Campaña 2027: la lucha por humedales y litio se decide en la red y en el territorio

Redes sociales y la ilusión de la participación

La noticia de que la campaña presidencial de 2027 ya se juega en los algoritmos de Instagram y TikTok no es novedad, pero sirve de espejo para entender la lógica de los partidos que pretenden vender la democracia como espectáculo digital. Según la publicación de Identidad Correntina, la batalla electoral se está librando “en las redes, pero se definirá también fuera de ellas”[^1]. Ese “fuera” es, sin embargo, el territorio que los grandes capitales quieren convertir en zona de extracción sin control.

Territorio bajo amenaza: humedales, litio y agroquímicos

Los humedales del Litoral y la cuenca del Plata son pulmones verdes que absorben más del 30 % del CO₂ emitido por la actividad agropecuaria, según datos del INDEC y del Ministerio de Ambiente (2025). Al mismo tiempo, la fiebre del litio en la Puna está atrayendo inversiones extranjeras que, bajo la excusa de “desarrollo”, plantean la construcción de megaproyectos sin consultas previas a los pueblos originarios. La proliferación de agrotóxicos, que el Ministerio de Salud reportó en 2024 con un aumento del 12 % en la venta de glifosato, también evidencia la presión de un modelo productivista que prioriza la exportación sobre la salud del suelo y del pueblo.

El Estado como garante de la soberanía ecológica

En este escenario, la defensa del territorio no es una cuestión ambiental aislada, sino parte esencial de la soberanía económica. Un Estado que recurra a la desregulación y al endeudamiento externo, como ha hecho el gobierno anterior bajo la tutela del FMI, pierde la capacidad de regular la explotación de recursos estratégicos. La propuesta de la coalición progresista, que incluye la creación de un fondo soberano del litio y la puesta en marcha de la Ley de Humedales con sanciones reales, representa la única vía para volver a colocar la gestión de los recursos en manos del pueblo y no de los mercados internacionales.

Una agenda popular: derechos de los pueblos originarios y justicia ambiental

Los pueblos originarios de la Patagonia y del Noroeste ya han denunciado la falta de consulta previa, libre e informada (CPIL) en los proyectos mineros. La jurisprudencia de la Corte Suprema, reforzada por los precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obliga al Estado a garantizar esa participación. Además, la defensa de los humedales está íntimamente ligada a la lucha contra la violencia de género, pues muchas mujeres rurales dependen de esos ecosistemas para su sustento y autonomía.

¿Qué camino electoral garantiza la defensa del territorio?

Los candidatos que prometen “crecer sin destruir” deben presentar planes concretos: regulación estricta de los agrotóxicos, inversión en energías renovables que reduzcan la dependencia del litio para exportación, y una política fiscal que imponga gravámenes a las empresas extractivas que no respeten los estándares ambientales. La ciudadanía debe leer entre líneas los slogans de campaña y preguntar: ¿qué mecanismo de control estatal se propone? Solo con una agenda que combine justicia social, protección del medio ambiente y soberanía económica, la campaña de 2027 podrá traducirse en un proyecto de país que ponga el futuro en manos del Estado y no del capital extranjero.

[^1]: Identidad Correntina – La campaña de 2027 ya se juega en las redes, pero se definirá también fuera de ellas

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