# La Universidad > El futuro se construye desde el Estado. Un medio digital comprometido con el análisis crítico del rol del Estado en la educación y la economía. Promovemos la soberanía y la justicia social desde una perspectiva progresista. Línea editorial: Progresista / Nacional-popular (línea pro-Kirchner). Contenido editorial asistido por IA — ver https://eduqueros.com/about/. Este archivo (llms-full.txt) contiene el texto completo de todos los artículos publicados para que crawlers y modelos de lenguaje puedan citarlos directamente. Para metadata resumida ver https://eduqueros.com/llms.txt. Fecha de esta versión: 2026-07-13T15:17:01.118Z. Total de artículos: 12. --- # El territorio que Milei entrega mientras el delirio distrae URL: https://eduqueros.com/articulos/milei-extractivismo-territorio-sin-control/ Fecha: 2026-07-13 · Autor: Lucía Bertossi · Eje: Soberanía Económica TL;DR: El desorden deliberado del gobierno de Milei no es solo un fenómeno mediático: es la cobertura política perfecta para desregular el acceso al territorio, los recursos naturales y los bienes comunes. Mientras la opinión pública persigue el último escándalo, el litio, los humedales y las comunidades originarias quedan sin defensa estatal. La anarquía discursiva y la anarquía regulatoria van de la mano. El caos como método, el territorio como víctima Diego Genoud, en una columna publicada por NotiAR (https://news.google.com/rss/articles/CBMizAFBVV95cUxNRzJnS2tCbkJqVHhNVm4tdzZ6eXZPV2hrUXVMOE1saE11bjZsNERCVHRXTkpaY0RQM2VjX20zNzRkSENzN0pKRmFmbWdzMllCdDdzS21lZmc3SWdNb2stWkhWbGEyZUZOSmRMekp4cl81U1E5Vm84UThzemlDNC0zN3A0dUprR0pIQ2NoR2t5dnFzeUV0OGFDNkRuSmZ0QTNUcWZRenhhWnlFRGJwVlhyMGViWFh6dGljeWlNOGwzb0x6aHVzX2VkcF9RWTg?oc=5), retoma una pregunta que muchos analistas se hacen desde hace meses: ¿hasta dónde puede sostenerse el delirio consentido que rodea al gobierno de Javier Milei antes de que algo incontrolable lo desborde? La pregunta es pertinente y el análisis político, válido. Pero hay una dimensión que el debate mediático suele dejar fuera del encuadre: mientras el show ocupa la pantalla, el territorio argentino se entrega en condiciones que no tienen precedente reciente. No es metáfora. Es política concreta. Cada semana que la agenda pública gira alrededor de las últimas declaraciones presidenciales, del último cruce en redes sociales o del próximo escándalo de palacio, el Estado argentino retrocede posiciones en los lugares donde más importa: la regulación ambiental, la defensa de los bienes comunes, la soberanía sobre los recursos estratégicos. El caos discursivo y la desregulación territorial no son fenómenos paralelos: son las dos caras de una misma estrategia. Humedales sin ley, litio sin soberanía La Argentina lleva más de una década sin una ley de humedales aprobada. Los sucesivos proyectos naufragaron, en buena medida, por la presión del agronegocio y de sectores inmobiliarios que ven en esos ecosistemas un obstáculo antes que un patrimonio. Con el gobierno de La Libertad Avanza, la perspectiva no mejoró: el desmantelamiento de organismos de control ambiental, la reducción de partidas para la Secretaría de Ambiente y la lógica desregulatoria del DNU 70/2023 configuran un escenario donde los humedales quedan más expuestos que nunca. El litio es otro capítulo. Argentina integra el llamado Triángulo del Litio junto a Bolivia y Chile, con reservas que ubican al país entre los primeros del mundo en ese mineral crítico para la transición energética global. Pero la forma en que se está gestionando ese recurso dista de cualquier noción de soberanía: contratos que favorecen la extracción con mínima participación estatal, comunidades originarias de la Puna que ven afectados sus territorios y sus fuentes de agua sin procesos de consulta previa libre e informada, y regalías que no alcanzan para compensar el daño ecosistémico. La transición energética que el mundo necesita no puede construirse sobre la depredación de las comunidades que habitan esos territorios. El Estado ausente como promesa electoral y como daño real Milei llegó al gobierno prometiendo la destrucción del Estado como acto de liberación. Lo que no dijo —o lo que sus votantes no quisieron escuchar— es que el Estado ausente no produce libertad: produce vacío, y ese vacío lo ocupan siempre los actores con más poder económico. En términos ambientales y territoriales, eso significa empresas extractivas sin contrapeso, terratenientes sin control, desarrolladores inmobiliarios sin restricciones. El presupuesto 2024 ejecutado mostró caídas drásticas en las partidas destinadas a política ambiental. Según datos del propio Ministerio de Economía, el gasto en funciones vinculadas a ecología y medio ambiente sufrió recortes reales superiores al 30% en términos interanuales, en un contexto donde el ajuste general promedio rondó el 28%. Es decir: el ambiente recibió un ajuste más profundo que el promedio. No es casualidad. Es prioridad. Comunidades que resisten sin aliado estatal Lo que Genoud describe como "lo incontrolable" tiene, en la dimensión territorial, un nombre concreto: son las comunidades que resisten. Las y los vecinos de los humedales del Paraná que vieron arder miles de hectáreas mientras el gobierno nacional miraba para otro lado. Los pueblos originarios de Jujuy y Salta que enfrentan a empresas mineras sin que el Estado nacional los acompañe. Las asambleas ciudadanas que se organizan contra el avance del agronegocio en zonas de amortiguación de áreas protegidas. Estas resistencias existen y son legítimas. Pero operan en un contexto donde el Estado, que debería ser el árbitro y el garante del interés general, abandonó ese rol. La ausencia no es neutral: beneficia siempre al que tiene más recursos para imponer su voluntad. Y en la Argentina de 2025, quien tiene más recursos para hacerlo son las corporaciones transnacionales del agro, la minería y la energía. La integración latinoamericana, que fue uno de los ejes del ciclo popular anterior, también importa aquí: Bolivia nacionalizó el litio, México recuperó el control sobre el agua, y Ecuador debatió en referéndum el petróleo en el Yasuní. Argentina, en cambio, avanza en sentido contrario, cediendo posiciones en la negociación con el FMI y abriendo la canilla extractiva sin condiciones. El delirio no es inocente: tiene coordenadas geográficas Volvamos a Genoud. Su columna plantea que el delirio del gobierno tiene un componente consentido: gran parte de la sociedad, y también de la dirigencia política y mediática, participa de ese juego. Lo tolera, lo alimenta, lo reproduce. Eso es cierto. Pero hay que agregar una dimensión que el análisis político tradicional suele omitir: el delirio tiene coordenadas geográficas. No es lo mismo vivir el caos de Milei en Palermo que vivirlo en la orilla del Pilcomayo. No es lo mismo ver el show desde un departamento porteño que desde una comunidad wichí cuya fuente de agua está siendo afectada por el avance agrícola. El delirio que describe Genoud tiene víctimas abstractas en el debate mediático, pero víctimas muy concretas en el mapa. Y esas víctimas son, en su mayoría, las que menos voz tienen en los medios que marcan la agenda. El futuro se construye desde el Estado o no se construye La salida no es la nostalgia ni la repetición automática. Es la reconstrucción de capacidades estatales con una mirada que integre lo ambiental como eje estructural, no como adorno. Eso implica una ley de humedales con dientes, un modelo de gestión del litio con participación estatal y comunitaria, una política de ordenamiento territorial que ponga límites reales al avance del agronegocio, y un sistema de consulta previa que no sea letra muerta. Implica también reconocer que la crisis climática no es un problema del futuro: es el presente de millones de argentinas y argentinos que ya perdieron cosechas, viviendas, fuentes de agua y territorios. Ante eso, el delirio discursivo no es solo irresponsable: es una forma de crueldad política. El Estado no es el problema. Es la única herramienta colectiva que tenemos para enfrentar a actores que, de otro modo, no tienen contrapeso. Construirlo, defenderlo y mejorarlo no es conservadurismo: es la única apuesta racional frente a un modelo que entrega el territorio como si fuera una liquidación de fin de temporada. FAQ: Q: ¿Qué es el Triángulo del Litio y por qué importa para Argentina? A: El Triángulo del Litio es la región compartida entre Argentina, Bolivia y Chile que concentra las mayores reservas mundiales de ese mineral, clave para la fabricación de baterías y la transición energética. Argentina tiene reservas entre las más grandes del mundo, pero la forma en que se explotan genera debates sobre soberanía, participación estatal y derechos de las comunidades originarias de la Puna. Q: ¿Por qué no hay ley de humedales en Argentina? A: Varios proyectos llegaron al Congreso en la última década, pero ninguno logró aprobarse. Los bloqueos provinieron principalmente de sectores del agronegocio y del desarrollo inmobiliario, que ven en los humedales terrenos con potencial productivo antes que ecosistemas a proteger. Con el gobierno actual, la perspectiva de avanzar en esa legislación es aún más lejana. Q: ¿Qué es la consulta previa, libre e informada? A: Es un derecho reconocido por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina, que obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios antes de tomar decisiones o autorizar proyectos que afecten sus territorios. En la práctica, este derecho es frecuentemente ignorado o vaciado de contenido en los procesos de aprobación de proyectos mineros y energéticos. Q: ¿Cuánto se recortó el presupuesto ambiental con el gobierno de Milei? A: Según datos del Ministerio de Economía, las partidas vinculadas a ecología y medio ambiente sufrieron caídas reales superiores al 30% interanual en 2024, por encima del promedio general de ajuste que rondó el 28%. Esto implica menos recursos para fiscalización, áreas protegidas y organismos de control ambiental. Q: ¿Qué rol juega el FMI en la política ambiental argentina? A: El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional prioriza metas fiscales y de reservas que, en la práctica, presionan hacia la maximización de exportaciones. Eso incentiva la expansión del agronegocio y la minería sin los controles ambientales necesarios, ya que restringir esas actividades podría afectar las metas de divisas comprometidas con el organismo. --- # Historia de la justicia social en Argentina: hitos de una lucha inconclusa URL: https://eduqueros.com/articulos/historia-justicia-social-arg/ Fecha: 2026-07-12 · Autor: María Elena Suárez · Eje: Justicia Social TL;DR: La historia de la justicia social en Argentina es la historia de un pueblo organizado que arrancó derechos donde antes había privilegios. De la Semana Trágica al matrimonio igualitario, cada conquista fue empujada desde abajo y consolidada, en sus mejores momentos, por un Estado activo. Antes del 45: las luchas obreras y el Estado ausente Hablar de justicia social en la Argentina obliga a retroceder mucho antes del peronismo. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el país se insertaba en el mercado mundial como proveedor de materias primas, con una elite terrateniente que concentraba la riqueza y un movimiento obrero incipiente, mayoritariamente inmigrante, que traía consigo las tradiciones del anarquismo, el socialismo y el sindicalismo revolucionario. La Semana Trágica de enero de 1919, con obreros metalúrgicos reprimidos a balazos en los talleres Vasena, y las masacres de la Patagonia Rebelde entre 1920 y 1922, documentadas por historiadores como Osvaldo Bayer, marcaron a fuego lo que ocurría cuando los trabajadores reclamaban condiciones dignas: represión estatal al servicio del capital. En ese período, la ley de residencia (1902) y la ley de defensa social (1910) habilitaban la expulsión de militantes extranjeros sin juicio previo. Hubo, sí, avances puntuales bajo el yrigoyenismo: la ley Sáenz Peña de sufragio secreto y obligatorio para varones (1912), la reforma universitaria de 1918 —punto de partida de cualquier discusión sobre educación en derechos humanos (/articulos/igualdad-genero-argentina/)— y algunas normas laborales aisladas. Pero la idea de que el Estado debía garantizar derechos sociales de manera sistemática todavía no formaba parte del sentido común argentino. 1945-1955: la irrupción del Estado social El 17 de octubre de 1945 es la fecha fundacional del Estado social argentino. Ese día, cientos de miles de trabajadores marcharon a Plaza de Mayo a exigir la liberación de Juan Domingo Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión. Lo que vino después transformó la estructura del país en menos de una década. Entre 1946 y 1955 se sancionaron el Estatuto del Peón Rural, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la jubilación universal, la ley de propiedad intelectual del trabajador, la equiparación jurídica de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, y el voto femenino en 1947, empujado por Eva Perón y las militantes del Partido Peronista Femenino. La Constitución de 1949 incorporó los derechos del trabajador, del anciano y de la familia, y estableció la función social de la propiedad. Según datos históricos recogidos por el economista Eduardo Basualdo, la participación de los asalariados en el ingreso nacional trepó de alrededor del 40% en 1945 a más del 49% en 1954, uno de los picos históricos de la distribución del ingreso en Argentina. Ese proceso no fue una concesión: fue el resultado de una alianza entre un movimiento obrero organizado y un Estado dispuesto a torcer la mano de los sectores concentrados. Proscripción, resistencia y el paréntesis desarrollista El golpe de 1955 abrió un ciclo de dieciocho años de proscripción del peronismo y de disputa permanente sobre las conquistas sociales. La llamada Revolución Libertadora derogó la Constitución del 49, intervino la CGT y persiguió a militantes y dirigentes sindicales. Pero el movimiento obrero no se disolvió: la Resistencia Peronista, con figuras como John William Cooke, sostuvo la organización de base en fábricas y barrios. Durante los gobiernos de Frondizi e Illia hubo intentos desarrollistas que buscaron industrializar sin redistribuir con la misma intensidad. El Cordobazo de 1969 —una insurrección obrero-estudiantil contra la dictadura de Onganía— volvió a poner sobre la mesa que la justicia social no era negociable. Los sindicatos combativos, el clasismo cordobés y las ligas agrarias del NEA reorganizaron una agenda que combinaba salario, tierra y democracia. El breve retorno del peronismo entre 1973 y 1976 intentó reactivar un pacto social —el Pacto Social de Gelbard— que no logró sostenerse frente a la crisis internacional y la escalada de violencia política. En junio de 1975, el Rodrigazo pulverizó el salario real y anticipó lo que vendría. 1976-1983: el terrorismo de Estado como plan económico La dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976 no fue solo un régimen represivo: fue un plan sistemático de reestructuración regresiva de la sociedad argentina. La CONADEP documentó cerca de 9.000 desapariciones y los organismos de derechos humanos sostienen la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos. La represión tuvo un objetivo económico explícito, reconocido por el propio ministro Martínez de Hoz: disciplinar a la clase trabajadora. En esos años se destruyó buena parte del entramado industrial construido desde el 45, se abrió la economía a la especulación financiera y se multiplicó la deuda externa por más de seis veces. La participación de los asalariados en el ingreso cayó estrepitosamente. Como analizamos en la nota sobre el rol del Estado en la redistribución del ingreso (/articulos/igualdad-genero-argentina/), esa transferencia hacia arriba dejó marcas que la democracia todavía no terminó de reparar. El juicio a las Juntas en 1985, impulsado por el gobierno de Alfonsín, fue un hito mundial: por primera vez un tribunal civil condenaba a los máximos responsables de una dictadura. Aunque después vinieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos de Menem, la semilla estaba plantada. Los 90: cuando la justicia social fue tratada como un lujo La década del noventa fue el reverso exacto del proyecto del 45. Bajo el gobierno de Menem, con Domingo Cavallo en Economía, se privatizaron YPF, Entel, Gas del Estado, Aerolíneas, los ferrocarriles y el sistema jubilatorio. La convertibilidad garantizó estabilidad de precios a costa de destruir el aparato productivo y disparar el desempleo, que según datos del INDEC superó el 18% en 1995 y trepó a más del 21% en la crisis de 2001-2002. El estallido de diciembre de 2001, con piquetes, asambleas barriales, fábricas recuperadas y clubes de trueque, mostró tanto el fracaso del modelo neoliberal como la enorme capacidad de autoorganización popular. Los movimientos de trabajadores desocupados —los piqueteros— irrumpieron como nuevo sujeto político y forzaron a la agenda pública a incorporar la cuestión social de otra manera. Algunos hitos de esos años que conviene retener: - 1994: reforma constitucional que incorpora los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. - 1997: primeras marchas piqueteras masivas en Cutral Có y Tartagal. - 2001: default, cinco presidentes en once días, muertos por represión el 19 y 20 de diciembre. 2003-2015: reconstrucción y ampliación de derechos El ciclo kirchnerista retomó, con matices y en otro contexto histórico, la idea de que el Estado debe ser el garante de la justicia social. La reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad —tras la anulación de las leyes de impunidad en 2003— convirtió a la Argentina en referencia mundial en materia de memoria, verdad y justicia. En el plano socioeconómico, se destacan la estatización parcial del sistema jubilatorio con la creación del SIPA (2008), la Asignación Universal por Hijo (2009), la Ley de Medios (2009), el Matrimonio Igualitario (2010), la Ley de Identidad de Género (2012) y la recuperación del 51% de YPF (2012). El Ministerio de Trabajo relanzó las paritarias libres, y el salario mínimo, según registros oficiales, recuperó buena parte del terreno perdido en los noventa. Este proceso también incluyó avances estructurales en materia educativa y sanitaria que hoy están bajo ataque, como discutimos en el análisis sobre inversión pública en educación y salud (/articulos/igualdad-genero-argentina/). No fue una etapa sin contradicciones —inflación, tensiones con el campo, restricción externa—, pero el piso de derechos que dejó redefinió lo que la sociedad argentina considera aceptable. De Macri a Milei: el retroceso como programa El gobierno de Cambiemos (2015-2019) inauguró un nuevo ciclo de ajuste y endeudamiento. El préstamo récord del FMI por 57 mil millones de dólares —el más grande de la historia del organismo, según su propia documentación oficial (https://www.imf.org/es/Countries/ARG)— condicionó la política económica argentina por décadas. La pobreza, medida por el INDEC, cerró 2019 en torno al 35,5%. El gobierno de Alberto Fernández intentó administrar la herencia con resultados desiguales, atravesado por la pandemia. Y desde diciembre de 2023, la administración de Javier Milei impulsa un programa de desregulación y desmantelamiento estatal que retoma, con lenguaje nuevo, viejas recetas: recortes en jubilaciones, educación, ciencia, obra pública y programas sociales. El impacto sobre los sectores populares está documentado en trabajos como los que analizan los derechos laborales en tiempos de crisis (/articulos/igualdad-genero-argentina/) y la desregulación y vivienda (/articulos/igualdad-genero-argentina/). La historia enseña que las conquistas sociales en Argentina nunca fueron regalos: las arrancaron trabajadoras y trabajadores organizados, movimientos de mujeres, pueblos originarios, organismos de derechos humanos, estudiantes, jubilados. Y que cuando el Estado se retira, no aparece un mercado virtuoso: aparece la desigualdad, tal como la venimos midiendo desde hace más de un siglo. Una agenda que sigue abierta Pensar la justicia social hoy exige actualizar la agenda. Ya no alcanza con el salario y la seguridad social clásicas: hay que incorporar el cuidado, el ambiente, el acceso a la vivienda, la brecha digital, la violencia de género. Como planteamos en la nota sobre la lucha por la igualdad de género (/articulos/igualdad-genero-argentina/), no hay justicia social plena sin justicia de género. La historia argentina muestra que los avances son posibles cuando confluyen tres elementos: organización popular, dirigencia política dispuesta a confrontar con los poderes concentrados y un Estado con capacidad técnica y fiscal para intervenir. Cuando falla alguno de los tres, el péndulo vuelve a la desigualdad. La discusión pública de los próximos años se jugará, en buena medida, en si somos capaces de reconstruir esa ecuación. FAQ: Q: ¿Cuándo empezó a hablarse de justicia social en Argentina? A: Aunque hubo antecedentes en el higienismo socialista y en las luchas obreras de principios del siglo XX, el concepto se instaló como política de Estado durante el primer peronismo (1946-1955), con Perón hablando explícitamente de justicia social como uno de los tres pilares del movimiento, junto con la independencia económica y la soberanía política. Q: ¿Qué papel jugó Eva Perón en la ampliación de derechos? A: Eva Perón fue central en la conquista del voto femenino en 1947 y en la organización política de las mujeres a través del Partido Peronista Femenino. La Fundación Eva Perón, además, articuló una red de asistencia social masiva —hogares, escuelas, hospitales— que redefinió lo que se esperaba del Estado. Q: ¿Cómo impactó la última dictadura en la justicia social? A: La dictadura de 1976-1983 combinó terrorismo de Estado con un plan económico regresivo: desindustrialización, apertura financiera, endeudamiento externo y caída abrupta de la participación de los salarios en el ingreso. El daño estructural sobre el mundo del trabajo se prolongó por décadas. Q: ¿Cuáles fueron los principales avances entre 2003 y 2015? A: Se destacan la reapertura de los juicios por lesa humanidad, la Asignación Universal por Hijo, la estatización del sistema jubilatorio, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la recuperación parcial de YPF. Fue un período de expansión de derechos civiles y sociales simultáneamente. Q: ¿La justicia social es compatible con equilibrio fiscal? A: Los debates económicos muestran que la clave no es el gasto en sí, sino qué se financia y cómo. Países con estados de bienestar sólidos combinan sistemas tributarios progresivos con servicios públicos universales. En Argentina, el problema histórico ha sido más de estructura fiscal regresiva y fuga de capitales que de exceso de gasto social. Q: ¿Qué desafíos tiene hoy la agenda de justicia social? A: Incorporar dimensiones que antes quedaban al margen: cuidados, ambiente, vivienda, brecha digital, violencia de género. Y hacerlo en un contexto de restricción externa, endeudamiento y avance de discursos que presentan al Estado como obstáculo en lugar de garante de derechos. --- # El rol del Estado en la redistribución del ingreso en Argentina URL: https://eduqueros.com/articulos/estado-redistribucion-ingresos-ar/ Fecha: 2026-07-12 · Autor: Lucía Bertossi · Eje: Justicia Social TL;DR: La desigualdad argentina no es un accidente ni un destino: es el resultado de decisiones políticas sobre quién paga impuestos, quién cobra subsidios y cómo se fija el salario. Un Estado activo, con política fiscal progresiva y paritarias libres, sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir la brecha entre el 10% más rico y el 40% más pobre. Una desigualdad que se decide, no se hereda Cada vez que un funcionario repite que la pobreza es "multicausal" o que la desigualdad "viene de larga data", se corre un velo sobre lo esencial: la distribución del ingreso es, ante todo, una decisión política. En Argentina, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el ingreso promedio del decil más rico multiplica varias veces al del decil más pobre, y esa brecha se ensancha o se achica según qué haga —o deje de hacer— el Estado. Hablar del análisis del rol del Estado en la redistribución de ingresos en Argentina implica reconocer que hay tres grandes palancas en juego: la política tributaria (quién aporta y cuánto), el gasto social (a quién llegan las transferencias y servicios) y la política de ingresos (cómo se fijan salarios, jubilaciones y precios de bienes esenciales). Ninguna de esas palancas funciona sola. Y todas dependen de una decisión previa: si el Estado se corre o se planta. La experiencia reciente lo muestra con claridad. Entre 2003 y 2015, con paritarias libres, moratorias previsionales y ampliación de derechos, el coeficiente de Gini cayó de forma sostenida. A partir de 2016, y con más fuerza desde diciembre de 2023, el retroceso salarial y el ajuste del gasto revirtieron parte de ese proceso. No hay misterio: hay política. Impuestos progresivos: la asignatura pendiente El sistema tributario argentino es, en términos técnicos, regresivo. Buena parte de la recaudación descansa sobre el IVA —que grava por igual al que compra fideos y al que compra un yate— y sobre impuestos al trabajo. En cambio, la imposición sobre patrimonios, rentas financieras y grandes fortunas ocupa un lugar marginal en la torta fiscal, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Un Estado redistribuidor necesita invertir esa ecuación. Eso significa: - Fortalecer el Impuesto a las Ganancias sobre las rentas más altas, sin castigar salarios medios. - Sostener y actualizar tributos sobre bienes personales y grandes patrimonios. - Gravar de manera efectiva la renta financiera y las ganancias extraordinarias en sectores concentrados (energía, minería, agroexportación). - Combatir la evasión y la fuga de capitales, que según estimaciones del propio BCRA y trabajos de Basualdo y Kulfas equivalen a varios puntos del PBI. Sin una reforma tributaria progresiva, cualquier programa social termina financiándose con el consumo de los mismos sectores a los que pretende ayudar. Es la trampa clásica que denuncian economistas como Axel Kicillof: sin cambiar quién paga, no se cambia quién gana. Gasto social: no es "gasto", es inversión en derechos El segundo pilar es el destino del gasto público. Programas como la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones mínimas con moratoria, las becas Progresar, el Potenciar Trabajo (hoy desmantelado) y las transferencias a comedores no son "planes" en el sentido despectivo con el que los nombra cierta prensa: son ingresos que llegan a hogares que, de otro modo, quedarían fuera del mercado. La evidencia es contundente. Estudios de CEPAL y del Ministerio de Economía mostraron durante años que la AUH, sola, saca de la indigencia a cientos de miles de hogares. Y que sin el sistema previsional argentino —uno de los de mayor cobertura de América Latina— la pobreza en adultos mayores se dispararía a niveles centroamericanos. A esto se suman los bienes públicos universales: educación, salud, transporte subsidiado. Como analizamos en Inversión pública en educación y salud: qué está en juego en Argentina (/articulos/igualdad-genero-argentina/), estos servicios son "salario indirecto": lo que una familia no paga de bolsillo porque el Estado lo garantiza. Cuando se recortan, la desigualdad real crece aunque los números nominales no lo muestren de inmediato. Paritarias y salario mínimo: el corazón del conflicto distributivo Ningún esquema redistributivo funciona si el salario pierde. La participación de los asalariados en el ingreso nacional es, para la tradición nacional-popular, el termómetro central. Perón lo sintetizó en la meta del 50 y 50; Kicillof y Basualdo lo retomaron en sus análisis sobre la restricción externa: cuando los salarios caen, cae el mercado interno, y con él la posibilidad de un desarrollo con inclusión. Las paritarias libres, el salario mínimo vital y móvil actualizado y la negociación colectiva son instrumentos redistributivos tanto o más potentes que cualquier transferencia. Por eso su debilitamiento nunca es casual. La flexibilización laboral, la caída del SMVM en términos reales y la fragmentación sindical apuntan a lo mismo: reducir el poder de negociación del trabajo frente al capital. Este retroceso golpea con particular dureza a los sectores más precarizados. Lo desarrollamos en Derechos laborales en tiempos de crisis económica: radiografía argentina (/articulos/igualdad-genero-argentina/): sin piso salarial ni convenios fuertes, la desigualdad se instala en el propio mundo del trabajo, entre registrados y no registrados, entre varones y mujeres, entre AMBA y provincias. Servicios públicos y tarifas: la redistribución silenciosa Hay una dimensión redistributiva que suele quedar fuera del debate mediático: las tarifas de servicios esenciales. Un esquema de subsidios segmentados —donde paga más quien más consume y quien más puede— es, en los hechos, una transferencia de ingresos desde los sectores altos hacia los medios y bajos. La desregulación de tarifas, en cambio, funciona como un impuesto regresivo: golpea proporcionalmente más al hogar que gasta el 15% de sus ingresos en luz y gas que al que gasta el 1%. Lo mismo ocurre con el transporte, el acceso a la vivienda y los alquileres. En Desregulación y vivienda en Argentina: el derecho que se aleja (/articulos/desregulacion-vivienda-argentina/) mostramos cómo la retirada del Estado del mercado inmobiliario no genera "más oferta", sino más concentración y más gente expulsada del sistema formal de alquiler. Y en materia alimentaria, la discusión sobre precios, retenciones y acceso a alimentos básicos también es redistributiva. Lo abordamos en Soberanía alimentaria y salud pública: la disputa por lo que comemos (/articulos/igualdad-genero-argentina/): decidir si el trigo abastece primero al mercado interno o se exporta sin regulación es, también, decidir cuánto vale el pan en la mesa argentina. La restricción externa y el falso dilema del "no hay plata" Toda discusión sobre redistribución en Argentina choca, tarde o temprano, con la restricción externa: la falta crónica de dólares. El endeudamiento externo, la fuga de capitales y la primarización exportadora son los tres nudos que, según la tradición desarrollista y kicillofista, condicionan cualquier proyecto redistributivo. Cuando el Estado se endeuda en moneda extranjera para financiar la fuga —como ocurrió con el préstamo del FMI de 2018, según la propia auditoría del organismo— compromete divisas futuras que no podrán destinarse a importar insumos, sostener el empleo o financiar el gasto social. El resultado es previsible: ajuste, devaluación, caída del salario real y aumento de la pobreza. Por eso, hablar de redistribución sin hablar de soberanía económica es incompleto. Regular el comercio exterior, administrar el mercado de cambios, gravar la renta extraordinaria de los sectores exportadores y renegociar la deuda en condiciones sostenibles no son caprichos ideológicos: son las condiciones materiales para que la palanca fiscal y salarial pueda funcionar. Memoria, igualdad y horizonte democrático Hay, por último, una dimensión que trasciende lo estrictamente económico. La redistribución del ingreso es parte de un proyecto más amplio de igualdad, que incluye derechos humanos, igualdad de género y ampliación de la ciudadanía. No hay justicia social sin memoria, y no hay democracia plena con niveles de desigualdad que consolidan castas. Como señalamos en La lucha por la igualdad de género en Argentina: agenda pendiente (/articulos/igualdad-genero-argentina/), la brecha de ingresos entre varones y mujeres, la sobrecarga de tareas de cuidado y la informalidad feminizada son parte del mismo problema. Un Estado redistribuidor tiene que mirar también ahí: reconocer el trabajo no remunerado, garantizar jardines maternales, licencias equitativas y acceso al empleo formal. El análisis del rol del Estado en la redistribución de ingresos en Argentina no admite recetas mágicas ni atajos discursivos. Requiere impuestos progresivos, gasto social sostenido, paritarias libres, tarifas segmentadas, regulación del comercio exterior y una agenda democrática de derechos. Es un programa exigente, sí. Pero es el único que, en los momentos en que se aplicó, mostró resultados verificables. Lo demás —el ajuste, la desregulación, el "que el mercado decida"— ya lo probamos. Y sabemos cómo termina. FAQ: Q: ¿Qué se entiende por redistribución del ingreso? A: Es el conjunto de mecanismos por los que el Estado modifica cómo se reparte la riqueza generada en un país. Incluye impuestos, transferencias monetarias, servicios públicos y regulación de salarios y precios. Q: ¿El sistema tributario argentino es progresivo? A: En términos generales, no. La mayor parte de la recaudación proviene del IVA y de impuestos al trabajo, que golpean proporcionalmente más a los sectores medios y bajos. Los tributos sobre patrimonios y rentas altas tienen un peso menor que en la OCDE. Q: ¿La AUH y las jubilaciones realmente reducen la pobreza? A: Sí. Distintos estudios de CEPAL, INDEC y el Ministerio de Economía muestran que sin AUH y sin sistema previsional universal, la pobreza y sobre todo la indigencia serían significativamente más altas, especialmente en niños y adultos mayores. Q: ¿Por qué las paritarias son un instrumento redistributivo? A: Porque definen cuánto del ingreso nacional va a los trabajadores y cuánto al capital. Cuando las paritarias son libres y el salario mínimo se actualiza, mejora la participación de los asalariados. Cuando se congelan o se flexibiliza el mercado laboral, esa participación cae. Q: ¿Se puede redistribuir sin resolver la restricción externa? A: Difícilmente de forma sostenida. La falta de dólares suele terminar en devaluación, inflación y caída del salario real, lo que erosiona cualquier avance redistributivo. Por eso la agenda incluye regulación cambiaria, comercio exterior y deuda. Q: ¿Qué diferencia hay entre subsidios universales y segmentados? A: Los universales llegan a todos por igual y son más simples de administrar, pero pueden beneficiar también a sectores altos. Los segmentados focalizan el subsidio en quienes más lo necesitan, con mayor impacto redistributivo si se implementan bien. --- # Messi como escenario: la disputa política detrás del festejo URL: https://eduqueros.com/articulos/messi-seleccion-disputa-politica-milei-kicillof/ Fecha: 2026-07-12 · Autor: Nicolás Villaverde · Eje: Justicia Social TL;DR: La disputa entre Milei y Kicillof por recibir a la Selección argentina no es un tema deportivo: es una batalla por la representación simbólica del campo popular. Mientras el Gobierno nacional usa el fútbol para enmascarar el ajuste, la Provincia de Buenos Aires apuesta a un vínculo territorial con la gente. El peronismo necesita recuperar ese lazo afectivo con las mayorías sin reducirlo a una foto con Messi. El fútbol como arena política, siempre fue así Que la política y el fútbol se mezclan en Argentina no es novedad: es una constante histórica que va desde los mundiales de la dictadura hasta los festejos del 78, pasando por cada copa que la Selección trajo a casa. Lo que sí resulta revelador es cómo cada gobierno gestiona ese vínculo, qué hace con él, a quién convoca y desde qué lugar se para. Según Diario 13 San Juan (https://news.google.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?oc=5), Javier Milei ofreció la Casa Rosada para recibir a los campeones mientras Axel Kicillof imagina un acto en La Plata. La disputa ya está planteada. Y como siempre en Argentina, la geografía del festejo dice más que cualquier discurso. La Rosada de Milei: el símbolo del poder sin pueblo Milei lleva más de un año y medio gobernando con una lógica que combina shock económico, desmantelamiento del Estado y una comunicación basada en el espectáculo. Los números son conocidos: caída del salario real, deterioro del sistema de salud pública, recorte en educación y ciencia, y una pobreza que según datos del INDEC tocó el 54,8% en el primer semestre de 2024 antes de mostrar una leve corrección estadística que no se tradujo en recuperación real del bolsillo popular. En ese contexto, la imagen de Messi en el balcón de la Rosada tiene un valor político preciso para La Libertad Avanza: necesita una foto que no huela a ajuste. Necesita una imagen que no sea la de jubilados en la calle, docentes en paros, o universidades sin presupuesto. La Selección, en ese esquema, cumple la función de cortina: distrae, emociona, y le presta al gobierno una legitimidad que sus políticas económicas no le dan. No es casualidad que los gobiernos que más recortaron el gasto social en la historia argentina siempre hayan sido los más ávidos de apropiarse de los éxitos deportivos. El menemismo lo hizo, la dictadura lo hizo antes. El kirchnerismo, en cambio, fue criticado por exactamente lo opuesto: por intentar politizar los festejos desde un lugar de identificación genuina con el pueblo. La diferencia no es menor. Kicillof y La Plata: el territorio como política La propuesta de Axel Kicillof de recibir a la Selección en La Plata tiene una lógica diferente, y vale la pena leerla con atención antes de descartarla como simple competencia de egos. La Provincia de Buenos Aires es el territorio más poblado del país, concentra la mayor parte de la clase trabajadora argentina, y es el espacio donde el peronismo tiene todavía su estructura más sólida. Recibir a los campeones en La Plata no es solo una jugada de marketing territorial: es una declaración de que el campo popular tiene su propia institucionalidad, su propia capacidad de convocar y de generar pertenencia. En un momento en que el peronismo busca rearticularse después de la derrota de 2023, la capacidad de Kicillof de poner en pie un acto masivo con la Selección como protagonista tiene un valor organizativo que va más allá de la anécdota. Dicho esto, sería ingenuo no ver también los riesgos. El peronismo no puede reducir su reconstrucción a la gestión de la épica ajena. Messi es un símbolo nacional, no un activo partidario, y cualquier intento de apropiación demasiado explícita puede resultar contraproducente ante una ciudadanía que, con razón, desconfía del uso instrumental del fútbol por parte de todos los sectores políticos. Lo que está en juego: representación simbólica y campo popular Detrás de esta disputa por el festejo hay una pregunta más profunda: ¿quién representa a los sectores populares en Argentina hoy? ¿Quién puede convocar a las mayorías sin apelar al miedo, al ajuste, o a la nostalgia? El kirchnerismo en sus mejores momentos supo construir esa representación desde la política activa: planes sociales, estatizaciones, recuperación de derechos, discurso de soberanía. No era solo una foto, era una arquitectura de Estado que sostenía una promesa. Hoy esa arquitectura está siendo demolida bloque por bloque por un gobierno que, paradójicamente, necesita más que nunca de los símbolos populares para justificar su gestión ante quienes más la padecen. La Selección ganó porque jugó en equipo, porque tuvo un proyecto colectivo, porque Scaloni construyó un grupo con identidad y pertenencia. Hay una lección política ahí que el peronismo haría bien en escuchar: no alcanza con la figura del líder, hace falta el colectivo. No alcanza con Messi, hace falta el equipo. El peronismo necesita más que una foto Sería un error estratégico que el campo popular concentre su energía política en ganarle a Milei la foto con Messi. Esa batalla, aunque tenga su valor simbólico, no es la central. La central es reconstruir el vínculo con los trabajadores que votaron a La Libertad Avanza creyendo que el ajuste iba a beneficiarlos, con los jóvenes que ven en el Estado una burocracia y no una herramienta, con los sectores medios que asocian al peronismo con la inflación y no con los derechos. Esa reconstrucción no se hace desde un balcón, sea el de la Rosada o el del estadio de La Plata. Se hace desde la organización territorial, desde la propuesta programática, desde la capacidad de explicar con datos y con honestidad qué está pasando con la economía argentina y quiénes son los responsables. El fútbol puede ser un punto de entrada, una excusa para la conversación, un momento de unidad emocional. Pero el pueblo argentino sabe distinguir, con el tiempo, entre quien lo abraza para sacarle el voto y quien lo acompaña cuando llega la boleta del gas, cuando cierra la fábrica, cuando el hospital no tiene insumos. Conclusión militante: la épica no reemplaza al programa Milei quiere a Messi en la Rosada porque necesita tapar el ajuste con una bandera celeste y blanca. Kicillof quiere a Messi en La Plata porque necesita mostrar que la Provincia sigue siendo el corazón político del campo popular. Ambas son jugadas legítimas dentro del juego político, y sería hipócrita negarlo. Pero la pregunta que nos hacemos desde La Universidad es otra: ¿qué queda después de la foto? ¿Qué política concreta se construye a partir de ese capital simbólico? ¿Cómo se transforma el orgullo colectivo que genera la Selección en organización popular, en agenda de derechos, en proyecto de país? Esa es la conversación que el peronismo necesita tener, con urgencia y sin eufemismos. Porque el futuro no se construye desde el balcón. Se construye desde el Estado, sí, pero también desde las calles, las escuelas, los sindicatos y los barrios. Y ahí, por ahora, la pelea todavía está abierta. FAQ: Q: ¿Por qué Milei quiere recibir a la Selección en la Casa Rosada? A: Desde una lectura política, el gobierno de Milei necesita asociarse a un símbolo de éxito popular en un contexto de ajuste económico severo, caída del salario real y deterioro de los servicios públicos. La imagen de los campeones en la Rosada opera como un recurso de legitimación simbólica que sus políticas económicas no le proveen. Q: ¿Qué diferencia hay entre la propuesta de Milei y la de Kicillof? A: Más allá de la geografía, la diferencia es política: Kicillof apuesta a un acto en territorio bonaerense como afirmación de la institucionalidad provincial y del campo popular organizado. Milei apela al poder central del Estado nacional para capitalizar un logro colectivo que trasciende cualquier gobierno. Q: ¿Es válido que los gobiernos se apropien de los logros de la Selección? A: Es una práctica histórica en Argentina y en el mundo. El problema no es la celebración en sí, sino el uso instrumental del fútbol para encubrir políticas que perjudican a los mismos sectores que festejan. La distinción entre acompañar un logro colectivo y usarlo de pantalla es una cuestión de coherencia entre el discurso y la gestión. Q: ¿Qué desafíos enfrenta el peronismo en este contexto? A: El peronismo necesita reconstruir su vínculo con sectores que en 2023 votaron a Milei, explicar con claridad las consecuencias del ajuste, y ofrecer una alternativa programática creíble. La disputa simbólica por Messi puede ser un punto de entrada, pero no reemplaza la organización territorial ni la propuesta política concreta. Q: ¿Qué rol juega la Provincia de Buenos Aires en la rearticulación del campo popular? A: La Provincia de Buenos Aires es el distrito más poblado del país y el espacio donde el peronismo conserva su estructura organizativa más sólida. Kicillof la gobierna con una orientación que defiende el gasto social, la educación pública y los derechos de los trabajadores, lo que la convierte en el principal contrapeso institucional al gobierno de Milei. --- # Desregulación y vivienda en Argentina: el derecho que se aleja URL: https://eduqueros.com/articulos/desregulacion-vivienda-argentina/ Fecha: 2026-07-11 · Autor: Nicolás Villaverde · Eje: Justicia Social TL;DR: La derogación de la Ley de Alquileres vía DNU 70/2023 y el desmantelamiento de los programas de vivienda popular profundizaron una crisis habitacional preexistente. El resultado es previsible: contratos más cortos, ajustes dolarizados o mensuales, y una franja creciente de hogares argentinos expulsados del mercado formal. Un problema estructural que la desregulación agrava El déficit habitacional en Argentina no nació con Javier Milei. Según datos del último Censo Nacional procesados por el INDEC, alrededor de 3,5 millones de hogares tienen problemas de vivienda —ya sea por hacinamiento, materiales precarios o falta de servicios básicos—. Es una deuda histórica que atravesó gobiernos de distinto signo, pero que las políticas públicas activas venían intentando morigerar mediante programas como Procrear, el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y la Ley de Alquileres 27.551, sancionada en 2020. La llegada del gobierno de La Libertad Avanza cambió radicalmente el paradigma. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 derogó de un plumazo el marco regulatorio del alquiler, disolvió organismos vinculados al hábitat y frenó la obra pública en materia habitacional. La promesa fue que el mercado, liberado de "trabas", ordenaría la oferta. Los resultados, a casi dos años, permiten hacer un primer balance. Ese balance conecta con debates más amplios sobre el rol del Estado que venimos siguiendo en Inversión pública en educación y salud: qué está en juego en Argentina (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/). La vivienda, como la salud y la educación, es un terreno donde la retirada estatal nunca es neutral: siempre hay alguien que ocupa ese espacio, y rara vez es el inquilino. Qué cambió con el DNU 70/2023 El núcleo del cambio fue eliminar los pisos regulatorios que protegían a la parte más débil del contrato. Antes de diciembre de 2023, la ley establecía: - Contratos de tres años como mínimo. - Actualización anual por un índice que combinaba salarios (RIPTE) e inflación (IPC). - Depósito equivalente a un mes de alquiler. - Registro obligatorio de contratos ante AFIP. Con la desregulación, todo esto pasó a ser materia de "libre acuerdo entre partes". En la práctica, esa libertad es la del propietario: los contratos se acortaron a uno o dos años, los ajustes pasaron a ser trimestrales, cuatrimestrales o incluso mensuales, y una porción creciente se pacta en dólares o atada a la cotización del blue. El inquilino argentino, que cobra en pesos y ve licuarse su salario mes a mes, quedó sin red. El argumento oficial fue que la oferta de propiedades en alquiler iba a explotar. Y es cierto que hubo un aumento nominal de la oferta en portales inmobiliarios de CABA y AMBA durante 2024. Pero como señalan trabajos del Centro de Estudios Metropolitanos y del CELS, ese aumento se dio en un contexto donde los precios reales de los alquileres subieron por encima de la inflación en varios trimestres, y donde el ingreso disponible de los hogares se derrumbó tras la devaluación de diciembre de 2023. El costo real: cuánto del salario se va en alquiler El indicador más brutal es la relación alquiler/ingreso. Según relevamientos de la Federación de Inquilinos Nacional y del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en el AMBA los hogares inquilinos destinan hoy en promedio alrededor del 40% al 50% de sus ingresos al alquiler, sin contar expensas ni servicios. Hace una década, ese porcentaje rondaba el 25-30%. Esto tiene consecuencias que exceden lo económico. Cuando la mitad del salario se va en techo, se recorta en alimentación, salud, educación y ocio. Es un empobrecimiento silencioso que no siempre aparece en las estadísticas de pobreza por ingresos, pero que sí se refleja en la radiografía argentina de los derechos laborales en tiempos de crisis (/articulos/igualdad-genero-argentina/) y en la caída del consumo popular. Además, la inestabilidad contractual erosiona el arraigo. Familias que se mudan cada uno o dos años, chicos que cambian de escuela, redes vecinales que se rompen. La vivienda no es solo un techo: es la base material sobre la que se construye una vida en comunidad. Obra pública frenada, cooperativas ahogadas El otro pilar del retroceso es la parálisis de la obra pública habitacional. El Procrear, que entre 2012 y 2023 permitió el acceso a la vivienda a cientos de miles de familias mediante créditos hipotecarios subsidiados, fue directamente discontinuado. Los desarrollos urbanísticos en marcha quedaron congelados, con miles de unidades a medio construir en distintas provincias. Las cooperativas de vivienda, herederas de una tradición que en Argentina se remonta a las experiencias del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) y a los programas de autogestión impulsados por leyes como la 341 en la Ciudad de Buenos Aires, también sufrieron el ajuste. Los subsidios se atrasaron, los materiales se dispararon con la devaluación y muchos proyectos quedaron paralizados. Acá conviene recordar algo que Axel Kicillof y Pablo Manzanelli han insistido en subrayar: sin obra pública, no hay vivienda popular posible. El mercado privado, por su propia lógica, no construye para quienes no pueden pagar. Construye para quienes sí pueden. Y en un país donde más del 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza, eso significa dejar afuera a millones. La dimensión territorial: villas, asentamientos y desalojos La desregulación no es un fenómeno abstracto: se traduce en el territorio. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en Argentina existen más de 5.600 barrios populares donde viven aproximadamente 5 millones de personas. Son territorios donde el Estado siempre llegó tarde, y donde ahora directamente no llega. La Ley 27.453 de integración socio-urbana, sancionada en 2018 con amplio consenso, previó herramientas de urbanización y regularización dominial. Su implementación fue desigual, pero marcó un rumbo. Bajo la actual gestión, los fondos derivados del impuesto PAIS que financiaban parte de estas obras fueron redirigidos, y los procesos de urbanización se frenaron. Paralelamente, los desalojos violentos —tanto en zonas urbanas como rurales— aumentaron. Sin la protección de la ley de alquileres, sin mediación estatal y con una policía envalentonada por el discurso oficial, la balanza se inclinó aún más hacia los sectores propietarios. Es una discusión que también aparece en Educación en derechos humanos: pilar democrático en Argentina (/articulos/igualdad-genero-argentina/): el derecho a la vivienda es un derecho humano, no un privilegio. Qué dicen los organismos internacionales No es una mirada exclusivamente local. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada ha señalado, en informes sucesivos, que la desregulación sin políticas compensatorias tiende a profundizar la exclusión habitacional. La financiarización de la vivienda —su tratamiento como activo especulativo antes que como bien de uso— es un fenómeno global, pero se acelera cuando los Estados abandonan su rol regulador. El caso argentino se inscribe en esa tendencia, pero con particularidades: alta inflación, dolarización de facto de los alquileres en zonas premium, y una tradición de propiedad de la vivienda que hoy se está erosionando aceleradamente. Cada vez menos argentinos pueden aspirar a la casa propia, y cada vez más quedan atrapados en un circuito de alquiler eterno, precario y caro. Salidas posibles: qué debería hacer el Estado Desarmar la crisis habitacional requiere una batería de políticas coordinadas. Ninguna medida aislada alcanza. Pero hay puntos de partida claros: - Restablecer un marco regulatorio del alquiler con contratos de mediano plazo y actualizaciones ligadas a salarios. - Reactivar el crédito hipotecario a tasas subsidiadas para sectores medios y populares, con líneas específicas para primera vivienda. - Retomar la urbanización de barrios populares con financiamiento previsible y participación de las organizaciones territoriales. - Fomentar la producción cooperativa mediante créditos blandos, cesión de tierra pública y asistencia técnica. - Gravar la vivienda ociosa para desincentivar la especulación y volcar unidades al mercado real. Nada de esto es novedoso ni disruptivo: son herramientas que funcionaron en Argentina y en el mundo cuando hubo decisión política de usarlas. La discusión, entonces, no es técnica sino de proyecto de país. ¿Queremos un Estado que garantice el derecho a la vivienda, o uno que se corra y deje que el mercado decida quién duerme bajo techo? Esa disputa, la misma que atraviesa el debate por la soberanía económica (/articulos/igualdad-genero-argentina/) y por la justicia social, se juega también en cada contrato de alquiler que se firma hoy en Argentina. FAQ: Q: ¿Qué es el DNU 70/2023 y cómo afectó a los alquileres? A: Es el decreto firmado por Javier Milei en diciembre de 2023 que, entre otras medidas, derogó la Ley de Alquileres 27.551. Eliminó los plazos mínimos, la actualización anual indexada y el registro de contratos, dejando la relación entre inquilino y propietario librada a la 'autonomía de la voluntad'. Q: ¿Aumentó la oferta de alquileres tras la desregulación? A: Hubo un incremento nominal de avisos en portales inmobiliarios, sobre todo en CABA. Pero los precios reales también subieron, los contratos se acortaron y los ajustes se hicieron más frecuentes, con lo cual el acceso efectivo no mejoró para la mayoría de los hogares. Q: ¿Cuánto del ingreso se destina hoy a alquiler en Argentina? A: Según relevamientos de organizaciones de inquilinos, en el AMBA el gasto en alquiler suele representar entre el 40% y el 50% del ingreso del hogar, sin contar expensas y servicios. Es una proporción muy superior a la recomendada internacionalmente, que ronda el 30%. Q: ¿Qué pasó con el Procrear? A: El programa fue discontinuado por la actual gestión. Los desarrollos urbanísticos en construcción quedaron paralizados y no se abrieron nuevas líneas de crédito hipotecario subsidiado, lo que redujo drásticamente las posibilidades de acceso a la vivienda propia para sectores medios. Q: ¿La vivienda es un derecho reconocido en Argentina? A: Sí. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el acceso a una vivienda digna como parte de los derechos sociales. Además, tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obligan al Estado a garantizarlo progresivamente. Q: ¿Qué políticas podrían revertir la crisis habitacional? A: Un marco regulatorio del alquiler con plazos y ajustes previsibles, la reactivación del crédito hipotecario subsidiado, la continuidad de la urbanización de barrios populares y el apoyo a las cooperativas de vivienda son ejes centrales. Todo esto requiere presupuesto y decisión política sostenida. --- # Efectos del ajuste en la educación pública durante el gobierno de Macri: radiografía de un retroceso URL: https://eduqueros.com/articulos/ajuste-macri-educacion-publica/ Fecha: 2026-07-11 · Autor: María Elena Suárez · Eje: Educación Popular TL;DR: Entre 2016 y 2019, el gobierno de Mauricio Macri aplicó una política sistemática de reducción del gasto educativo real, cierre de programas nacionales y desfinanciamiento de la formación docente. El resultado fue un deterioro de la infraestructura escolar, una caída del salario docente frente a la inflación y una fractura del rol federal del Ministerio de Educación que hoy vuelve a discutirse. Un cambio de paradigma: de derecho social a variable de ajuste Durante los cuatro años de gestión de Cambiemos, la educación pública dejó de ser tratada como política de Estado prioritaria para pasar a operar como una variable más del ajuste fiscal. La devaluación de diciembre de 2015, sumada al acuerdo con el FMI firmado en 2018, marcó un rumbo económico que se descargó, entre otros lugares, sobre las aulas. La decisión política más simbólica llegó temprano: en 2018 se eliminó la paritaria nacional docente, un mecanismo creado en 2008 que fijaba un piso salarial federal. Esa medida, resistida por los sindicatos y por las provincias, dejó a cada distrito negociando por separado, profundizando las desigualdades entre jurisdicciones ricas y pobres. El gesto no fue aislado. Se enmarcó en una lectura ideológica: la educación como gasto, no como inversión. Esa concepción, que ya habíamos discutido en Inversión pública en educación y salud: qué está en juego en Argentina (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/), atraviesa cada uno de los ítems que analizamos a continuación. El salario docente: pérdida sostenida frente a la inflación Según datos del propio Ministerio de Educación relevados por el CIPPEC y por observatorios sindicales, el salario docente real cayó de manera sostenida entre 2016 y 2019. Distintas estimaciones ubican esa pérdida entre el 20% y el 25% del poder adquisitivo, dependiendo de la jurisdicción y del cargo testigo utilizado. El impacto no fue únicamente económico. La docencia atravesó un proceso de desprofesionalización simbólica: fue frecuente escuchar a funcionarios referirse a las y los docentes en términos peyorativos, incluida la famosa frase sobre la escuela pública como lugar de "caída" de los sectores populares. Ese clima cultural erosionó la autoridad pedagógica y desalentó nuevas vocaciones. Los datos del IPC del INDEC durante ese período confirman que ningún acuerdo paritario provincial logró empatarle sostenidamente a la inflación. En provincias como Buenos Aires, Chubut o Santa Cruz, los conflictos docentes se volvieron crónicos, con paros extensos que golpearon los ciclos lectivos completos. Obras frenadas: la infraestructura como termómetro del ajuste Uno de los indicadores más concretos del ajuste fue la parálisis de la obra pública educativa. Los planes de construcción de jardines de infantes —incluida la promesa oficial de campaña de 3.000 salas nuevas— quedaron muy por debajo de lo comprometido. Auditorías posteriores mostraron avances marginales frente a las metas anunciadas. El freno también alcanzó a las universidades nacionales. Obras iniciadas durante la gestión anterior en distintas casas de estudio quedaron sin financiamiento o con desembolsos discontinuos, mientras el presupuesto universitario se ejecutaba en cuotas licuadas por la inflación. Este patrón puede leerse en clave más amplia: cuando el Estado se retira de la infraestructura básica —escuelas, hospitales, viviendas— traslada el costo a las familias y a las comunidades. Es el mismo mecanismo que analizamos al hablar de Derechos laborales en tiempos de crisis económica (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/): el ajuste nunca es neutral, siempre reparte pérdidas de manera desigual. Programas nacionales desmantelados El Ministerio de Educación, degradado a Secretaría en 2018 en el marco del acuerdo con el FMI, sufrió una poda profunda de programas federales. Entre los más afectados figuraron: - Conectar Igualdad: el programa de entrega de netbooks a estudiantes secundarios de escuelas públicas fue vaciado progresivamente y luego reformulado bajo otra lógica, con muchísima menor cobertura. - Fines (Plan de Finalización de Estudios): sufrió recortes de sedes y desfinanciamiento, afectando la terminalidad educativa de jóvenes y adultos. - Formación docente continua: los cursos nacionales gratuitos del programa Nuestra Escuela fueron reducidos drásticamente en oferta y alcance. - Educación Sexual Integral (ESI): si bien la ley se mantuvo, la partida específica para capacitación docente se contrajo, debilitando su aplicación efectiva. La lógica común detrás de estos recortes fue clara: se priorizaron programas focalizados y de evaluación estandarizada (como el Operativo Aprender) por sobre políticas universales de fortalecimiento del sistema. La medición desplazó a la enseñanza como eje de la política educativa. Universidades: presupuesto licuado y conflicto abierto El sistema universitario nacional atravesó durante estos años uno de los conflictos presupuestarios más duros de las últimas décadas. En 2018, la marcha universitaria federal reunió a cientos de miles de personas en todo el país en defensa del financiamiento, luego de que las partidas asignadas quedaran muy por detrás de una inflación que superó el 47% ese año, según INDEC. El reclamo no era abstracto. Salarios docentes y no docentes deteriorados, gastos de funcionamiento congelados, becas Progresar reformuladas con requisitos más restrictivos, y programas de ciencia y técnica —bajo el paraguas del entonces degradado Ministerio de Ciencia— con severas restricciones para el ingreso de nuevos investigadores al CONICET. Este último punto merece atención especial: la reducción de los cupos de ingreso a la carrera del investigador científico rompió una trayectoria de expansión iniciada en 2003. El efecto sobre las capacidades soberanas del país en materia científica y tecnológica todavía se está pagando, tal como discutimos en el marco de la Soberanía alimentaria en Argentina (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/), donde la ciencia pública juega un rol central. La desigualdad territorial como consecuencia El abandono de la paritaria nacional y la reducción del rol coordinador del Estado central produjeron un efecto previsible: profundización de las asimetrías entre provincias. Un docente de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Formosa, Chaco o Santiago del Estero pasaron a tener condiciones salariales y de trabajo cada vez más distantes. Esa fractura territorial también se expresó en la infraestructura, en la conectividad de las escuelas y en el acceso a materiales didácticos. Las provincias con menos recursos fiscales propios quedaron especialmente expuestas cuando la Nación dejó de compensar esas diferencias mediante programas específicos. El federalismo educativo, consagrado en la Ley de Educación Nacional 26.206, requiere de un Estado nacional activo que garantice pisos comunes. Sin ese rol, la geografía vuelve a ser destino, como advertía la tradición pedagógica que va de Sarmiento a Puiggrós. En el mismo sentido, la Educación en derechos humanos (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/) exige un piso federal que no puede depender de la caja de cada provincia. Deuda, FMI y aula: la conexión que no siempre se ve Hay una línea directa entre el endeudamiento externo tomado durante la gestión Macri —el préstamo con el FMI por alrededor de 44.500 millones de dólares, según cifras oficiales del propio organismo— y lo que ocurrió en las escuelas. Cada punto del PBI comprometido al pago de intereses fue un punto menos disponible para salarios, obras y programas. Esa ecuación no es una interpretación ideológica: está en la letra del propio acuerdo, que exigía metas de reducción del déficit primario. El ajuste no se decide en el aula, pero se ejecuta ahí. Un jardín no construido, una beca no renovada, un curso de formación cancelado son la contracara del recibo de intereses. Revisar los efectos del ajuste en la educación pública durante el gobierno de Macri no es un ejercicio de nostalgia ni de revancha. Es una herramienta analítica para entender qué ocurre cuando se subordina la política educativa a las metas fiscales impuestas desde afuera. Y para discutir, hoy, qué modelo de país queremos construir desde el aula. Qué dejó y qué disputas quedan abiertas El legado de esos cuatro años en materia educativa es un sistema debilitado en salarios, infraestructura y programas federales, pero también una sociedad que aprendió a defenderlo: las marchas universitarias de 2018, los paros docentes, la resistencia de comunidades educativas enteras son parte de esa memoria activa. Hoy, con nuevos intentos de aplicar recetas de ajuste sobre el mismo sistema, revisar esta experiencia es fundamental. No para repetir consignas, sino para identificar los mecanismos concretos —desfinanciamiento, transferencia de responsabilidades a las provincias, deslegitimación de la escuela pública— que se vuelven a poner en juego. Defender la educación pública no es defender un statu quo. Es defender la única herramienta comprobada de movilidad social y construcción de ciudadanía que este país supo darse. El resto son promesas de mercado que, cuando las cosas se ponen difíciles, siempre terminan pagando los mismos. FAQ: Q: ¿Cuánto cayó el salario docente durante el gobierno de Macri? A: Distintas estimaciones de observatorios sindicales y centros como CIPPEC ubican la caída del salario docente real entre 2015 y 2019 en un rango del 20% al 25%, según la jurisdicción y el cargo testigo. Ninguna paritaria provincial logró empatarle sostenidamente a la inflación en ese período. Q: ¿Por qué se eliminó la paritaria nacional docente en 2018? A: El gobierno argumentó razones federales, sosteniendo que cada provincia debía negociar por su cuenta. En los hechos, la medida funcionó como mecanismo de contención salarial y transfirió el conflicto a las provincias con menor capacidad fiscal, profundizando las desigualdades territoriales. Q: ¿Qué pasó con Conectar Igualdad durante esos años? A: El programa de entrega de netbooks a estudiantes secundarios de escuelas públicas fue progresivamente vaciado y luego reformulado bajo otra estructura con menor cobertura. Se pasó de una política universal a esquemas focalizados con criterios más restrictivos. Q: ¿Es cierto que el Ministerio de Educación fue degradado a Secretaría? A: Sí. En septiembre de 2018, en el marco del acuerdo con el FMI y la reestructuración del gabinete, el Ministerio de Educación fue degradado a Secretaría dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La medida tuvo fuerte impacto simbólico y operativo. Q: ¿Qué relación hay entre el préstamo del FMI y los recortes en educación? A: El acuerdo con el FMI de 2018 exigía metas de reducción del déficit primario. Esas metas se cumplieron, entre otras vías, mediante la contención del gasto en salarios, obras públicas y programas sociales, incluidos los educativos. El vínculo aparece explicitado en la propia letra del acuerdo. Q: ¿Se recuperó la inversión educativa después de 2019? A: Hubo intentos de recomposición, pero el punto de partida fue muy bajo y la pandemia interrumpió cualquier trayectoria sostenida. La discusión sobre financiamiento educativo sigue abierta y hoy vuelve a estar tensionada por nuevas políticas de ajuste. --- # Soberanía alimentaria y salud pública: la disputa por lo que comemos URL: https://eduqueros.com/articulos/soberania-alimentaria-salud/ Fecha: 2026-07-11 · Autor: Nicolás Villaverde · Eje: Soberanía Económica TL;DR: La soberanía alimentaria y su impacto en la salud pública son dos caras de la misma moneda: el modelo agroexportador concentrado empuja precios internos, empobrece la dieta y multiplica enfermedades crónicas. Sin política estatal que garantice acceso, producción diversificada y regulación, no hay salud pública posible. De qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria El concepto de soberanía alimentaria fue acuñado por el movimiento campesino internacional Vía Campesina a mediados de los noventa y se diferencia de la mera "seguridad alimentaria". No alcanza con que haya comida disponible: importa quién la produce, con qué métodos, a qué precio llega a la mesa y qué se come efectivamente. Es, en el fondo, una discusión sobre poder. En la Argentina, hablar de soberanía alimentaria implica preguntarse por qué un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas tiene, según datos del INDEC, más de un 50% de personas bajo la línea de pobreza y una infancia castigada por la malnutrición. La respuesta no está en la cantidad producida, sino en la estructura de la cadena: pocos actores concentran la exportación, la molienda, la góndola y la fijación de precios. Como ya planteamos en Soberanía alimentaria en Argentina: por qué es clave para el futuro (/articulos/soberania-alimentaria-salud/), el problema no es agronómico sino político. Y cuando el problema es político, la salida también lo es. El modelo agroexportador concentrado y sus efectos en la mesa La expansión sojera de las últimas tres décadas transformó la geografía productiva argentina. Millones de hectáreas se dedicaron a un puñado de commodities orientados a la exportación, mientras la producción de frutas, verduras, legumbres y lácteos para el mercado interno fue perdiendo peso relativo. El resultado es paradójico: en el granero del mundo, comer sano es caro. Los datos son elocuentes. Según relevamientos del propio INDEC, el rubro Alimentos y Bebidas suele encabezar la inflación mensual, y las verduras y frutas frescas son de los productos con mayor volatilidad de precios. Esto empuja a los hogares de menores ingresos hacia alimentos ultraprocesados, más baratos por caloría pero pobres en nutrientes. Algunos indicadores estructurales que ayudan a dimensionar el problema: - Argentina es uno de los países con mayor consumo per cápita de bebidas azucaradas de la región, según la OPS. - El sobrepeso y la obesidad afectan a más del 60% de la población adulta, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud. - La diabetes tipo 2 y la hipertensión, patologías directamente vinculadas a la dieta, están entre las principales causas de morbilidad. Este no es un problema de "malas elecciones individuales". Es lo que la epidemiología crítica llama un ambiente obesogénico: un entorno donde lo barato, lo accesible y lo publicitado es también lo que enferma. Ultraprocesados, publicidad y la enfermedad como negocio La Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, sancionada en 2021 y conocida como Ley de Etiquetado Frontal, fue una batalla emblemática. Del otro lado del mostrador estuvieron las grandes cadenas de la industria alimenticia, que durante años bloquearon iniciativas similares. La ley obliga a colocar octógonos negros en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías. No es un detalle menor: cuando el Estado interviene en la información al consumidor, cambia la conducta de compra. Los estudios preliminares del Ministerio de Salud y de universidades públicas muestran reformulaciones de productos y descensos en el consumo de los más críticos. Es un ejemplo concreto de cómo la regulación estatal impacta directamente en la salud pública. Ahora bien, el etiquetado es un piso, no un techo. Falta avanzar en restricciones a la publicidad dirigida a niños, en compras públicas que prioricen producción agroecológica y en la protección de los mercados de cercanía frente a la lógica de las grandes cadenas. Agricultura familiar: la trinchera silenciosa La agricultura familiar, campesina e indígena produce, según cifras del ex Ministerio de Agricultura y de organizaciones como la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), alrededor del 60% de los alimentos frescos que consumen los argentinos, con menos del 15% de la tierra cultivable. Ese dato solo debería alcanzar para orientar la política pública. Sin embargo, este sector sobrevive con acceso limitado al crédito, escasa infraestructura de frío y logística, y sin políticas de tierra que le garanticen previsibilidad. Los feriazos y las verdurazas frente al Congreso durante los últimos años no fueron gestos performáticos: fueron denuncias sobre un modelo que los expulsa. Una política de soberanía alimentaria seria requiere: - Acceso a la tierra para quien la trabaja, con instrumentos como el proyecto de ley de arraigo rural. - Financiamiento público para infraestructura de acopio, frío y transporte. - Compras estatales (comedores escolares, hospitales, fuerzas armadas) que prioricen producción local y agroecológica. - Precios sostén y bandas de comercialización para desacoplar el precio interno del internacional. En esta línea, el debate sobre Inversión pública en educación y salud: qué está en juego en Argentina (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/) se conecta directamente: los comedores escolares y los hospitales son también política alimentaria. El impacto sanitario: lo que la góndola no muestra Hay una tendencia global, bien documentada por la Organización Panamericana de la Salud, a que las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) sean la principal causa de muerte. En Argentina representan alrededor del 70% de los fallecimientos. Detrás de esa cifra hay dieta, hay sedentarismo, pero sobre todo hay determinantes sociales. Un niño que crece en un barrio popular con acceso irregular a frutas y verduras, expuesto a publicidad de bebidas azucaradas y con escuelas donde el kiosco vende casi exclusivamente ultraprocesados, tiene una probabilidad muy superior de desarrollar sobrepeso, hipertensión o diabetes en la adultez. Y esa carga la termina absorbiendo el sistema público de salud, tensionando presupuestos que podrían destinarse a prevención. Es el círculo perfecto del negocio: la misma matriz que enferma es la que después vende medicamentos. Romperlo requiere una mirada integral, no compartimentada, entre las políticas de producción, comercialización, educación alimentaria y atención sanitaria. Este enfoque, además, dialoga con la agenda de derechos que abordamos en La lucha por la igualdad de género en Argentina: agenda pendiente (/articulos/igualdad-genero-argentina/): las mujeres, principales responsables de la alimentación en los hogares populares, son también las que primero absorben el ajuste en la mesa. Endeudamiento, ajuste y comida: el eslabón invisible Cualquier análisis honesto tiene que incluir la dimensión macroeconómica. Cuando la Argentina se endeuda en dólares y necesita divisas urgentes para pagar, se refuerza el rol del complejo agroexportador como proveedor de dólares. Ese poder de negociación se traduce en presión por devaluar, por eliminar retenciones y por desregular precios internos. Todo eso golpea, directamente, la mesa de los hogares. La relación no es abstracta. Como han mostrado economistas como Axel Kicillof y Eduardo Basualdo, cada ciclo de endeudamiento externo en Argentina estuvo acompañado de transferencias regresivas de ingresos, caída del salario real y pérdida de soberanía sobre decisiones económicas básicas, entre ellas cuánto y cómo comemos. Los datos del BCRA sobre formación de activos externos y del INDEC sobre canasta básica muestran la sincronía. Por eso hablar de Derechos laborales en tiempos de crisis económica: radiografía argentina (/articulos/soberania-alimentaria-salud/) es también hablar de alimentación: sin salario, no hay soberanía alimentaria posible para las mayorías. Qué política pública hace falta La agenda es amplia pero no infinita. Existen instrumentos probados, en Argentina y en la región. El desafío es articular: 1. Regulación de la cadena de comercialización, con transparencia de precios desde el productor hasta la góndola. 2. Retenciones diferenciales que desalienten la exportación de alimentos básicos cuando el mercado interno está tensionado. 3. Expansión del programa de agricultura familiar y agroecología, con financiamiento y acceso a la tierra. 4. Compras públicas nutricionalmente orientadas. 5. Educación alimentaria en el sistema educativo, articulada con la Ley de Etiquetado. 6. Fortalecimiento de la Secretaría de Comercio y de los organismos de defensa del consumidor. Nada de esto es utopía: son piezas que existen y que en distintos momentos históricos funcionaron. Lo que falta es la decisión política de sostenerlas frente a los lobbies que empujan en sentido contrario. La soberanía alimentaria y su impacto en la salud pública no se juegan en la góndola, sino en el Estado. FAQ: Q: ¿Qué diferencia hay entre seguridad y soberanía alimentaria? A: La seguridad alimentaria implica que haya comida disponible y accesible. La soberanía alimentaria va más allá: pregunta quién produce, cómo, con qué modelo y bajo qué reglas. Es un concepto político que pone el foco en el poder de decisión de los pueblos sobre su sistema alimentario. Q: ¿Por qué en Argentina, siendo productora de alimentos, cuesta tanto comer sano? A: Porque el sistema está orientado a la exportación de commodities y los precios internos se rigen por parámetros internacionales. Además, la producción de frutas, verduras y otros alimentos frescos perdió peso relativo frente a la soja, y la cadena de comercialización está altamente concentrada. Q: ¿Sirvió la Ley de Etiquetado Frontal? A: Los estudios preliminares muestran que sí: hubo reformulación de productos por parte de la industria y cambios en las decisiones de compra. Es una herramienta valiosa, aunque requiere complementarse con políticas de acceso, educación alimentaria y regulación de la publicidad. Q: ¿Qué papel cumple la agricultura familiar? A: Produce alrededor del 60% de los alimentos frescos que se consumen en el país, según relevamientos oficiales y de organizaciones del sector, con una porción muy menor de la tierra cultivable. Sin políticas de tierra, crédito e infraestructura, ese aporte está en riesgo. Q: ¿Cómo impacta la deuda externa en lo que comemos? A: El endeudamiento en dólares obliga al país a priorizar la generación de divisas, y eso refuerza el poder del complejo agroexportador. Las presiones devaluatorias y las desregulaciones que suelen acompañar los ajustes se trasladan directamente al precio de la canasta básica. Q: ¿Qué puede hacer el Estado concretamente? A: Regular la cadena de comercialización, aplicar retenciones diferenciales, financiar agricultura familiar y agroecología, orientar compras públicas hacia alimentos saludables y de origen local, y sostener la educación alimentaria en las escuelas. Son instrumentos existentes que requieren decisión política. --- # La lucha por la igualdad de género en Argentina: agenda pendiente URL: https://eduqueros.com/articulos/igualdad-genero-argentina/ Fecha: 2026-07-11 · Autor: Paula Mansilla · Eje: Justicia Social TL;DR: La lucha por la igualdad de género en Argentina combina conquistas normativas históricas —Ley de Cupo, Matrimonio Igualitario, IVE, Ley Micaela— con brechas persistentes en el mercado laboral y una escalada de violencia machista. El desmantelamiento del Ministerio de las Mujeres y el ajuste sobre programas sociales amenazan con retroceder décadas de avances. Sin Estado presente, no hay igualdad posible. Una historia de conquistas construidas desde abajo Hablar de la lucha por la igualdad de género en Argentina es hablar de un recorrido largo, tejido por generaciones de mujeres y disidencias que empujaron al Estado a reconocer derechos que antes eran privilegios masculinos. Desde el voto femenino conquistado en 1947 durante el primer peronismo, pasando por la Ley de Cupo Femenino de 1991 —pionera en la región—, hasta la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020, hay un hilo conductor: la movilización popular como motor de la ampliación de derechos. Ese hilo no es lineal ni pacífico. Cada conquista fue precedida por años de organización, escraches, plazas llenas, pañuelazos y debates parlamentarios donde el feminismo debió confrontar con sectores conservadores enquistados en el poder político, económico y eclesiástico. El movimiento Ni Una Menos, que estalló el 3 de junio de 2015, sintetizó esa acumulación histórica y le dio escala masiva: transformó lo que era considerado un problema privado —la violencia machista— en una cuestión de Estado. Como señala la tradición del pensamiento nacional-popular, los derechos no se ruegan, se conquistan. Y en Argentina esa consigna encontró en el movimiento de mujeres una de sus expresiones más potentes de las últimas décadas. Las brechas que persisten: datos incómodos Las conquistas normativas no borraron las desigualdades materiales. Según datos del INDEC (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-90), la brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina se mantiene en torno al 25-27% cuando se comparan ingresos totales, y persiste incluso entre trabajadores con calificaciones similares. Las mujeres están sobrerrepresentadas en la informalidad y subrepresentadas en los puestos de decisión empresarial. A esto se suma la carga desigual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo mostró que las mujeres dedican aproximadamente el doble de horas que los varones a estas tareas, un trabajo invisibilizado que sostiene el conjunto de la economía y que rara vez aparece en las cuentas nacionales. Estos indicadores no son abstractos. Se traducen en pobreza feminizada, en jubilaciones más bajas, en dependencia económica que muchas veces es la puerta de entrada a situaciones de violencia. Como recordamos en derechos laborales en tiempos de crisis económica (/articulos/igualdad-genero-argentina/), cuando el ajuste golpea, golpea primero y más fuerte a los sectores más vulnerabilizados. Violencia machista: una emergencia sostenida Los femicidios en Argentina se mantienen en niveles alarmantes desde que existen registros sistemáticos. El Observatorio de la Corte Suprema releva cada año alrededor de 250 víctimas de femicidios directos y vinculados, cifra que se sostiene con oscilaciones desde 2015. Es decir: aproximadamente una mujer asesinada cada 30 horas. Detrás de cada caso hay una trama: denuncias previas ignoradas, órdenes de restricción incumplidas, patrocinios jurídicos inexistentes, refugios saturados. La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009, ofrece un marco robusto en el papel, pero su implementación depende de presupuesto, capacitación y voluntad política. La Ley Micaela (27.499), que obliga a la capacitación en género a todo el personal del Estado, fue un paso enorme en esa dirección. Pero necesita continuidad institucional. Sin políticas públicas sostenidas: - Los patrocinios jurídicos gratuitos se caen. - Los programas de acompañamiento territorial se desfinancian. - Las líneas de atención se saturan. - Los refugios cierran o funcionan con presupuestos irrisorios. El desmantelamiento libertario y el retroceso como programa En diciembre de 2023, una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei fue disolver el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2019. La decisión fue presentada como un ajuste administrativo, pero funciona como declaración política: el Estado se retira de la agenda de género y la considera un asunto ideológico prescindible. El programa Acompañar, que asistía económicamente a mujeres en situación de violencia para que pudieran salir del hogar violento, fue reformulado y recortado. Las capacitaciones bajo Ley Micaela se desactivaron en múltiples reparticiones. El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género quedó sin ejecución efectiva. Este vaciamiento coincide con un discurso oficial que ridiculiza el feminismo, niega la brecha salarial y presenta la perspectiva de género como "batalla cultural" del enemigo. El problema, como bien advirtieron economistas como Axel Kicillof y Eduardo Basualdo al analizar ciclos anteriores de ajuste, es que cuando el Estado se retira, no aparece el mercado a resolver: aparece la desprotección. Y en materia de violencia machista, la desprotección se cuenta en vidas. La discusión sobre inversión pública en educación y salud (/articulos/igualdad-genero-argentina/) es la misma discusión de fondo: qué rol le asignamos al Estado en la garantía de derechos. Educación, memoria y perspectiva de género La Educación Sexual Integral (ESI), sancionada por Ley 26.150 en 2006, es una de las herramientas más poderosas para construir igualdad desde la infancia. Enseña sobre cuerpo, afectos, consentimiento, diversidad y prevención de violencias. Es también uno de los blancos preferidos del reaccionarismo, que la caricaturiza para desactivarla. Defender la ESI es defender un piso civilizatorio. Los estudios del Ministerio de Educación mostraron consistentemente que en escuelas donde se implementa con seriedad, mejora la detección temprana de abusos, disminuye el bullying por orientación sexual y aumenta la información sobre salud reproductiva. Como argumentamos en educación en derechos humanos (/articulos/igualdad-genero-argentina/), no hay democracia plena sin ciudadanía formada en igualdad. La perspectiva de género también atraviesa la memoria. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron —son— pioneras de un feminismo popular que puso el cuerpo cuando todo el mundo callaba. Reconocer esa genealogía es parte de sostener la lucha hoy. Igualdad de género y proyecto de país Hay quienes presentan la agenda de género como un capricho de clase media urbana. Es una operación política. La desigualdad de género atraviesa a todas las clases, pero se ensaña con las mujeres pobres, migrantes, indígenas, trans, campesinas. La soberanía alimentaria (/articulos/igualdad-genero-argentina/), por ejemplo, no puede pensarse sin reconocer que son mayoritariamente mujeres quienes sostienen la agricultura familiar y las ollas populares en los barrios. Un proyecto nacional-popular sin perspectiva de género es un proyecto incompleto. Perón lo entendió cuando impulsó los derechos políticos de las mujeres junto a Eva. Néstor y Cristina Kirchner lo entendieron cuando ampliaron derechos civiles con el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, esta última reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas del mundo, tal como destacó ONU Mujeres (https://www.unwomen.org/es). La igualdad de género no es un tema sectorial: es una dimensión estructural de la justicia social. No hay redistribución del ingreso sin redistribución del trabajo de cuidados. No hay soberanía sin autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y proyectos de vida. No hay democracia sin representación paritaria efectiva. Agenda pendiente: qué disputar en los próximos años La lucha por la igualdad de género en Argentina tiene desafíos concretos que exigen acción política inmediata. Enumerar algunos ayuda a bajar la agenda a lo tangible: - Reconstruir la institucionalidad de género: recuperar rango ministerial o al menos una autoridad de aplicación con presupuesto propio y jerarquía política. - Sistema Nacional Integral de Cuidados: avanzar en un sistema que reconozca, redistribuya y remunere el trabajo de cuidados, discutido durante la última gestión pero nunca convertido en ley. - Implementación plena de la IVE: garantizar acceso efectivo en todas las provincias, especialmente donde persisten objeciones de conciencia institucionales. - Paridad real: pasar de la paridad legislativa a la paridad en el Poder Ejecutivo, en el Judicial y en los directorios de empresas públicas. - Presupuesto con perspectiva de género: sostener y profundizar la metodología de etiquetado presupuestario que permite auditar cuánto invierte realmente el Estado en cerrar brechas. Nada de esto se logra sin movilización. La historia argentina reciente demuestra que las plazas llenas siguen siendo el mejor mecanismo para poner límites al retroceso. La marea verde no fue casualidad: fue construcción paciente, discusión colectiva, alianza intergeneracional. Ese método sigue vigente. Defender la igualdad de género hoy es, en un sentido profundo, defender la democracia. Porque una sociedad donde la mitad de la población vive con menos derechos que la otra mitad no es plenamente democrática, por más elecciones libres que celebre. El futuro se construye desde el Estado, sí, pero un Estado empujado por la sociedad organizada. FAQ: Q: ¿Cuáles son las leyes más importantes de igualdad de género en Argentina? A: Entre las principales están la Ley de Cupo Femenino (1991), la Ley de Protección Integral (26.485), la Ley de Matrimonio Igualitario (2010), la Ley de Identidad de Género (26.743), la Ley Micaela (27.499), la Ley de Paridad (27.412) y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610). Todas fueron resultado de movilización social sostenida. Q: ¿Qué pasó con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad? A: Fue creado en diciembre de 2019 durante la gestión de Alberto Fernández y disuelto por decreto en diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei. Sus funciones quedaron reducidas a una subsecretaría con presupuesto y capacidad de acción marcadamente inferiores. Q: ¿Cuántos femicidios hay por año en Argentina? A: Según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, se relevan aproximadamente 250 femicidios directos y vinculados por año, cifra que se mantiene relativamente estable desde 2015. Equivale a una mujer asesinada cada 30 horas aproximadamente. Q: ¿Qué es la brecha salarial de género? A: Es la diferencia entre los ingresos promedio de varones y mujeres. En Argentina se ubica en torno al 25-27% según INDEC, y se explica por segregación ocupacional, informalidad, sobrecarga de tareas de cuidado y techos de cristal en puestos jerárquicos. Q: ¿Qué es la ESI y por qué genera tanta polémica? A: La Educación Sexual Integral es una política pública obligatoria en todos los niveles educativos desde 2006. Genera resistencia en sectores conservadores porque aborda diversidad, consentimiento y derechos, cuestionando modelos tradicionales de familia y sexualidad. Q: ¿Cómo se relaciona la agenda de género con la justicia social? A: La desigualdad de género intersecta con la desigualdad de clase, étnica y territorial. Las mujeres pobres son las más golpeadas por la falta de cuidados, la violencia y la precariedad laboral. No hay justicia social plena sin perspectiva de género. --- # Educación en derechos humanos: pilar democrático en Argentina URL: https://eduqueros.com/articulos/educacion-ddhh-democracia-arg/ Fecha: 2026-07-11 · Autor: Lucía Bertossi · Eje: Educación Popular TL;DR: La educación en derechos humanos no es un adorno curricular: es la infraestructura simbólica que sostiene la democracia argentina desde 1983. Sin memoria transmitida en las aulas, el consenso del Nunca Más se erosiona. Este artículo revisa marco legal, políticas públicas y desafíos actuales frente al avance de discursos negacionistas. Por qué hablamos de educación en derechos humanos Cuando en 1984 la CONADEP entregó el informe Nunca Más, Argentina inauguró una promesa que excede al Poder Judicial y a la política de memoria stricto sensu: la promesa de que las próximas generaciones sabrían. Sabrían qué había pasado, por qué había pasado y qué instituciones hacían falta para que no volviera a pasar. Esa promesa se cumple, o no, en el aula. La educación en derechos humanos (EDH) es el conjunto de contenidos, prácticas pedagógicas y marcos normativos que hacen del sistema educativo una escuela de ciudadanía democrática. No se trata solamente de enseñar la última dictadura cívico-militar: implica trabajar género, diversidad, pueblos originarios, derechos económicos y sociales, y el derecho a tener derechos, en la formulación clásica de Hannah Arendt. Hablar hoy de educación en derechos humanos como un pilar para la democracia en Argentina obliga a discutir el presente. Los discursos que relativizan el terrorismo de Estado, que reivindican la "teoría de los dos demonios" en versión recargada o que directamente reivindican a los represores, ya no son marginales. Circulan en redes, en el Congreso y —lo más grave— en algunas gestiones educativas provinciales. El marco legal: de 1983 a la Ley de Educación Nacional El andamiaje normativo argentino en materia de EDH es robusto, aunque poco conocido fuera del sistema. La Constitución reformada en 1994 incorporó con jerarquía constitucional una decena de tratados internacionales de derechos humanos (art. 75 inc. 22), que operan como piso mínimo para cualquier política pública, incluida la educativa. La Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en 2006, establece explícitamente entre sus fines "brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos". No es una declaración lírica: fija contenidos obligatorios en todo el país. A eso se suman: - La Ley 25.633 (2002), que instituye el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. - La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (2006), que aborda derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva de derechos humanos. - La Ley 26.485 de protección integral a las mujeres (2009) y la Ley Micaela (2019), que obligan a la formación en género en todos los niveles del Estado. Este entramado no cayó del cielo. Fue producto de décadas de trabajo de Madres, Abuelas, HIJOS, organismos de derechos humanos y de una política estatal que —con matices— acompañó desde el alfonsinismo y se profundizó en el ciclo kirchnerista. Como recuerda Kicillof en varios de sus escritos sobre economía política (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/), no hay derechos sin Estado que los garantice. Memoria, aula y transmisión intergeneracional El aula es, junto con la sobremesa familiar, el principal dispositivo de transmisión intergeneracional de lo que una sociedad decide recordar. La pregunta pedagógica no es si enseñar la dictadura, sino cómo. Las efemérides vaciadas de contenido, el acto escolar como trámite, la fotocopia del Nunca Más sin discusión, producen el efecto inverso al buscado: memoria congelada, ritual sin pregunta. El Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación, creado en 2006, produjo durante casi dos décadas materiales pedagógicos de calidad: cuadernillos para docentes, la colección Pensar la dictadura, trabajos sobre Malvinas desde una perspectiva soberana y no militarista, y propuestas para abordar el Holocausto y otros genocidios. Muchos de esos materiales siguen disponibles y son referencia obligada. El trabajo de Marcelo Brodsky en Buena memoria o los ensayos de Elizabeth Jelin sobre trabajos de la memoria muestran que la transmisión no es automática: requiere mediación, requiere adultos dispuestos a incomodarse, requiere tiempo escolar. Y ese tiempo, hoy, está bajo presión. Los datos: qué sabemos sobre la formación ciudadana Los indicadores duros sobre EDH son escasos, pero hay pistas. El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) de la IEA, en el que Argentina participó, muestra que los estudiantes argentinos tienen niveles de conocimiento cívico en torno al promedio latinoamericano, con una fuerte valoración de la democracia como sistema, pero con dudas crecientes sobre su eficacia para resolver problemas concretos. Ese dato dialoga con encuestas de Latinobarómetro que, en los últimos años, muestran un debilitamiento del apoyo incondicional a la democracia en toda la región, incluida Argentina. Alrededor de un tercio de los jóvenes latinoamericanos se declara indiferente entre un régimen democrático y uno autoritario si "resuelve los problemas". Ese porcentaje era mucho menor en los años noventa. La correlación no es causal, pero es sugerente: donde la EDH se debilita, el consenso democrático se resiente. No alcanza con enseñar las instituciones formales; hay que enseñar por qué existen, contra qué se construyeron, qué pasa cuando no funcionan. Ajuste, motosierra y currícula: la disputa actual El gobierno nacional actual ha desfinanciado áreas clave del Ministerio de Educación, discontinuado programas de formación docente en géneros y derechos humanos, y promovido una narrativa que iguala a víctimas y victimarios del terrorismo de Estado. La disolución del Programa Educación y Memoria y los recortes al Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) son parte del mismo movimiento. A esto se suma el ajuste sobre el conjunto del sistema. Sin salarios docentes dignos, sin infraestructura, sin comedores escolares que funcionen, la EDH se vuelve un lujo que muchas escuelas no pueden sostener. La disputa por la memoria es, también, una disputa presupuestaria. Discutir inversión pública en educación (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/) es discutir qué democracia queremos. Algunas provincias resisten. Buenos Aires sostiene el Programa Jóvenes y Memoria coordinado por la Comisión Provincial por la Memoria, que involucra a miles de estudiantes secundarios cada año en investigaciones sobre pasado reciente y presente comunitario. Es uno de los dispositivos de EDH más potentes que produjo la Argentina democrática. Qué hacer: agenda mínima para la próxima década Una política de EDH robusta requiere sostener y ampliar lo construido. No hay recetas mágicas, pero sí prioridades: - Recomponer el Programa Educación y Memoria nacional con presupuesto propio y equipos técnicos estables, articulando con Espacios de Memoria (ex ESMA, Virrey Cevallos, Automotores Orletti). - Formación docente continua en derechos humanos, ESI y ley Micaela, con licencia paga y no como carga adicional del tiempo personal. - Producción de materiales actualizados que incorporen derechos económicos, sociales y culturales, no sólo derechos civiles y políticos. - Vinculación con organizaciones de la sociedad civil: Abuelas, CELS, APDH, Serpaj, universidades públicas. - Evaluación seria de aprendizajes cívicos, no para rankear escuelas sino para orientar política pública. Y, sobre todo, defender la escuela pública como espacio común. Los debates sobre soberanía (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/) o sobre derechos laborales (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/) pierden sentido si la próxima generación no tiene herramientas para dar esos debates. El horizonte: democracia sustantiva, no formal Zaffaroni suele repetir que el derecho penal es la última ratio, no la primera. Con la democracia pasa algo parecido: no alcanza con votar cada dos años. La democracia sustantiva —esa que incluye derechos sociales, económicos, culturales, ambientales— se construye en el trabajo cotidiano de las instituciones, y de manera muy particular en la escuela. La educación en derechos humanos no garantiza que no vuelva a pasar. Nada lo garantiza. Pero es la mejor herramienta que tenemos para que, si algo empieza a pasar, haya ciudadanos y ciudadanas capaces de reconocerlo, nombrarlo y frenarlo. Ese es el sentido profundo del "Nunca Más": no una fórmula ritual, sino una tarea permanente. A cuarenta años de la recuperación democrática, la pregunta ya no es si la democracia argentina sobrevivió. Sobrevivió. La pregunta es si va a profundizarse o si va a vaciarse. Y esa respuesta, en gran medida, se escribe con tiza. FAQ: Q: ¿Qué se entiende por educación en derechos humanos? A: Es el conjunto de contenidos, prácticas y políticas que forman a estudiantes y docentes en el conocimiento, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Incluye memoria del terrorismo de Estado, género, diversidad, derechos sociales y formación ciudadana. Q: ¿Es obligatorio enseñar derechos humanos en las escuelas argentinas? A: Sí. La Ley de Educación Nacional 26.206 lo establece como fin del sistema educativo, y leyes específicas como la ESI (26.150) y la Ley Micaela (27.499) fijan contenidos obligatorios en distintos niveles y ámbitos del Estado. Q: ¿Qué pasó con el Programa Educación y Memoria? A: Creado en 2006 en el Ministerio de Educación de la Nación, produjo materiales pedagógicos de referencia sobre dictadura, Malvinas y Holocausto. La actual gestión nacional lo desfinanció y disolvió sus equipos, aunque muchos materiales siguen disponibles y en uso en las provincias. Q: ¿Qué es el Programa Jóvenes y Memoria? A: Es una iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires que involucra cada año a miles de estudiantes secundarios en investigaciones sobre pasado reciente y problemas de su comunidad. Culmina en un encuentro colectivo en Chapadmalal. Q: ¿Cómo impacta el ajuste presupuestario en la educación en derechos humanos? A: El recorte sobre salarios docentes, infraestructura y programas específicos reduce el tiempo y los recursos para trabajar EDH. Sin condiciones materiales, los contenidos formales quedan reducidos a efemérides sin discusión pedagógica real. Q: ¿Dónde puede formarse un docente en derechos humanos? A: En institutos de formación docente, universidades públicas, cursos de la Comisión Provincial por la Memoria, del CELS, de Abuelas de Plaza de Mayo y de organismos internacionales como el IIDH. Muchas propuestas siguen siendo gratuitas y con puntaje docente. --- # Soberanía alimentaria en Argentina: por qué es clave para el futuro URL: https://eduqueros.com/articulos/soberania-alimentaria-argentina/ Fecha: 2026-07-11 · Autor: Paula Mansilla · Eje: Soberanía Económica TL;DR: La soberanía alimentaria no es autarquía ni un slogan: es el derecho de un pueblo a decidir qué produce, cómo lo produce y cómo lo distribuye. En un país que exporta alimentos para 400 millones de personas y donde, según cifras oficiales, más de un tercio de la población es pobre, discutir soberanía alimentaria es discutir el modelo de desarrollo. Qué entendemos por soberanía alimentaria El concepto de soberanía alimentaria fue acuñado por el movimiento internacional Vía Campesina en 1996, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma. A diferencia de la seguridad alimentaria —que se limita a garantizar que haya comida disponible— la soberanía alimentaria plantea una discusión política más profunda: quién produce los alimentos, con qué tecnología, en qué tierras, para qué mercados y bajo qué condiciones laborales. En términos operativos, hablamos de la capacidad de un país para definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias sin quedar sometido a las reglas del mercado global, a los precios de las commodities de Chicago o a los intereses de un puñado de corporaciones transnacionales que controlan el comercio de granos, semillas y agroquímicos. Es, en el fondo, una discusión sobre soberanía política llevada al terreno más básico de la vida cotidiana: el plato de comida. Para la tradición nacional-popular argentina, esta discusión no es nueva. Ya en los años del primer peronismo, con el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), el Estado intervino activamente en la comercialización de granos para desacoplar los precios internos de los internacionales y garantizar el abastecimiento del mercado interno a precios accesibles. Aquella experiencia, con sus aciertos y límites, sigue siendo una referencia obligada. La paradoja argentina: exportar para 400 millones, con hambre puertas adentro Argentina es una potencia agroalimentaria. Según datos del Ministerio de Economía y del INDEC, el país produce alimentos suficientes para abastecer a alrededor de 400 millones de personas, casi diez veces su población. Y, sin embargo, la pobreza medida por el INDEC en el primer semestre de 2024 superó el 52%, con una indigencia que trepó por encima del 18%. Esa cifra, la más alta en dos décadas, marca la paradoja central de nuestro modelo agroexportador. No se trata de un problema de producción, sino de distribución y de precios. Cuando el precio de la carne, el pan o los lácteos en la góndola argentina se rige por el valor internacional del novillo, del trigo o de la leche en polvo, el salario en pesos de un trabajador argentino compite en desventaja con la demanda de China, la Unión Europea o el sudeste asiático. Es lo que en los años setenta Aldo Ferrer y, más recientemente, Axel Kicillof describieron como el problema estructural de una economía primarizada. La consecuencia práctica es cruel: en el país del asado, el consumo de carne vacuna per cápita cayó a niveles históricamente bajos, según registros del IPCVA. En el país del trigo, familias enteras dependen de comedores comunitarios. Esta contradicción no se resuelve con más producción: se resuelve con más Estado regulando la cadena. El modelo sojero y sus límites estructurales Desde mediados de los años noventa, con la introducción de la soja transgénica y el paquete tecnológico asociado (siembra directa, glifosato, semillas patentadas), Argentina consolidó un modelo de agricultura industrial de altísima productividad y baja generación de empleo. Hoy, según datos del Ministerio de Agricultura, la soja y sus derivados representan alrededor de un tercio de las exportaciones totales del país. Este modelo tiene virtudes innegables en términos de ingreso de divisas, pero también costos que rara vez se contabilizan en el debate público: - Concentración de la tierra: según el último Censo Nacional Agropecuario, el número de explotaciones agropecuarias se redujo drásticamente en las últimas tres décadas, mientras crecía el tamaño promedio de las que quedan. - Desplazamiento de la agricultura familiar y campesina, que produce buena parte de los alimentos frescos que consumimos. - Dependencia de insumos importados (semillas, agroquímicos, maquinaria) que presiona sobre la balanza comercial cada vez que hay que importar. - Impactos ambientales y sanitarios documentados en zonas de fumigación, sobre los que hay literatura académica creciente. Discutir soberanía alimentaria implica, entonces, discutir también qué producimos. No se trata de demonizar la soja ni de proponer un retorno romántico al campo del siglo XIX, sino de preguntarse por qué el Estado no orienta la matriz productiva hacia una mayor diversificación: legumbres, hortalizas, frutas, producción avícola y porcina, lácteos, economías regionales. El rol del Estado: de las retenciones a la mesa Un Estado que renuncia a regular la producción y el comercio de alimentos es un Estado que decide, por omisión, que el precio de la comida en Argentina sea el mismo que en Rotterdam. Las retenciones a las exportaciones agrícolas, más allá de su función fiscal, cumplen históricamente un rol clave: desacoplar precios internos e internacionales. Durante los gobiernos kirchneristas, herramientas como la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), los fideicomisos del trigo, los acuerdos de precios y programas como Precios Cuidados intentaron —con resultados dispares— sostener el poder adquisitivo del salario frente a la presión exportadora. La experiencia demostró dos cosas: que la intervención estatal puede efectivamente moderar precios, y que sin coordinación con toda la cadena (productores, industria, distribución, supermercadismo) los resultados son parciales. Desde diciembre de 2023, con el desmantelamiento de la Secretaría de Comercio Interior, la eliminación de programas de control de precios y la liberalización total de las exportaciones, esa arquitectura estatal quedó prácticamente desactivada. Los efectos sobre el bolsillo popular son visibles en cualquier ticket de supermercado. Como discutimos en nuestro análisis sobre inversión pública (/articulos/soberania-alimentaria-salud/), la retirada del Estado no es neutral: siempre beneficia a los sectores más concentrados. Agricultura familiar, campesina e indígena: la trama olvidada Cuando se habla de soberanía alimentaria en América Latina, la referencia obligada es la agricultura familiar, campesina e indígena. En Argentina, según registros del ex Instituto Nacional de Agricultura Familiar (INAF) y organizaciones como la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), este sector representa la mayoría de las unidades productivas del país y aporta una porción significativa de los alimentos frescos que llegan a las mesas: verduras, frutas, huevos, lácteos artesanales, miel. Sin embargo, es un sector históricamente invisibilizado en la política pública. La Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, sancionada en 2014, fue un avance importante, pero su implementación quedó a mitad de camino por falta de presupuesto y voluntad política sostenida. Programas como el ProHuerta del INTA, los mercados de la agricultura familiar y las ferias populares muestran que existen alternativas concretas y escalables. Apostar por este sector no es nostalgia: es estrategia. Cada peso invertido en agricultura familiar genera más empleo por hectárea, más arraigo rural, más diversidad productiva y precios más accesibles en las ciudades cercanas. Es, además, una política de ordenamiento territorial: frena el vaciamiento del interior y la concentración urbana en el AMBA. Semillas, patentes y el debate sobre la propiedad intelectual Un eje central —y muchas veces olvidado— de la soberanía alimentaria es el control sobre las semillas. Quien controla la semilla, controla la producción. En las últimas décadas, un puñado de corporaciones globales (Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva) concentró la propiedad intelectual sobre las semillas transgénicas y los paquetes tecnológicos asociados. En Argentina, el debate sobre la reforma de la Ley de Semillas viene desde hace más de una década. Los proyectos que buscaron ampliar los derechos de las corporaciones sobre las semillas —limitando el derecho ancestral de los productores a guardar semilla propia para la siguiente campaña— encontraron resistencia en organizaciones campesinas, científicas del CONICET y sectores del movimiento nacional. La discusión sigue abierta. La alternativa existe: fortalecer al INTA, a las universidades nacionales y al sistema público de investigación agropecuaria para desarrollar variedades adaptadas a cada región, con biodiversidad, sin dependencia de royalties externos. Es una discusión estratégica que se conecta directamente con la defensa de los derechos laborales y productivos (/articulos/soberania-alimentaria-salud/) del sector agrario. Cambio climático, agua y horizonte 2030 La discusión sobre soberanía alimentaria no puede separarse de la crisis ambiental. Las sequías cada vez más frecuentes en la región pampeana —la de 2022-2023 fue una de las peores de la historia según datos del SMN y de la Bolsa de Cereales— muestran la fragilidad de un modelo monocultivo altamente dependiente del clima. Diversificar la matriz productiva, proteger los humedales, planificar el uso del agua, promover sistemas agroecológicos y proteger los bosques nativos no son demandas de ONGs internacionales: son condiciones materiales para que Argentina siga produciendo alimentos en las próximas décadas. La Ley de Bosques (26.331), la Ley de Glaciares (26.639) y los acuerdos internacionales asumidos por el país en el marco del Acuerdo de París son herramientas que necesitan financiamiento y control real. El horizonte 2030 marcado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU —hambre cero, producción y consumo responsables, acción climática— no se alcanza con mercado. Se alcanza con planificación estatal, con inversión pública en ciencia y tecnología, y con articulación regional. La integración latinoamericana en materia alimentaria, especialmente en el marco del Mercosur, es una tarea pendiente y estratégica. Qué hacer: una agenda mínima para la próxima década Pensar la soberanía alimentaria como política de Estado exige salir del diagnóstico y avanzar en propuestas concretas. Sin pretender agotar la agenda, algunas líneas de trabajo aparecen como impostergables: - Restablecer una autoridad estatal fuerte de comercio interior, con capacidad de intervenir en cadenas de valor concentradas (carne, lácteos, harinas, aceites). - Recuperar y fortalecer los programas de agricultura familiar, con acceso a la tierra, crédito subsidiado, asistencia técnica del INTA y canales de comercialización directa. - Discutir seriamente una reforma tributaria rural que grave la renta extraordinaria de la tierra y financie infraestructura productiva para las economías regionales. - Sostener el sistema público de ciencia y tecnología agropecuaria (INTA, CONICET, universidades) frente a los intentos de desfinanciamiento. - Ampliar programas de consumo popular: mercados de cercanía, ferias, compras estatales a productores locales para comedores escolares y hospitales. - Avanzar en una ley integral de envases y etiquetado que garantice información transparente al consumidor. Ninguna de estas medidas es revolucionaria en el sentido épico del término. Son, más bien, sentido común productivo, herramientas que en distintas versiones existen en Francia, en Brasil, en Canadá, en tantos países que decidieron que la comida no puede ser una mercancía cualquiera. Como recordaba Perón, gobernar es, entre otras cosas, dar de comer. Un debate que recién empieza La soberanía alimentaria no es un tema de nicho para ambientalistas o para militantes campesinos. Es una discusión central sobre qué país queremos ser. En un contexto global de guerras, crisis climática, disputa por los recursos naturales y reconfiguración geopolítica, garantizar la capacidad de decidir qué comemos —y qué comen nuestros hijos— es una condición mínima de cualquier proyecto nacional serio. El desafío es enorme y las fuerzas que se oponen son poderosas: corporaciones globales, grandes exportadores, cadenas de supermercados concentrados, medios que reproducen el sentido común del mercado. Pero también son enormes las herramientas disponibles: un sistema científico-tecnológico de calidad, una tradición cooperativa fuerte, organizaciones campesinas y de consumidores organizadas, universidades públicas y una sociedad que, aún golpeada, sabe que el hambre en el granero del mundo es una obscenidad histórica. El futuro alimentario de Argentina no se decide en Chicago ni en Wall Street. Se decide, o debería decidirse, en el Congreso, en los ministerios, en las cooperativas, en las ferias, en las mesas familiares. Volver a poner al Estado en el centro de esa decisión es la tarea de esta década. FAQ: Q: ¿Cuál es la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria? A: La seguridad alimentaria se refiere a que haya alimentos disponibles y accesibles para la población. La soberanía alimentaria va más allá: incluye el derecho de los pueblos a decidir qué producen, cómo lo producen, con qué tecnologías y bajo qué condiciones sociales y ambientales. Q: ¿Argentina tiene hambre porque no produce suficiente comida? A: No. Argentina produce alimentos para una población varias veces superior a la propia. El problema no es de producción sino de distribución, precios y acceso. Cuando el salario en pesos compite con la demanda internacional, el consumo interno se resiente. Q: ¿Las retenciones sirven para bajar los precios de los alimentos? A: Las retenciones a las exportaciones agrícolas ayudan a desacoplar los precios internos de los internacionales, además de aportar recursos fiscales. No son una solución mágica, pero son una herramienta clave para que el precio de la comida no siga automáticamente al valor de las commodities globales. Q: ¿Qué es la agricultura familiar y por qué importa? A: Es el conjunto de unidades productivas donde la familia aporta la mayoría del trabajo y decide sobre la producción. En Argentina representa la mayoría de las explotaciones y produce buena parte de los alimentos frescos. Fortalecerla genera empleo, arraigo rural y mayor diversidad productiva. Q: ¿Es posible producir sin agroquímicos a gran escala? A: Existen experiencias crecientes de producción agroecológica en Argentina y en el mundo que demuestran su viabilidad técnica. La transición a escala requiere inversión pública en investigación, capacitación y canales de comercialización, además de decisión política sostenida. Q: ¿Qué papel juega el INTA en la soberanía alimentaria? A: El INTA es una herramienta estatal clave: desarrolla variedades adaptadas a cada región, capacita productores, impulsa programas como ProHuerta y genera conocimiento público. Su debilitamiento presupuestario compromete directamente la capacidad del país de definir su propia política agroalimentaria. Q: ¿La soberanía alimentaria implica cerrar exportaciones? A: No. Implica regular las exportaciones para que la inserción internacional del país no se traduzca en hambre o carestía puertas adentro. Se puede seguir siendo un gran exportador y a la vez garantizar precios accesibles y calidad para el mercado interno. Q: ¿Cómo se conecta la soberanía alimentaria con el cambio climático? A: Un modelo alimentario diversificado, con agroecología, cuidado del suelo y protección de bosques y humedales es más resiliente frente a sequías e inundaciones. La crisis climática hace más urgente, no menos, discutir cómo y qué producimos. --- # Derechos laborales en tiempos de crisis económica: radiografía argentina URL: https://eduqueros.com/articulos/derechos-laborales-crisis/ Fecha: 2026-07-11 · Autor: Paula Mansilla · Eje: Justicia Social TL;DR: La crisis económica no es un fenómeno neutral: redistribuye poder entre capital y trabajo, y en Argentina lo hace a favor del primero. Analizar los derechos laborales en tiempos de crisis económica implica mirar la caída del salario real, la precarización, la reforma laboral vía DNU y el rol debilitado del Estado como garante de pisos de dignidad. La tesis: sin recomposición del ingreso ni intervención pública activa, los derechos conquistados durante décadas se erosionan más rápido de lo que la agenda pública alcanza a discutir. Un país que trabaja más y gana menos Desde diciembre de 2023, la economía argentina atraviesa una fase de ajuste ortodoxo cuya factura la pagan, en primer lugar, los trabajadores y trabajadoras. La devaluación inicial de más del 100% aplicada por el Ministerio de Economía, sumada a la liberación de precios y a la contención salarial, produjo la mayor caída del salario real en dos décadas. Según datos del INDEC, el poder adquisitivo de los ingresos formales retrocedió con fuerza durante el primer semestre de 2024 y recién comenzó una recuperación parcial y desigual hacia fin de año. El fenómeno no es coyuntural. Se inscribe en una lógica más profunda: cuando la macroeconomía se estabiliza sobre la base de licuar salarios, jubilaciones y presupuestos sociales, los derechos laborales dejan de ser un piso y pasan a ser una variable de ajuste. Lo que en los papeles sigue siendo un convenio colectivo, en la práctica se convierte en un techo cada vez más bajo frente a una inflación que corrió por delante durante meses. Hablar de derechos laborales en tiempos de crisis económica exige, entonces, salir del terreno declamativo. No alcanza con enumerar artículos de la Ley de Contrato de Trabajo: hay que preguntarse quién los hace cumplir, con qué recursos, y frente a qué relación de fuerzas. La reforma laboral que llegó sin debate El DNU 70/2023 y, posteriormente, la Ley Bases sancionada en 2024 modificaron pilares centrales del régimen laboral argentino. Entre los cambios más relevantes se encuentran la ampliación del período de prueba a seis meses, la habilitación de un fondo de cese laboral en reemplazo del régimen indemnizatorio tradicional, la restricción del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales y la flexibilización de las sanciones al trabajo no registrado. El argumento oficial es conocido: menos costos laborales generarían más empleo formal. La evidencia histórica argentina y comparada, sin embargo, muestra que la relación es mucho más débil de lo que sostiene el discurso desregulador. Las reformas de los años noventa —contratos basura, flexibilización de despidos, tercerizaciones— no produjeron el shock de empleo prometido; sí produjeron una precarización estructural que tardó dos décadas en revertirse parcialmente. El problema de fondo es político. Cuando se modifican reglas centrales del contrato de trabajo por decreto, sin debate parlamentario amplio ni participación sindical genuina, se altera el equilibrio institucional que sostiene el derecho laboral desde su origen. El derecho del trabajo nació, precisamente, para compensar la asimetría entre quien vende su fuerza laboral y quien la compra. Cada vez que esa asimetría se profundiza sin contrapesos, el resultado es previsible. Informalidad: la mitad silenciosa del mercado Cualquier análisis serio sobre derechos laborales en Argentina debe partir de un dato incómodo: alrededor de cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan en la informalidad, según estimaciones del INDEC basadas en la Encuesta Permanente de Hogares. En algunas regiones del norte argentino, la proporción es aún mayor. La informalidad no es solo ausencia de aportes previsionales. Es ausencia de obra social, de aguinaldo, de vacaciones pagas, de licencias, de protección frente al despido arbitrario, de acceso al seguro de desempleo. Es, en definitiva, ausencia de derechos. Y en contextos de crisis, es también la puerta de entrada a formas de explotación que la ley formal desconoce: jornadas extendidas, pagos por debajo del salario mínimo, condiciones edilicias precarias. Hay tres fenómenos que agravan el cuadro: - Plataformización: repartidores, choferes y trabajadores de aplicaciones operan en un limbo jurídico donde las empresas los definen como "colaboradores autónomos" para evitar la relación de dependencia. - Monotributización forzada: cada vez más empleadores exigen factura como condición de contratación, trasladando riesgos y costos al trabajador. - Trabajo doméstico: mayoritariamente femenino, con altísimos niveles de no registración pese al régimen específico vigente desde 2013. El salario mínimo como termómetro político El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es una de las herramientas más claras para leer la orientación de una política económica. Durante 2024, el Consejo del Salario dejó de funcionar como espacio real de negociación tripartita: el gobierno fijó actualizaciones por debajo de la inflación acumulada, lo que llevó al SMVM a valores reales históricamente bajos, comparables o inferiores a los de la crisis de 2001-2002. Esto tiene consecuencias que exceden a quienes cobran exactamente ese monto. El SMVM opera como referencia para prestaciones sociales, para el piso de convenios en sectores desregulados y para la propia percepción social de lo que constituye un ingreso digno. Cuando se lo licúa, se corre hacia abajo toda la estructura de ingresos populares. La discusión no es técnica. Como planteaba Axel Kicillof en distintos trabajos sobre distribución del ingreso, la puja salarial es el corazón del conflicto capital-trabajo, y el Estado no puede ser neutral en esa puja sin, en los hechos, tomar partido por la parte más fuerte. Sindicatos: entre la resistencia y la fragmentación El movimiento sindical argentino sigue siendo uno de los más densos y organizados de América Latina, con niveles de afiliación superiores al promedio regional. Esa fortaleza estructural explica por qué, incluso en contextos de retroceso, ciertos pisos de derechos resisten mejor que en otros países vecinos. Pero la fragmentación es real. La coexistencia de las dos CGT, las dos CTA, y una constelación de sindicatos combativos por fuera de las centrales, dificulta respuestas unificadas frente a las ofensivas del capital y del gobierno. A esto se suma un debate interno sobre la modernización de la representación: cómo organizar a trabajadores de plataformas, monotributistas, cuentapropistas y sectores informales que no encajan en el modelo sindical clásico del siglo XX. Los paros generales de enero y mayo de 2024, así como la movilización universitaria de abril del mismo año, mostraron que existe una capacidad de reacción social importante. Pero también evidenciaron los límites: sin una estrategia política de más largo aliento, la protesta puede convertirse en catarsis sin traducción en cambios efectivos. Género, cuidados y la trampa del ajuste La crisis económica no es neutral en términos de género. Cuando el Estado se retira, cuando cierran comedores, cuando se recortan políticas de cuidado, cuando se debilita el sistema educativo público, la carga se traslada a los hogares. Y dentro de los hogares, se traslada mayoritariamente a las mujeres. Según datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC, las mujeres dedican en promedio más del doble de horas que los varones al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esta desigualdad estructural se agrava en las crisis: cuando el ingreso familiar cae, las estrategias de sobrevivencia se apoyan en tiempo femenino no pago. En paralelo, las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores más precarizados: casas particulares, comercio, servicios personales. Hablar de derechos laborales sin incorporar la dimensión de género y cuidados es hablar a medias. Como se discute en Inversión pública en educación y salud: qué está en juego en Argentina (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/), el desfinanciamiento de servicios públicos esenciales no es un tema aislado: es el correlato directo del debilitamiento de los derechos laborales, porque desplaza costos desde el Estado y las empresas hacia los hogares. Jóvenes: la generación de la precariedad heredada Los indicadores de desempleo juvenil en Argentina superan largamente el promedio general. Entre los menores de 29 años, la tasa de desocupación duplica o triplica la del conjunto, y el subempleo horario y la informalidad son la norma más que la excepción. La promesa neoliberal de que "flexibilizar" el mercado abriría oportunidades para los jóvenes es, otra vez, empíricamente débil. Lo que se observa en las trayectorias reales es una acumulación de experiencias laborales breves, mal pagas, sin aportes y sin construcción de carrera. Muchos jóvenes hoy son, simultáneamente, estudiantes, repartidores de aplicaciones y monotributistas de sus propios emprendimientos precarios. Esto tiene efectos que se proyectan a décadas. Un trabajador que empieza su vida laboral a los 20 años con aportes intermitentes llegará a los 65 con una historia previsional insuficiente para acceder a una jubilación digna. La crisis actual, entonces, no solo golpea al presente: hipoteca el futuro previsional de una generación entera. Es un tema que amerita seguir profundizando dentro de los ejes de justicia social (/articulos/igualdad-genero-argentina/) del sitio. Estado presente: qué políticas discutir Frente a este cuadro, la agenda progresista tiene que salir del reflejo defensivo y proponer. Algunos puntos que estructuran ese debate: - Recomposición del SMVM por encima de la inflación, con actualización trimestral automática y participación real del Consejo del Salario. - Registración universal con incentivos fiscales concretos para pequeñas empresas que blanqueen personal, combinados con controles efectivos y sanciones progresivas. - Marco regulatorio para plataformas: reconocimiento de la relación de dependencia cuando corresponda, derecho a la desconexión, transparencia algorítmica y negociación colectiva sectorial. - Sistema integral de cuidados: licencias parentales extendidas y equiparadas, red pública de jardines maternales, reconocimiento del trabajo de cuidado como actividad económica. - Fortalecimiento del Ministerio de Trabajo: inspecciones efectivas, presupuesto real y autonomía técnica para actuar frente a incumplimientos. Ninguna de estas medidas es inédita. Muchas fueron ensayadas parcialmente durante los gobiernos kirchneristas, con resultados desiguales pero verificables: entre 2003 y 2015, la tasa de empleo registrado creció significativamente y la desigualdad medida por Gini se redujo. La discusión no es si el Estado puede intervenir: la evidencia muestra que puede. La discusión es política, y pasa por decidir en favor de quién se interviene. Memoria, dignidad y horizonte El derecho del trabajo argentino no cayó del cielo. Es el resultado de más de un siglo de luchas obreras, de la sanción de la Ley 20.744 en 1974, de la resistencia durante la dictadura —cuando el 30% de los detenidos-desaparecidos eran trabajadores organizados—, de la reconstrucción democrática y de las conquistas del ciclo 2003-2015. Hablar hoy de derechos laborales en tiempos de crisis económica es también hacer memoria: recordar que cada artículo de la LCT tiene detrás nombres, cuerpos y biografías. Y que retroceder en esos derechos, aunque se lo presente como modernización, es en los hechos volver a una asimetría que la sociedad argentina ya rechazó en distintos momentos de su historia. La apuesta, entonces, no es nostálgica sino prospectiva. Se trata de discutir qué trabajo queremos para las próximas décadas, en un mundo atravesado por la automatización, las plataformas, el cambio climático y las transiciones productivas. Ese debate no puede darse a espaldas de quienes trabajan. Y no puede resolverse licuando salarios ni desregulando por decreto. Se resuelve, como siempre se resolvió, con organización, con Estado presente y con una idea clara: la economía existe para servir al pueblo, no al revés. FAQ: Q: ¿Qué cambios introdujo la Ley Bases en materia laboral? A: La Ley Bases, sancionada en 2024, modificó aspectos centrales como la extensión del período de prueba a seis meses, la creación de un fondo de cese laboral opcional en reemplazo del régimen indemnizatorio, y la flexibilización de sanciones al trabajo no registrado. También redefinió el concepto de servicios esenciales, ampliando las restricciones al derecho de huelga. Q: ¿Cuánto cayó el salario real en Argentina durante la última crisis? A: Según datos del INDEC, el salario real registró una caída significativa durante el primer semestre de 2024, ubicándose en niveles comparables a los de crisis anteriores. La recuperación posterior fue parcial y heterogénea según sectores, y no compensó la pérdida acumulada. Q: ¿Los trabajadores de aplicaciones tienen derechos laborales? A: En Argentina existe un debate jurídico abierto. Varios fallos reconocieron relación de dependencia entre repartidores y plataformas, pero la mayoría de las empresas los siguen contratando como monotributistas autónomos. La regulación integral del sector es una deuda pendiente del sistema laboral. Q: ¿Qué es el Salario Mínimo, Vital y Móvil y por qué importa? A: Es el piso legal de remuneración mensual para un trabajador de jornada completa, fijado por el Consejo del Salario. Importa porque opera como referencia para prestaciones sociales, convenios de sectores desregulados y como indicador del ingreso mínimo considerado digno por la sociedad. Q: ¿Cómo afecta la informalidad al futuro previsional? A: Los trabajadores informales no realizan aportes jubilatorios, lo que genera trayectorias previsionales incompletas. Al llegar a la edad jubilatoria, muchos no alcanzan los 30 años de aportes requeridos, quedando fuera del sistema contributivo o dependiendo de moratorias que hoy están siendo restringidas. Q: ¿Qué rol juegan los sindicatos frente a la crisis? A: Los sindicatos son el principal actor colectivo del trabajo asalariado y tienen capacidad de negociar paritarias, resistir despidos y presionar por políticas públicas. Su fortaleza depende de la unidad, la representatividad y la capacidad de incorporar nuevos sectores como plataformas e informales. Q: ¿Por qué la crisis afecta más a las mujeres trabajadoras? A: Porque las mujeres están sobrerrepresentadas en sectores precarizados como el trabajo doméstico y de servicios, y porque asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado. Cuando el Estado recorta políticas sociales, esa carga se traslada a los hogares y profundiza la desigualdad de género. Q: ¿Existen alternativas a la flexibilización laboral? A: Sí. La experiencia argentina 2003-2015 mostró que es posible combinar crecimiento del empleo registrado con formalización, recomposición salarial y ampliación de derechos. Requiere Estado activo, inspección efectiva y una política macroeconómica orientada al mercado interno y no exclusivamente al ajuste fiscal. --- # Inversión pública en educación y salud: qué está en juego en Argentina URL: https://eduqueros.com/articulos/inversion-publica-educacion-salud/ Fecha: 2026-07-11 · Autor: Lucía Bertossi · Eje: Educación Popular TL;DR: El impacto de la inversión pública en la educación y salud en Argentina se mide en trayectorias escolares completas, expectativa de vida y movilidad social. Cuando el Estado se retira, esas variables se deterioran y la desigualdad se cristaliza. Este artículo revisa datos, historia reciente y horizontes de política pública. Un piso común: por qué la inversión pública no es un gasto En el debate económico argentino de los últimos años, una operación discursiva se repite con obstinación: presentar la inversión pública en educación y salud como un "gasto" que hay que podar. La palabra no es inocente. Nombrar como gasto lo que en rigor es inversión —en capital humano, en productividad futura, en cohesión social— habilita después el recorte sin costo político aparente. Sin embargo, las series históricas muestran otra cosa: los períodos de mayor crecimiento con equidad en la Argentina coinciden con etapas de expansión de la escuela pública y del sistema sanitario estatal. Desde Ramón Carrillo y la construcción del sistema sanitario peronista, hasta la Ley de Financiamiento Educativo de 2005 que fijó el piso del 6% del PBI para educación, la evidencia es consistente. Cuando el Estado invierte, la sociedad se vuelve más productiva y menos desigual. Cuando se desfinancia, aparecen los cuellos de botella: pibes que abandonan, hospitales que no reponen insumos, docentes que hacen doble turno para llegar a fin de mes. La pregunta correcta, entonces, no es cuánto cuesta sostener escuelas y hospitales, sino cuánto cuesta no hacerlo. Y ahí los números son elocuentes: cada punto del PBI que se retira de estas áreas se paga después en informalidad, en enfermedades evitables, en pérdida de capacidades productivas de largo plazo. La educación pública argentina: una construcción histórica en disputa La escuela pública argentina es probablemente la institución más igualadora que produjo el país. Desde la Ley 1420 de 1884 hasta la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 en 2006, se construyó un sistema que —con todas sus deficiencias— logró algo que pocos países de la región consiguieron: escolarización primaria prácticamente universal y una expansión sostenida del nivel medio y superior. El salto cualitativo de la última década y media está documentado. La cobertura del nivel inicial creció fuertemente tras la obligatoriedad de sala de 4, sancionada en 2014. La universidad pública, gratuita y de acceso irrestricto, sumó nuevas casas de estudio en el conurbano bonaerense y el interior, acercando la educación superior a poblaciones que históricamente estaban excluidas. La creación de universidades como Avellaneda, Moreno, José C. Paz o Arturo Jauretche no fue un capricho: fue política de Estado con impacto medible en las tasas de acceso. Esa arquitectura hoy está bajo presión. La licuación de partidas por inflación, el freno a la obra pública escolar, la parálisis en la entrega de netbooks del Plan Conectar Igualdad y el conflicto abierto con las universidades nacionales configuran un retroceso que, si se consolida, va a tener consecuencias generacionales. - Cobertura del nivel inicial: expansión sostenida tras la obligatoriedad de sala de 4. - Universidades nacionales: crecimiento territorial con impacto en primeras generaciones universitarias. - Programas como Progresar y becas estudiantiles: sostén material para trayectorias completas. - Conectar Igualdad: dispositivos como puente a la alfabetización digital. Salud pública: del hospital público al sistema fragmentado El sistema de salud argentino es, en rigor, tres sistemas superpuestos: el subsector público (hospitales y centros de atención primaria financiados por Nación, provincias y municipios), la seguridad social (obras sociales sindicales y PAMI) y el privado (prepagas y clínicas). Esta fragmentación —que Ginés González García llamó alguna vez "el problema estructural"— genera desigualdades de acceso enormes, pero también hace que el subsector público funcione como red de contención universal. Un dato central: alrededor de un tercio de la población argentina depende exclusivamente del hospital público para su atención sanitaria. En algunas provincias del NOA y NEA, esa proporción es aún mayor. Cuando se recorta en salud pública —cuando se desfinancia el Ministerio, cuando se paraliza la compra de vacunas, cuando se desmantelan programas como el Remediar—, esos millones de personas quedan sin red. La pandemia mostró con crudeza tanto las capacidades como las carencias del sistema. La respuesta sanitaria argentina, con todas sus imperfecciones, se apoyó en una infraestructura pública que existía porque décadas de decisiones políticas la habían construido. Los hospitales modulares de emergencia, la ampliación de camas de terapia intensiva, la campaña de vacunación masiva: nada de eso hubiera sido posible sin capacidad estatal previa. Los números del ajuste: qué pasa cuando el Estado se retira Durante 2024, según información difundida por diversos medios especializados en base a ejecución presupuestaria, las partidas destinadas a educación y salud sufrieron caídas reales significativas por efecto de la licuación inflacionaria y la subejecución deliberada. El presupuesto universitario, tras meses de conflicto y dos marchas federales masivas, quedó muy por debajo de la paridad con la inflación acumulada. En salud, el escenario incluyó demoras en la compra de vacunas del calendario obligatorio, discontinuidad en programas de entrega de medicamentos para enfermedades crónicas y ajuste sobre el personal del Ministerio. Organizaciones como el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) y el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV han documentado la magnitud de estos recortes con lecturas contrastantes según la fuente, pero coincidentes en la tendencia general. El argumento oficial —que el ajuste era inevitable y que "no había plata"— omite una discusión central: qué se prioriza cuando hay restricciones. Sostener el pago de intereses de deuda al costo de desfinanciar el Hospital Garrahan es una decisión política, no una necesidad técnica. Como argumentaba Axel Kicillof durante su gestión como ministro de Economía, y luego Emmanuel Álvarez Agis y otros economistas del campo heterodoxo, la macro no es un dato de la naturaleza: es una construcción de decisiones distributivas. El caso universitario: un conflicto que atraviesa la sociedad Las dos marchas federales universitarias de 2024 fueron probablemente las movilizaciones más masivas y transversales de los últimos años. Lo que se puso en juego no fue solamente el salario docente o el presupuesto de funcionamiento: fue la idea misma de universidad pública, gratuita y de calidad como derecho y no como mercancía. La universidad pública argentina tiene características singulares en el contexto regional: acceso irrestricto (sin examen de ingreso en la mayoría de las carreras y unidades académicas), gratuidad plena en el grado, y un sistema científico —CONICET, universidades, institutos— integrado que produce conocimiento con reconocimiento internacional. Esta arquitectura no es gratuita ni casual: es el resultado de casi ochenta años de política pública sostenida, con avances y retrocesos. El ataque al sistema universitario y científico —los despidos en CONICET, la parálisis presupuestaria, la campaña discursiva contra investigadores y docentes— tiene un objetivo estructural: desarmar la capacidad soberana de producir conocimiento propio. Un país sin ciencia y sin universidad es un país condenado a comprar tecnología afuera, a exportar commodities y a importar valor agregado. La ecuación es política, no técnica. Educación popular: más allá del aula tradicional Cuando hablamos de educación pública no nos referimos únicamente al sistema formal. La tradición de la educación popular (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/) en América Latina —de Paulo Freire a Simón Rodríguez, de las escuelas de fábrica peronistas a los bachilleratos populares actuales— aporta una dimensión que el debate técnico suele soslayar: la educación como práctica de liberación y no como mero entrenamiento para el mercado laboral. Los bachilleratos populares, las escuelas de gestión social, los espacios de formación en fábricas recuperadas y organizaciones territoriales cumplen una función que el sistema formal muchas veces no puede: llegar a poblaciones expulsadas, sostener trayectorias interrumpidas, articular saberes académicos con saberes comunitarios. La inversión pública en estos espacios —a través de convenios, reconocimiento de títulos, financiamiento— multiplica su alcance. Desde una perspectiva de justicia social (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/), integrar estas experiencias al sistema educativo público no es una concesión: es una manera de expandir el derecho a la educación hacia quienes fueron dejados fuera. La política educativa progresista tiene que combinar defensa del sistema formal con reconocimiento de estas otras pedagogías. Salud, territorio y atención primaria El sistema sanitario argentino tiene una asignatura pendiente histórica: el fortalecimiento real de la atención primaria de la salud (APS). El modelo hospitalocéntrico, con enorme peso en la alta complejidad y menos en la prevención, genera ineficiencias y desigualdades territoriales. Cada peso invertido en APS —según literatura internacional bien establecida, incluidos informes de la OPS— rinde múltiples veces más que el invertido en atención hospitalaria de alta complejidad para las mismas patologías. Programas como el Remediar, que garantizaba provisión gratuita de medicamentos esenciales en centros de salud, o el Plan Nacer / Sumar, que fortalecía la cobertura materno-infantil, son ejemplos de política pública con impacto medible. Su desmantelamiento o debilitamiento no se traduce inmediatamente en catástrofe visible, pero deteriora indicadores en el mediano plazo: tasa de mortalidad infantil, cobertura de vacunación, control de embarazos. La dimensión federal es central. Un chico de Salta o de Formosa no puede tener menos derechos sanitarios que uno de la Ciudad de Buenos Aires. La inversión nacional en salud tiene una función redistributiva y de nivelación federal que, cuando se abandona, agrava las desigualdades regionales preexistentes. Financiamiento: de dónde salen los recursos La pregunta incómoda que la ortodoxia siempre elude es la del financiamiento. ¿De dónde saldrían los recursos para sostener y expandir la inversión pública en educación y salud? La respuesta progresista tiene varias capas. Primero: reforma tributaria progresiva. Argentina tiene una estructura impositiva que descansa fuertemente en tributos regresivos como el IVA, mientras que la imposición al patrimonio y a la renta financiera está subdesarrollada. Recuperar herramientas como el Aporte Solidario y Extraordinario (el llamado "impuesto a la riqueza" de 2020) o gravar efectivamente la renta financiera son decisiones políticas viables. Segundo: control del comercio exterior y captación de renta. La renta agraria, minera e hidrocarburífera —bienes comunes de la Nación— puede ser fuente de financiamiento genuino para políticas de desarrollo, como demostró la experiencia de las retenciones móviles y otros esquemas. Tercero: renegociación de la deuda. Los intereses que se pagan al FMI y a acreedores privados detraen recursos que podrían destinarse a inversión social. La discusión sobre soberanía económica (/articulos/inversion-publica-educacion-salud/) es inseparable de la discusión sobre financiamiento educativo y sanitario: no hay política pública ambiciosa sin margen fiscal soberano. La Ley de Financiamiento Educativo de 2005 mostró un camino: comprometer por ley un piso de inversión (6% del PBI en su caso) como política de Estado que trasciende gobiernos. Extender esa lógica a la salud, con metas de inversión pública explícitas y auditables, sería un paso concreto. Horizonte: qué política pública para los próximos años Mirar hacia adelante exige no quedarse en la defensa del statu quo. La educación y la salud públicas argentinas necesitan más recursos, sí, pero también transformaciones. En educación: fortalecer la extensión de la jornada, mejorar salarios docentes de manera sostenida, integrar herramientas digitales con criterio pedagógico (no como fetiche), revisar contenidos para articular saberes universales con realidades locales. En salud: avanzar hacia una mayor integración del sistema fragmentado, fortalecer la APS, garantizar producción pública de medicamentos (la experiencia de laboratorios estatales provinciales y de la ANLAP muestra el potencial), y sostener una política de recursos humanos que retenga profesionales en el sistema público, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. En ambos casos, la clave es la misma: entender que educación y salud no son ítems del presupuesto sino la infraestructura material del contrato social argentino. Sin escuela y hospital públicos, la promesa de movilidad social e igualdad de oportunidades se convierte en cáscara vacía. La disputa de los próximos años no va a ser solamente presupuestaria. Va a ser una disputa de sentido: si aceptamos que educación y salud son mercancías que se compran según capacidad de pago, o si sostenemos que son derechos que el Estado debe garantizar de manera universal. Cómo se resuelva esa pregunta va a definir qué clase de país es la Argentina en las próximas décadas. FAQ: Q: ¿Cuánto invierte Argentina en educación como porcentaje del PBI? A: La Ley de Financiamiento Educativo de 2005 fijó un piso del 6% del PBI. En la práctica, la inversión osciló según el año y el nivel de gobierno considerado, y en los últimos años cayó significativamente por licuación inflacionaria. Los datos actualizados los publica el Ministerio de Economía y el CIPPEC hace seguimiento sistemático. Q: ¿Qué es la atención primaria de la salud y por qué es tan importante? A: La atención primaria (APS) es el primer nivel de contacto entre las personas y el sistema sanitario: centros de salud barriales, controles preventivos, seguimiento de embarazos y enfermedades crónicas. La evidencia internacional muestra que fortalecerla reduce costos totales del sistema y mejora indicadores de salud poblacional. Q: ¿Por qué el ajuste al presupuesto universitario generó tanta movilización? A: Porque la universidad pública, gratuita y de acceso irrestricto es una institución muy valorada socialmente, incluso por sectores que no la utilizan directamente. Además, el conflicto tocó fibras sensibles: salarios docentes, funcionamiento de hospitales universitarios, becas estudiantiles y sostenimiento del sistema científico. Q: ¿Es cierto que la inversión pública en salud beneficia solo a los sectores más pobres? A: No. El sistema público de salud atiende a personas de todos los sectores, y sostiene además servicios de alta complejidad —hospitales universitarios, institutos especializados— que reciben pacientes derivados desde el sistema privado y de obras sociales. Su debilitamiento afecta a toda la sociedad. Q: ¿Qué son los bachilleratos populares? A: Son escuelas secundarias de gestión social, muchas veces vinculadas a organizaciones territoriales o fábricas recuperadas, que atienden a jóvenes y adultos con trayectorias educativas interrumpidas. Buena parte tiene reconocimiento oficial y otorga títulos válidos, aunque su financiamiento suele ser precario. Q: ¿Cómo se financia una expansión de la inversión pública sin generar déficit? A: Las alternativas incluyen reforma tributaria progresiva (más carga sobre patrimonio y renta financiera), captación de renta de recursos naturales, revisión de exenciones impositivas regresivas y renegociación de compromisos de deuda. Son decisiones políticas, no imposibilidades técnicas. Q: ¿Qué impacto tuvo la creación de nuevas universidades nacionales en el conurbano? A: Estudios de las propias universidades y del Ministerio de Educación muestran que un porcentaje muy alto de sus estudiantes son primera generación universitaria en sus familias. Esto sugiere que ampliaron efectivamente el acceso a poblaciones históricamente excluidas del nivel superior. Q: ¿Qué diferencia hay entre gasto público e inversión pública? A: Aunque contablemente se registran de manera similar, políticamente son categorías distintas. El gasto es consumo corriente; la inversión genera capacidades y retornos futuros. Educación y salud son inversión: producen capital humano, productividad y cohesión social medibles en el mediano y largo plazo. ---