El feriado que se negocia: territorio, tiempo libre y la lógica del ajuste

Un feriado que no sabe si es feriado

El episodio parece menor, casi anecdótico: el presidente Javier Milei confirmó un feriado, pero un mensaje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sembró dudas sobre si efectivamente iba a regir. Así lo reportó BAE Negocios. La confusión entre la palabra presidencial y la señal de una entidad deportiva privada generó incertidumbre en trabajadores, comerciantes y familias que simplemente querían saber si al día siguiente había que madrugar o no.

Pero leer esto como un problema de comunicación gubernamental sería quedarse en la superficie. Desde una perspectiva territorial y ambiental, este pequeño caos administrativo revela algo mucho más profundo: la progresiva disolución del Estado como organizador del tiempo y el espacio colectivo, reemplazado por la lógica de actores privados y corporaciones que negocian en función de sus propios intereses económicos.

El tiempo libre como territorio en disputa

En la Argentina, los feriados nacionales no son caprichos del calendario. Son conquistas históricas que expresan una concepción del tiempo social: la idea de que hay momentos que pertenecen al conjunto de la comunidad y no al mercado. El descanso, la conmemoración, la fiesta popular son formas de habitar el territorio que no se reducen a la productividad económica.

Cuando esa decisión empieza a depender de una negociación entre el Poder Ejecutivo y la AFA —una entidad privada cuya lógica central es el negocio del fútbol profesional—, el territorio simbólico del tiempo libre queda subordinado a intereses que no representan al conjunto del pueblo trabajador. Es exactamente la misma lógica que opera cuando se discute si una zona de humedales merece protección legal o si está disponible para el agronegocio: ¿quién decide sobre los bienes comunes? ¿El Estado en representación de la ciudadanía, o el actor económico con mayor capacidad de presión?

El ajuste no es solo presupuestario: también es simbólico

El gobierno de Milei ha construido su relato sobre la idea de que el Estado es el problema y el mercado es la solución. Esa filosofía no se aplica solo a los presupuestos de educación, salud o ciencia. Se aplica también a la gestión del tiempo colectivo, a la organización del calendario laboral, a la capacidad del Estado de decir con autoridad: "este día es de todos".

La confusión del feriado es, en ese sentido, un síntoma cultural del ajuste. Un Estado que se achica, que desregula, que delega, termina siendo un Estado que ni siquiera puede garantizar certeza sobre si al día siguiente hay que ir a trabajar. Los trabajadores informales, los cuentapropistas, los comerciantes de barrio —sectores que ya cargaron el peso más brutal del ajuste económico— son los que más sufren esa incertidumbre, porque no tienen convenio colectivo ni área de RRHH que los oriente.

Mientras tanto, la AFA —una corporación que mueve millones de dólares, que negocia derechos televisivos con plataformas internacionales y que históricamente ha operado con escasa transparencia institucional— aparece en el centro de la escena con capacidad de generar dudas sobre una decisión soberana del Estado nacional. Eso no es normal. O mejor dicho: es exactamente lo que pasa cuando el Estado renuncia a su rol ordenador.

Territorio, cuerpo y descanso: una lectura ambiental

Desde el ambientalismo popular y la perspectiva de los derechos territoriales, el tiempo libre no es un lujo: es una condición de reproducción de la vida. Las comunidades que resisten el avance del extractivismo en el norte argentino, los vecinos que defienden los humedales del Paraná, los pueblos originarios que pelean por sus territorios ancestrales, todos comparten una reivindicación que va más allá del recurso natural: el derecho a decidir sobre el tiempo y el espacio en que viven.

El feriado, en esa clave, es también un bien común. Es tiempo que se sustrae a la acumulación y se devuelve a la comunidad. Cuando ese tiempo queda en disputa entre el Ejecutivo y una corporación futbolística, se reproduce en escala menor la misma tensión que existe entre las empresas mineras y las asambleas ciudadanas que rechazan el extractivismo de litio sin consulta previa: ¿quién tiene derecho a decidir sobre lo que es de todos?

No es casualidad que este gobierno haya avanzado simultáneamente en la desregulación ambiental, la apertura irrestricta a la minería, el desfinanciamiento de organismos de control territorial y la erosión de la capacidad estatal de planificación. Todo forma parte del mismo paradigma: el Estado mínimo que deja el campo libre a los actores del mercado, sean empresas extractivas o corporaciones deportivas.

Lo que el Estado debería garantizar

Una gestión que ponga al pueblo primero —como proponemos desde Eduqueros— entiende que el rol del Estado no es solo gestionar la economía sino también organizar la vida colectiva con criterios de justicia social y sostenibilidad. Eso incluye:

• Claridad y previsibilidad en el calendario laboral, para que trabajadores y trabajadoras puedan planificar su vida sin depender de mensajes contradictorios de entidades privadas.
• Regulación efectiva de las corporaciones que operan en el espacio público —incluyendo a la AFA—, con transparencia en sus decisiones y rendición de cuentas.
• Protección de los bienes comunes temporales y territoriales, desde los humedales hasta los feriados, como expresiones del derecho colectivo frente a la lógica del mercado.
• Fortalecimiento institucional, porque un Estado que no puede comunicar con autoridad si hay o no feriado es un Estado que ha perdido la capacidad de conducción que la ciudadanía necesita.

El futuro, como dice nuestra línea editorial, se construye desde el Estado. No desde la AFA, no desde el FMI, no desde los fondos de inversión. Desde las instituciones que representan al conjunto de la sociedad y que tienen la obligación de garantizar derechos —incluido el derecho al descanso, a la conmemoración, a la fiesta popular.

El síntoma y la enfermedad

Sería fácil reírse de la anécdota: un presidente que confirma un feriado y una entidad futbolística que lo pone en duda. Pero el humor no alcanza cuando lo que está en juego es la autoridad del Estado para organizar la vida de treinta y seis millones de personas.

El extractivismo territorial, la desprotección de los humedales, la entrega de recursos naturales sin consulta a las comunidades y la incapacidad de garantizar un feriado sin que una corporación privada lo complique son manifestaciones distintas del mismo problema: un modelo que subordina lo colectivo a lo privado, lo común a lo rentable, el territorio a la especulación.

Mientras no se revierta esa lógica, vamos a seguir discutiendo si hay o no feriado el mismo día que las topadoras avanzan sobre los bosques nativos y las empresas mineras negocian concesiones en territorios indígenas. La escala cambia; la pregunta de fondo es siempre la misma: ¿de quién es este territorio, este tiempo, este futuro?

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