía de empleo digno y la creación de fondos de desarrollo regional.

En la línea de lo que propone la periodista María Rebord en Página/12, la educación popular es la herramienta para que las nuevas generaciones comprendan la relación entre la represión del pasado y la vulnerabilidad actual ante políticas de ajuste. Asimismo, la defensa de los derechos humanos no es una cuestión de símbolos, sino de concreciones: tribunales independientes, acceso a la justicia y protección de los sindicatos.

Conclusión: cerrar la herida para avanzar

Si bien Chiarella plantea la necesidad de “terminar con los procesos fundacionales”, la forma de hacerlo no puede ser mediante la mera liberalización del mercado. La única vía posible es la construcción de un proyecto nacional que ponga en el centro la memoria, los derechos humanos y la justicia social. Sólo así el Estado podrá recuperar su rol activo, garantizar la distribución del ingreso y afirmar la soberanía económica que la dictadura intentó destruir.

Como advierten los analistas de Ámbito, la historia se repite cuando no se aprende de ella. Es momento de cerrar la herida fundacional, no con discursos de ajuste, sino con políticas que honren a las víctimas, fortalezcan el mercado interno y devuelvan al pueblo la capacidad de decidir su futuro.

Fuentes

• Chiarella en el Coloquio IDEA
• INDEC, Encuesta Permanente de Hogares 2023
• Axel Kicillof, discurso en la Comisión de Economía, 2024

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