Las universidades van a la Justicia: el ajuste tiene nombre y apellido

El Gobierno incumple y las universidades se cansan de esperar

Las universidades nacionales dieron un paso que habla más que cualquier declaración: recurrieron a la Justicia para que sea un tribunal quien obligue al Ejecutivo a cumplir con el financiamiento que la ley establece. Según informa Política Argentina, las casas de estudio denuncian el incumplimiento sistemático del Gobierno y buscan que la resolución venga del Poder Judicial, ya que el Ejecutivo se niega a dar respuestas por las vías políticas habituales.

Esto no es un dato menor ni un conflicto burocrático entre reparticiones. Es la confirmación de que La Libertad Avanza no tiene intención de sostener la universidad pública como política de Estado. Lo que hay es una decisión ideológica disfrazada de ajuste fiscal: liquidar el financiamiento para empujar a las instituciones al arancelamiento o al vaciamiento lento.

Un conflicto que viene de antes pero que Milei profundizó hasta el límite

Sería deshonesto no reconocer que el financiamiento universitario tuvo tensiones también durante gobiernos anteriores. Pero hay una diferencia cualitativa entre la negociación paritaria con presupuesto en disputa y la negativa lisa y llana a cumplir lo que la ley ordena. Lo que está ocurriendo hoy no es una discusión sobre porcentajes: es el Ejecutivo desconociendo fallos, ignorando mandatos legales y apostando a que las universidades se rindan antes de que la Justicia actúe.

El ajuste libertario tiene un método: asfixiar institucionalmente, esperar que el otro ceda, y si no cede, acusarlo de defender privilegios. Es la misma lógica que aplicaron con los jubilados, con la obra pública, con el CONICET. El relato es siempre el mismo: "el Estado no puede gastar lo que no tiene". Lo que omiten es que decidieron que el Estado no tenga, recortando impuestos a los sectores de mayores ingresos y transfiriendo recursos hacia arriba.

La universidad pública no es un gasto: es la columna vertebral del proyecto nacional

Argentina construyó durante décadas un sistema universitario gratuito y de calidad que es reconocido en toda América Latina. No fue obra de la magia del mercado: fue el resultado de decisiones políticas sostenidas, de presupuestos defendidos, de una concepción del Estado como garante del ascenso social. La gratuidad universitaria que instauró Perón en 1949 fue una revolución silenciosa que cambió la composición social de las aulas y, con el tiempo, de toda la estructura profesional del país.

Cuando el Gobierno de Milei desfinancia las universidades, no está siendo "eficiente": está desarmando ese ascensor social. Los que van a poder seguir estudiando son los que pueden pagar. Los que no, se quedan afuera. Y eso no es un efecto secundario del ajuste: es el objetivo.

Los datos de inversión en educación como porcentaje del PBI muestran una caída sostenida desde que asumió la actual gestión. La licuación presupuestaria vía inflación combinada con la negativa a actualizar partidas es un mecanismo conocido: no hace falta cerrar una universidad, alcanza con dejarla sin recursos hasta que no pueda funcionar.

El campo popular tiene que entender qué está en juego

La decisión de las universidades de ir a la Justicia es, en términos políticos, un acto de resistencia institucional. Es el reconocimiento de que el diálogo con este Gobierno no lleva a ningún lado, que las promesas se incumplen y que la única forma de defender lo conquistado es usar todas las herramientas disponibles.

El peronismo y las fuerzas populares tienen que acompañar esto con claridad y sin tibiezas. No alcanza con comunicados. Hace falta presencia territorial, movilización y una narrativa que explique a la sociedad por qué este conflicto la afecta directamente: no importa si sos padre o madre de un estudiante universitario, si sos el primero de tu familia en llegar a la universidad, o si sos parte de la comunidad científica. La universidad pública es un bien común que el ajuste quiere privatizar de hecho, aunque no lo diga con esas palabras.

El campo popular tiene además la responsabilidad de no reducir este debate a una disputa corporativa entre rectores y el Ejecutivo. Es más que eso. Es la pregunta de fondo: ¿qué modelo de país queremos? ¿Uno donde el conocimiento es una mercancía para quien puede pagarla, o uno donde el Estado garantiza el acceso como derecho?

La Justicia como último recurso de un Estado vaciado por dentro

Que las universidades tengan que judicializar el financiamiento revela algo grave sobre el estado de la democracia argentina bajo este gobierno: los mecanismos de diálogo institucional están rotos. El Ejecutivo no negocia, no cumple, no responde. Y entonces las instituciones buscan en el Poder Judicial lo que debería resolverse en el ámbito político.

Eso es un síntoma de una gestión que no respeta las reglas de juego institucionales cuando esas reglas implican gastar en lo que el pueblo necesita. Es el mismo Ejecutivo que veta jubilaciones, que ignora resoluciones judiciales en materia de derechos sociales, que trata cada fallo adverso como una conspiración del "establishment político".

La independencia judicial en Argentina es imperfecta, lo sabemos. Pero la decisión de las universidades de recurrir a ese camino es legítima y hay que defenderla. Que la Justicia obligue al Gobierno a cumplir la ley no es un triunfo ideológico: es el mínimo que una democracia debería garantizar.

El futuro se construye desde el Estado, no a pesar de él

Eduqueros existe para decir esto sin rodeos: la educación pública es un proyecto político. Defenderla es defender una visión de país donde el origen social no determina el destino de las personas. Atacarla, como hace este Gobierno, es elegir un modelo donde el mercado decide quién sabe y quién no.

Las universidades que hoy van a la Justicia están haciendo lo que corresponde. El movimiento popular tiene que estar a su lado, con la misma claridad con que estuvo en las marchas de 2024, cuando cientos de miles salieron a la calle a decir que la universidad pública no se toca. Ese mandato sigue vigente. Y hay que honrarlo.

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