Pobreza en aumento: la crisis social desvela la devastación ambiental

La cifra que no miente

El último informe del INDEC muestra que la pobreza en nuestro país alcanzó el 34,4 %, con 800.000 personas que pasaron de la condición de no pobres a pobres en apenas un año, y un notable aumento de la indigencia en la zona norte. según el informe del INDEC. Estos datos no son simples estadísticas; son la evidencia de un modelo económico que prioriza la exportación de materias primas y la desregulación del territorio sobre la vida digna de los argentinos.

Ajuste económico y saqueo de territorios

Desde la última década, la política de ajuste impuesta por organismos internacionales ha profundizado la dependencia externa y ha dejado al Estado sin recursos para financiar programas de protección social y ambiental. La desregulación del sector agropecuario y la apertura indiscriminada a la minería y al litio han convertido a nuestras provincias en campos de extracción, donde la tierra se vende al mejor postor y los habitantes quedan sin acceso a recursos esenciales como el agua.

Los números del Banco Central revelan que la deuda externa supera el 70 % del PIB, una carga que obliga a la nación a priorizar el servicio de la deuda sobre la inversión pública en infraestructura verde, salud y educación. Esta lógica de “servir al acreedor” se traduce en la pérdida de humedales, la expansión de monocultivos y la vulnerabilidad de los pueblos originarios, que ven sus territorios invadidos por megaproyectos sin consulta previa.

Extractivismo, humedales y comunidades originarias

El reciente proyecto de expansión del litio en el norte argentino avanza sin considerar el impacto sobre los humedales de la Puna, ecosistemas claves para la regulación hídrica y la biodiversidad. La falta de una legislación robusta de protección de humedales permite que empresas privadas, con respaldo estatal, destruyan zonas que tradicionalmente han garantizado la subsistencia de comunidades mapuches y diaguitas.

Según el Ministerio de Ambiente, el 42 % de los humedales catalogados están amenazados por la actividad agroindustrial y minera. Cada hectárea perdida equivale a una reducción de la capacidad de absorción de carbono y a la pérdida de fuentes de agua para la agricultura familiar, incrementando la vulnerabilidad alimentaria y, por ende, la pobreza.

La necesidad de una política estatal de territorio y energía justa

El Estado debe reconquistar el control del territorio y orientar la producción hacia una transición energética justa. Eso implica, entre otras cosas, invertir en energía renovable descentralizada, promover la agroecología y garantizar la participación efectiva de los pueblos originarios en la planificación de proyectos.

Una política de soberanía económica no puede desvincularse de la defensa del medio ambiente. La redistribución del ingreso debe acompañarse de la redistribución del territorio: tierras productivas devueltas a cooperativas agrarias, áreas protegidas ampliadas y recursos naturales gestionados bajo el principio de uso colectivo.

Hacia una salida: Estado, trabajo y territorio

Solo un Estado activo, con capacidad fiscal y voluntad política, puede revertir la tendencia. Es necesario:

1. Reformular el presupuesto nacional, destinando al menos el 5 % del PIB a inversiones verdes y a programas de protección social.
2. Reactivar la legislación de humedales, con sanciones efectivas para quienes vulneren los ecosistemas.
3. Crear un fondo soberano de transición energética, alimentado por los ingresos del litio y del gas, para financiar proyectos comunitarios de energía renovable.
4. Garantizar la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, tal como lo establece la Convención 169 de la OIT.
5. Fortalecer la economía popular, mediante la promoción de cooperativas, la extensión de crédito a pequeñas y medianas empresas agroecológicas y la creación de empleo digno en sectores verdes.

En definitiva, la subida de la pobreza no es un accidente estadístico; es la consecuencia directa de la ausencia de un Estado que defienda el territorio y la vida. Sólo con una política integral que combine justicia social, soberanía económica y protección ambiental podremos detener el avance de la indigencia y construir un futuro donde la dignidad sea la norma y no la excepción.

Fuentes

• INDEC – Encuesta Permanente de Hogares, noviembre 2026.
• Banco Central de la República Argentina – Boletín de deuda externa, 2026.
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable – Reporte de humedales amenazados, 2026.

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