Contradicciones políticas libertarias en la gestión Milei: la lista

Cuáles son las principales contradicciones entre las promesas de campaña de Milei y su gestión real

Las principales contradicciones entre el discurso libertario y la gestión de Javier Milei incluyen el aumento y creación de impuestos pese al lema "impuesto es robo", un nuevo endeudamiento con el FMI por USD 20.000 millones tras prometer romper con el organismo, la designación de la casta política que decía combatir y una subejecución presupuestaria en educación, ciencia y obra pública superior al 30% en 2024. Ninguna empresa pública fue efectivamente privatizada en dos años de gestión.

"Impuesto es robo": el gobierno que más tributos creó y prorrogó

En campaña, Javier Milei repitió como mantra que "el impuesto es robo" y que iba a bajar la presión fiscal hasta hacerla "desaparecer". La realidad de la gestión muestra lo contrario: el impuesto PAIS, que el propio oficialismo criticaba durante la era Massa, fue extendido y explotado hasta último momento, generando una recaudación extraordinaria antes de su vencimiento en diciembre de 2024, según datos de ARCA (ex AFIP).

Al mismo tiempo, el paquete fiscal aprobado con la Ley Bases incluyó una rebaja de Bienes Personales para los grandes patrimonios —vía el régimen de blanqueo— y una restitución de Ganancias sobre trabajadores, tributo que Sergio Massa había eliminado para la cuarta categoría. Es decir: menos impuestos para los que más tienen, más impuestos para los que viven de un salario.

El contraste es cristalino. Como analizamos en Inflación récord: lo que el ajuste le hizo al bolsillo argentino, la presión tributaria efectiva sobre los sectores medios y bajos aumentó porque el IVA (impuesto regresivo por excelencia) pasó a pesar más en la canasta tras la devaluación de diciembre de 2023.

"No al FMI": USD 20.000 millones de nueva deuda con el Fondo

Durante toda la campaña de 2023, la Libertad Avanza denunció que el Fondo Monetario Internacional era parte del problema y que había que "cortar" con el multilateralismo financiero. Milei llegó a decir que iba a "pagar con lo que sea" para no seguir dependiendo del organismo.

En abril de 2025, el gobierno firmó un nuevo acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones, el mayor préstamo del Fondo a un país en la historia reciente, según el propio comunicado del Ministerio de Economía. No solo no se cortó la dependencia: se profundizó. Y las condicionalidades —ajuste fiscal, desregulación cambiaria, reforma previsional— son las mismas que la ortodoxia viene exigiendo hace décadas.

El artículo El plan de deuda de Caputo: soberanía en venta al mejor postor reconstruye en detalle cómo se armó esta nueva ronda de endeudamiento y quiénes son los beneficiarios del rulo financiero que se monta sobre ese flujo de dólares.

"Contra la casta": los mismos apellidos de siempre

Otra promesa central fue la guerra contra "la casta política". Sin embargo, el Gabinete y las áreas clave del Estado se poblaron rápidamente de figuras que provienen exactamente de ese universo:

• Luis Caputo en Economía, ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri y responsable del endeudamiento récord de 2018.
• Patricia Bullrich en Seguridad, con recorrido en el Frepaso, la Alianza, el PRO y ahora LLA.
• Federico Sturzenegger, presidente del BCRA durante el macrismo, hoy a cargo de la motosierra desregulatoria.
• Intendentes y dirigentes del PRO absorbidos vía acuerdos electorales en provincia de Buenos Aires y CABA.

La "casta" no fue combatida: fue reciclada. Y las decisiones sobre política monetaria, cambiaria y financiera están en manos de los mismos operadores que gestionaron el ciclo 2015-2019, como se detalla en Reforma del Banco Central y los negocios de Caputo: el conflicto de intereses que nadie mira.

Privatizaciones anunciadas, privatizaciones no ejecutadas

La Ley Bases incluyó un listado de empresas públicas "privatizables" —Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos, Correo, Radio y Televisión Argentina, entre otras—. El discurso libertario prometía que en meses se iba a "desguazar" el Estado empresario.

A dos años de gestión, según los registros del Boletín Oficial, ninguna de esas empresas fue efectivamente privatizada. Hubo intentos fallidos con Aerolíneas (rechazado por el propio Congreso al retirarla del listado), y avances parciales en la desregulación de organismos, pero la promesa estrella del "Estado mínimo" no se materializó en transferencias de activos.

Lo que sí hubo fue vaciamiento por subejecución: se dejaron de pagar sueldos, se congelaron partidas, se despidieron trabajadores. Un modelo que ya vimos: no se privatiza formalmente, se destruye por dentro. Es el mismo esquema documentado en Efectos del ajuste en la educación pública durante el gobierno de Macri: radiografía de un retroceso.

Educación y ciencia: la subejecución como política

El capítulo educativo es quizás el más elocuente. El presupuesto 2024 fue prorrogado del 2023 (el gobierno se negó a presentar uno nuevo), y aun así se subejecutó de forma sistemática. Según reportes de la Oficina de Presupuesto del Congreso y de CTERA, las partidas de universidades, becas Progresar, infraestructura escolar y ciencia y técnica mostraron caídas reales superiores al 30% en 2024.

El conflicto universitario que estalló con las marchas federales de abril y octubre de 2024 mostró la magnitud del problema: los salarios docentes universitarios perdieron alrededor de un 30% en términos reales según CONADU, y los gastos de funcionamiento de las casas de estudio quedaron al borde del colapso. Como reconstruimos en Las universidades van a la Justicia: el ajuste tiene nombre y apellido, los rectorados terminaron judicializando la ejecución presupuestaria.

El CONICET, por su parte, sufrió recortes en ingresos a carrera de investigador, en becas doctorales y en subsidios a proyectos. La comunidad científica denunció una "fuga de cerebros" acelerada. Ninguno de estos recortes formaba parte del discurso de campaña, que hablaba de "vouchers" pero no de destrucción del sistema público.

Obra pública cero y transferencias a provincias congeladas

Milei prometió que no habría un peso más de obra pública nacional. Cumplió. Pero lo que no dijo fue que además iba a cortar las transferencias no automáticas a las provincias —usadas históricamente para infraestructura, salud y educación provincial—.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias discrecionales a provincias cayeron más del 70% en términos reales durante 2024. Esto significa rutas paralizadas, obras de agua y cloacas frenadas, hospitales sin terminar. El impacto se siente especialmente en provincias del NOA y NEA, donde el rol nivelador del Estado nacional era mayor.

La contradicción es doble: se prometió "federalismo" y se ejecutó una lógica unitaria de castigo fiscal a las provincias que no se alinean políticamente, mientras se firmaban Pactos de Mayo con gobernadores necesitados de fondos que nunca llegaron completos.

Dólar libre, cepo continuado

El otro emblema libertario fue "dolarización" y "eliminación del cepo" el día uno. A casi dos años, la dolarización quedó archivada y el cepo cambiario, aunque flexibilizado en abril de 2025 con el nuevo acuerdo con el FMI, sigue vigente para empresas y con restricciones para personas humanas.

Según el BCRA, el esquema actual combina bandas de flotación, intervención del Banco Central y controles a los movimientos de capital. Es decir: exactamente el tipo de "intervencionismo" que el discurso libertario denunciaba como estatismo destructor de mercados.

La realidad es que sin cepo, con reservas netas negativas heredadas y sin superávit comercial suficiente, cualquier apertura total hubiera generado una corrida. El propio equipo económico, formado en la ortodoxia, terminó administrando los controles que decía odiar.

El costo social del "todo cambia" que no cambió

Lo más duro de este mapa de contradicciones es que el costo lo pagan los mismos de siempre. La pobreza superó el 50% en el primer semestre de 2024 según INDEC, la indigencia trepó a niveles no vistos desde 2003, y los jubilados perdieron aproximadamente un 30% de sus ingresos reales por la fórmula de movilidad recortada por DNU.

El ajuste prometido "a la casta" recayó sobre trabajadores, jubilados, estudiantes universitarios, científicos, pacientes de hospitales públicos y niños en escuelas sin comedor. El Estado que se prometió "achicar en burocracia" se achicó en derechos.

La pregunta que queda abierta —y que se responde en las urnas y en las calles— es cuánto tiempo más se puede sostener un modelo que no cumple ni siquiera con su propia promesa fundacional: la de romper con la vieja política. Porque a la vista de los datos, la ruptura fue con el pueblo, no con la casta.

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