Memoria histórica y olvido deliberado en Argentina: la disputa por el relato

Cómo opera el olvido deliberado sobre la dictadura en la Argentina de Milei

El olvido deliberado opera mediante tres vías simultáneas: cuestionamiento oficial de la cifra de 30.000 desaparecidos, desfinanciamiento de sitios de memoria como la ex ESMA y la Secretaría de DDHH, y una campaña discursiva que equipara víctimas y victimarios bajo la teoría de los dos demonios. Organismos como Abuelas, Madres y el CELS denunciaron ante organismos internacionales el retroceso institucional desde diciembre de 2023.

El 24 de marzo que quisieron dar vuelta

El 24 de marzo de 2024, a 48 años del golpe cívico-militar, la Casa Rosada difundió un video oficial titulado "Memoria completa" que negó explícitamente el carácter de terrorismo de Estado de la última dictadura. La producción, avalada por la Vicepresidencia y el vocero Manuel Adorni, retomó punto por punto la vieja teoría de los dos demonios: montoneros y ERP por un lado, Fuerzas Armadas por el otro, y en el medio una supuesta sociedad civil inocente que habría sufrido a ambos.

El problema es que esa narrativa fue desmentida hace cuatro décadas por la propia CONADEP y por sentencias judiciales firmes. La sentencia del Juicio a las Juntas de 1985, ratificada por la Corte Suprema, estableció que hubo un plan sistemático y clandestino de exterminio ejecutado desde el aparato del Estado. No fue una "guerra": fue un genocidio con centros clandestinos, apropiación de bebés y desaparición forzada como método.

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, respondió con precisión quirúrgica: "Negar los 30.000 es preparar el terreno para que vuelva a pasar". La frase sintetiza por qué la memoria no es un tema del pasado sino una política del presente.

La pelea por la cifra: qué dicen los datos

El número de 30.000 desaparecidos es sistemáticamente atacado por funcionarios y voceros oficialistas, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien construyó su carrera política reivindicando a familiares de militares condenados. El argumento negacionista repite que la CONADEP documentó "solo" 8.960 casos, como si eso invalidara la estimación mayor.

Lo que omiten es central: la CONADEP trabajó apenas nueve meses en 1984, con denuncias voluntarias, sin acceso a archivos militares (que fueron destruidos) y en un país todavía atravesado por el miedo. La propia comisión aclaró en su informe Nunca Más que la cifra era provisoria y que muchas familias no denunciaron por temor o porque no quedó nadie para hacerlo. La estimación de 30.000 surge del cruce de datos de organismos de DDHH, testimonios y proyecciones estadísticas sobre centros clandestinos.

La discusión numérica es una trampa retórica. Como señaló el juez Daniel Rafecas en varias entrevistas, aún si fueran "solo" 8.960 desapariciones forzadas, seguirían constituyendo un crimen de lesa humanidad imprescriptible. Reducir el debate a la aritmética es exactamente lo que Traverso llamó "revisionismo por sustracción": no se niega frontalmente, se erosiona.

Desfinanciar la memoria: el ajuste como método

La política de olvido no es solo discursiva. Según relevamientos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Secretaría de Derechos Humanos sufrió durante 2024 un recorte real superior al 30% en su presupuesto ejecutado. Programas de acompañamiento a víctimas, equipos de investigación de causas de lesa humanidad y áreas de archivo fueron vaciados o directamente cerrados.

Los sitios de memoria son un caso testigo. La ex ESMA, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en septiembre de 2023, funcionaba con equipos técnicos especializados en preservación de pruebas, guías educativos y programas para escuelas. En 2024 se despidió personal clave y se recortaron programas de visitas escolares. Lo mismo ocurrió en Campo de Mayo, el Olimpo y otros espacios.

Esto se cruza con la educación en derechos humanos como pilar democrático: sin escuelas visitando sitios de memoria, sin materiales didácticos actualizados, sin docentes formados, la transmisión intergeneracional se corta. Y ese corte no es un daño colateral del ajuste: es su objetivo pedagógico.

Por qué el olvido sirve al modelo económico

Acá conviene detenerse en una tesis que desarrollaron Eduardo Basualdo y Daniel Feierstein desde hace años: la dictadura no fue solo un régimen represivo, fue el momento fundacional del endeudamiento externo, la desindustrialización y la transferencia regresiva del ingreso en Argentina. La deuda externa pasó de 7.800 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 millones en 1983. Se destruyó tejido industrial, se disciplinó al movimiento obrero por el terror.

Recordar eso es incómodo para cualquier proyecto de ajuste. Si la sociedad tiene presente que Martínez de Hoz y Videla fueron parte del mismo plan, es más difícil vender la desregulación financiera y la apertura importadora como "libertad". Por eso el negacionismo económico y el negacionismo de DDHH van de la mano: son la misma operación cultural.

Este vínculo lo trabajamos también en el plan de deuda de Caputo y en sin industria no hay pueblo: las políticas económicas actuales retoman explícitamente el recetario del "proceso", solo que sin necesidad de tanques porque el disciplinamiento ya está internalizado.

Lo que dicen los organismos y la academia

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó en 2024 un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando el retroceso institucional. Entre los puntos centrales:

• Desmantelamiento de equipos técnicos en la Secretaría de DDHH.
• Discurso oficial que niega el terrorismo de Estado.
• Reivindicación pública de represores por parte de funcionarios.
• Recortes a programas de acompañamiento a víctimas y testigos.
• Intentos de reinstalar la teoría de los dos demonios en materiales oficiales.

Desde la academia, historiadores como Marina Franco, Hugo Vezzetti y Daniel Feierstein publicaron artículos y columnas alertando sobre lo que Feierstein caracterizó como "la fase realizativa del negacionismo": ya no se discute si hubo genocidio, se lo gestiona como si no hubiera existido. Es una diferencia cualitativa respecto de gobiernos anteriores.

Las Abuelas siguen encontrando nietos —134 restituciones hasta 2024— pero denuncian que el desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de la CONADI dificulta la tarea. Cada nieto que no se encuentra es una victoria del olvido deliberado.

Memoria como educación popular

Acá aparece el nudo con nuestro eje editorial. La memoria no se transmite por decreto ni por efeméride: se transmite en aulas, en libros, en visitas guiadas, en talleres barriales, en muestras. Es un trabajo educativo cotidiano y masivo. Cuando se desfinancia ese trabajo, la memoria queda en manos de las familias directamente afectadas, que son cada vez menos y más grandes.

La educación popular tiene ahí una tarea urgente. Los espacios de memoria funcionan como escuelas alternativas donde se enseña qué es un Estado terrorista, cómo se organiza la impunidad, cómo se resiste. Esa pedagogía es exactamente lo que el gobierno actual quiere desactivar, porque produce ciudadanos difíciles de convencer de que el problema es "la casta" y no la concentración económica.

Como desarrollamos en el impacto de la educación popular en comunidades vulnerables, la formación política de base es lo que permite que un ajuste no se acepte con resignación. Por eso también es que en paralelo se ataca la inversión pública en educación: son piezas del mismo tablero.

Qué hacer con la memoria hoy

No alcanza con indignarse cada 24 de marzo. La memoria como política requiere sostener espacios, financiar investigaciones, formar docentes, producir materiales, disputar el sentido común. Requiere responder al negacionismo con datos, con testimonios, con archivos abiertos, con juicios que sigan. Requiere, sobre todo, entender que cada retroceso en DDHH prepara el terreno para retrocesos en derechos económicos y sociales.

Las Madres, las Abuelas, HIJOS, los sitios de memoria, los archivos, los juicios, los libros: todo eso es infraestructura democrática. Igual que las rutas, los hospitales o las universidades. Cuando se la deja caer, se cae también la posibilidad de un futuro distinto. Por eso la keyword no es casual: hablar de memoria histórica y olvido deliberado en Argentina es hablar del proyecto de país que se está jugando ahora mismo.

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